México podría enfrentar una crisis fiscal que implicaría una degradación de la calificación de la deuda soberana en 2025, afirmó este lunes Enrique Quintana, director general editorial de El Financiero.
En su columna La crisis fiscal que se ve en el horizonte, el analista advirtió que las tres grandes calificadoras, Moody’s, Fitch y S&P tendrán la tentación de cambiar la nota de la deuda soberana de México en el próximo sexenio -son importar quién gane las elecciones- debido a que la nueva administración afrontará grandes presiones sobre el gasto público.
De acuerdo con el especialista, estas presiones se deberán a tres principales razones:
Las inercias derivadas de los gastos sociales que ya han quedado plasmados en ley, como la pensión para adultos mayores. Las estimaciones oficiales indican que para este programa se necesitarán 439 mil millones de pesos el próximo año, 100 mil millones más que en 2023 y para 2025 seguramente estaremos arriba de 500 mil millones de pesos de gasto anual.
La necesidad de concluir algunas obras de infraestructura que no van a quedar listas en este gobierno, como el Tren Maya o el Transístmico, a pesar de que vayan a inaugurarse.
La necesidad de financiar las promesas de campañas que van a hacerse.
“El crecimiento de los ingresos tributarios sin una reforma no tiene manera de financiar este gasto creciente”, señala Enrique Quintana.
¿Cómo evitar una crisis fiscal en México?
Para el periodista, se necesitarían tres acciones desde el año 2025 para evitar una crisis fiscal.
1.- Una reforma fiscal que incremente los ingresos tributarios como proporción del PIB.
2.- Una nueva política de deuda pública: México tiene un margen razonable de endeudamiento adicional, que, en el contexto esperado de menores tasas de interés, debiera aprovechar para apalancar un mayor gasto público en rubros esenciales, como salud, educación o seguridad.
3.- Una reestructura del gasto público sobre la base de darle más entrada al sector privado.
“Hay manera de mantener las finanzas públicas a flote en los siguientes años, pero se requieren decisiones que implican costos políticos y transparencia para poder justificar los mayores impuestos que será necesario aplicar”, sentencia Quintana.
