Un juzgado federal dio hoy 24 horas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para cumplir la suspensión definitiva que, desde mayo pasado, le ordenó someter el rediseño de los libros de texto gratuitos a consultas previas y otros requisitos legales.
"Se advierte que las autoridades responsables han sido omisas en dar cumplimiento cabal a la resolución atinente a la suspensión definitiva dictada en autos", advirtió el juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, que lleva el amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF).
La jueza Yadira Mena ya había resuelto, el 29 de junio, que existía desacato a la suspensión, luego de que la titular de la SEP, Leticia Ramírez, y el Director General de Materiales Educativos, Marx Arriaga, se negaron a enviarle copias de los libros de texto de primaria y secundaria para el ciclo 2023-2024, porque a ellos no les toca imprimirlos ni distribuirlos.
Estas funciones corresponden a la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), dependencia que también dijo estar "imposibilitada" para cumplir la suspensión.
En la práctica, los libros ya están circulando y el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el 28 de julio que no los van a retirar.
"No se van a retirar, ¿por qué? No hay motivo o razón para retirarlos o para embodegarlos. Imagínense, estamos hablando de millones de ejemplares. No, en todos lados se van a distribuir, se van a entregar y es un mensaje de atraso el querer embodegar un libro, ocultar los libros, es como enlatar una película", expresó.
La violación a una suspensión es un delito federal que se castiga con tres a nueve años de cárcel, pero lo único que la jueza puede hacer es imponer multas y denunciar el caso a la Fiscalía General de la República (FGR), que es la que decide si acusa a los funcionarios responsables.
"El procedimiento para la impresión de los libros de texto para la educación básica para el ciclo escolar 2023-2024, debe apegarse y cumplimentarse con cada una de las etapas que la ley prevé para tal efecto, pues solo de esta manera se garantiza su contenido pedagógico acorde con el interés superior de la infancia, así como con los objetivos democráticos y de formación académica; de ahí la necesidad de interacción con ciudadanos especializados y gobiernos estatales", ordenó la jueza en la suspensión de mayo.
La SEP impugnó ante un tribunal colegiado de circuito, que no ha dictado sentencia, por lo que en teoría la autoridad tiene que acatar la orden de la jueza.
"(Las autoridades) no han garantizado un procedimiento participativo donde intervengan los gobiernos estatales y los especialistas en la materia educativa (los actores sociales involucrados en la educación) en lo concerniente a la determinación de los programas de estudio y en la selección de los libros de texto, tal y como les fue requerido, no obstante la inminencia del ciclo escolar 2023-2024", sostuvo la jueza el 29 de junio.
Ve juez inconstitucional Plan Piloto 2022-2023
Francisco Javier Rebolledo, juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, resolvió el pasado 16 de junio que es inconstitucional el plan piloto con el que la SEP pretendió implementar su nuevo Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria en 960 escuelas durante el ciclo 2022-2023.
"(El plan piloto) constituye una medida regresiva, pues con él se pretende aplicar el nuevo plan de estudio en todo un ciclo escolar y únicamente respecto de un porcentaje menor de alumnos de escuelas públicas, sin la emisión y publicación de los programas de estudio autorizados por la SEP, sin la capacitación previa de las maestras y maestros respecto del contenido de ese plan y programa de estudio y sin libros de textos aprobados", afirmó el juez.
Por tratarse de una sentencia de fondo que concedió el amparo, sus efectos no son inmediatos -a diferencia de la suspensión-, sino que están sujetos a que un tribunal colegiado confirme el fallo, que la SEP impugnó el 5 de julio.
Rebolledo advirtió que, si insiste en aplicar el nuevo Plan de Estudios en el ciclo 2023-2024, la SEP tiene que hacerlo con un programa de estudios aprobado y publicado en el Diario Oficial y periódicos oficiales de todos los estados, capacitar previamente a los maestros, tener libros de texto autorizados de acuerdo al proceso legal, y aplicarlo a todo el universo de estudiantes, no solo en algunas escuelas.
El plan piloto no se pudo ejecutar en el pasado ciclo escolar, porque Rebolledo y su colega Martín Santos concedieron suspensiones que lo impidieron. (Reforma)
