La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó al 16 de junio de este año irregularidades en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que dirige Ana Gabriela Guevara, por 9.1 millones de pesos relacionadas con pagos injustificados, paro de actividades y exponerse al riesgo de hackeo.
En su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, la ASF detectó pagos por 8 millones 587.3 mil pesos “sin justificar las cargas de trabajo del personal base que diera lugar a la contratación adicional de personal bajo demanda”.
También se detectó que “se pagaron 9 mil 40 horas por el desarrollo de los sistemas de gestión escolar y el tablero de control del Órgano Interno de Control, los cuales no están operando ni cumplen con los objetivos del contrato”.
“Se identificaron penalizaciones no aplicadas por 523.7 mil pesos por la falta de cumplimiento de los mínimos establecidos en la métrica “tiempos de resolución de las solicitudes de servicio de incidentes y requerimientos”.
En consecuencia, la Auditoría Superior de la Federación determinó que la Conade debe aclarar 9 millones 110 mil 899.86 pesos en el ejercicio de ese contrato por las irregularidades detectadas bajo el mando de Guevara.
De acuerdo con el reporte, se generaron cuatro recomendaciones, se iniciaron dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria para funcionarios de la Conade y se abrieron dos Pliegos de Observaciones.
Guevara fue señalada por una encuesta de ‘México Elige’ como la funcionaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con mayor percepción de corrupción y está enfrascada en una disputa con las seleccionadas nacionales de natación artística tras su exitosa participación en la Copa del Mundo de Egipto.
Las deportistas interpusieron y ganaron una demanda contra Guevara para que Conade les reintegre las becas que les retiró desde enero pasado, pero la negativa de la exvelocista llegó hasta una impugnación de la orden del juez que la obliga a devolverles el recurso.
En tanto, al dar a conocer los resultados de la revisión a la Cuenta Pública 2022 a la gestión de Guevara, la Auditoría Superior de la Federación señaló las irregularidades cometidas en la contratación de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2022.
La revisión se hizo a 97.6 por ciento del total de pagos de los contratos y convenios que sumaban 210 millones 016.5 mil pesos.
Ahí se detectaron “equipos de cómputo sin la garantía del fabricante para asegurar la continuidad de la operación y mitigar las vulnerabilidades informáticas por la obsolescencia de los equipos”.
En el proceso no se tuvo una metodología para la estimación del esfuerzo y costo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas para “asegurar que las propuestas económicas de los proveedores sean medibles, verificables y competitivas”.
El proceso tuvo también un retraso en la contratación y ello provocó que no se contara con los equipos para el servicio de internet, cómputo, fotocopiado, agentes de seguridad informática, control de acceso y monitoreo de dispositivos por más de 134 días, “lo anterior, causó interrupciones en los procesos del organismo y aumentó el riesgo de incidentes informáticos”.
En la muestra de la Auditoría Superior de la Federación a la Conade de Guevara se detectaron además 429 equipos (17.1 por ciento) con la garantía vencida de 3 a 6 años. También se detectó incumplimiento en los equipos instalados, es decir, 8.2 por ciento de los equipos revisados que no cumplieron con las características técnicas mínimas requeridas en el contrato.
Todo ello impactó en el desarrollo de actividades de la Conade al paralizar las tareas de su personal que recibió sus pagos correspondientes.
En total “fueron detectadas 45 mil 385 horas del personal base sin la justificación de las tareas realizadas y, sin embargo, se realizaron pagos por 8 millones 587.3 mil pesos sin acreditar que las cargas de trabajo del personal base no les permitían atender las tareas de desarrollo de sistemas para dar lugar a la contratación adicional de personal bajo demanda”.
Además, se encontraron discrepancias en los niveles de servicio entre las herramientas de medición y lo que establece la norma.
