La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, llamó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a garantizar la certeza y la equidad electoral “a punta de sentencias bien argumentadas”.
“Ese es el camino que ha pretendido seguir el Tribunal Electoral pese a no haberse reformado el sistema de jurisprudencia”, dijo la ministra al participar en la presentación del libro “El precedente judicial electoral en México. Reflexiones y perspectivas”.
En el marco de la tercera reunión de colaboración institucional con las Salas Regionales, Piña Hernández afirmó que se viven “tiempos convulsos, por lo que en cumplimiento de nuestro mandato constitucional debemos internalizar que ser juzgadoras y juzgadores implica asumirnos como constructores de paz y estabilidad democrática y social".
Ante el ministro de la SCJN, Jorge Mario Pardo Rebolledo; el presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez; la magistrada Mónica Aralí Soto; el magistrado Felipe Fuentes; la consejera del CJF, Lilia Mónica López, la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal afirmó que la responsabilidad de los jueces es inmensa, "por lo que nos debemos sentir orgullosos y orgullosas de ser juzgadoras y juzgadores independientes, imparciales, prudentes, objetivos, profesionales y empáticos con las personas".
Reiteró que tienen el deber de salvaguardar las precondiciones sustantivas de la democracia constitucional, desde una perspectiva que no se centre exclusivamente en la autonomía y libertad de las personas, sino también en el combate a la desigualdad y la discriminación desde una perspectiva social.
“Los ciudadanos como principal centro de atención demandan la existencia de un poder judicial que sea cercano, transparente, plural, garante de los derechos humanos y, sobre todo, íntegro”, indicó.
Piña Hernández resaltó que las demandas de la ciudadanía frente a las instituciones públicas, son cada vez mayores y más frecuentes. “Estas exigencias se agravan por los problemas estructurales que aquejan a muchos países de nuestra región, como la violencia, la desigualdad económica y social, y la inestabilidad política”.
Por ello, afirmó, “los jueces nos debemos a la ciudadanía y de forma primordial que tenemos para demostrar ese compromiso, es a través de las razones de nuestras sentencias”.
“Como sostengo en mi artículo, las juzgadoras y los juzgadores tenemos una mayor obligación de razonar nuestras decisiones, a diferencia de las autoridades políticas. El valor de nuestras decisiones no proviene tanto de la autoridad del órgano del que emana, sino más bien de la elaboración racional del derecho y, por lo tanto, ello nos obliga a ejercer nuestra actividad con responsabilidad, dar buenas razones para solucionar problemáticas específicas y ser coherentes con el sistema jurídico y consistentes con nuestro criterio. Tenemos mucho por hacer”.
