El magistrado Gerardo Botero Zuluaga, de la sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha presentado este martes una tutela ante el Consejo de Estado. Argumenta que la alta corte a la que pertenece erró al aceptar la terna presentada por el presidente Gustavo Petro para el cargo de fiscal general de la Nación. En su opinión, al ser integrada por solo mujeres —las penalistas Luz Adriana Camargo Garzón, Ángela María Buitrago Ruiz y Amelia Pérez Parra—, atenta contra la equidad de género.
El pasado 2 de agosto, el presidente Petro envió a la Corte Suprema ―encargada de elegir a quien sucederá al actual fiscal, Francisco Barbosa― una primera terna en la que estaban Amparo Cerón Ojeda y las mencionadas Buitrago y Pérez. Sin embargo, el 26 de septiembre anunció el cambio de Cerón, cuestionada por presuntas inconsistencias durante su investigación del caso Odebrecht. En su lugar postuló a Luz Adriana Camargo, una exmagistrada auxiliar de la Corte Suprema que ha investigado las alianzas entre políticos y grupos paramilitares.
Según describe el magistrado Botero, el 14 de septiembre la sala plena de la Corte Suprema de Justicia rechazó un derecho de petición presentado por el ciudadano Belisario Jiménez Duque, quien pedía al tribunal devolver la primera terna que había presentado Petro. En su opinión “violaba el derecho a la igualdad y equidad de género”, ya que estaba “integrada única y exclusivamente por personas del sexo femenino, excluyendo de ella a las del sexo masculino”. Durante el debate, dice el magistrado, expresó estar de acuerdo con la petición de Jiménez Duque.
En su argumentación, Botero aduce que Petro incurrió en “una flagrante y ostensible violación” del ordenamiento jurídico y de las “normativas internacionales […] que protegen y salvaguardan la equidad de género”. El magistrado dice haber argüido en la sala plena que, en calidad de potencial elector del nuevo jefe de la Fiscalía, se le estaba impidiendo elegir “entre los distintos géneros existentes”. A su modo de ver, una lista solo integrada por mujeres direcciona “en forma obligatoria e inexorable” a la elección de “una persona del sexo femenino”. En esa misma sesión, el 14 de septiembre, los magistrados votaron mayoritariamente negar el pedido de rechazar la terna.
En su acción de tutela, el magistrado hace tres peticiones al Consejo de Estado: la primera, que se ampare su derecho al voto “eliminando la restricción” que, en su opinión, existe por tener que elegir obligatoriamente a una mujer. La segunda, dejar sin efecto la decisión de la Corte Suprema de Justicia de negarse a devolver la terna al presidente. Y la tercera, que se ordene a Petro que presente una nueva lista que cumpla “los preceptos consagrados en la Constitución y la ley”, y en la que “se respete la igualdad y equidad de género”.
El presidente Petro reaccionó, a través de su cuenta de X ―antes Twitter―, a la tutela. En su concepto, “cuando una sociedad discrimina, es el Estado el que con la discriminación positiva debe corregir la discriminación social”.
La elección del nuevo fiscal general es un asunto que ha tomado una relevancia nacional incluso mayor a la usual, ya que el actual jefe del ente acusador, Francisco Barbosa ―quien termina su periodo en 2024―, ha sido un crítico constante del Gobierno y del presidente Gustavo Petro. Además, la entidad desempeña un papel trascendental en los problemas que el hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro, tiene con la justicia por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que supuestamente cometió durante la campaña presidencial de su padre.
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