En un nuevo golpe para el crimen organizado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones contra 13 empresas mexicanas por sus posibles vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Documentos oficiales y registros bancarios establecen que al menos una de estas compañías hizo negocios con gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano en Jalisco.
Se trata de Banlu Comercializadora S.A. de C.V. ubicada en la colonia Paseos del Sol, municipio de Zapopan, y cuyo administrador único y apoderado legal es alguien de nombre Job Campos Figueroa.
En las investigaciones del gobierno estadounidense se presume que esta empresa actúa en favor de Gabriela del Villar Contreras, presunta operadora del CJNG en Puerto Vallarta que, al menos hasta 2017, fungía como secretaria del Juzgado Cuarto de lo Civil de dicho municipio.
El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque fue una de las administraciones de Movimiento Ciudadano que le dio dinero a Banlu Comercializadora en 2019.
Según documentos de Transparencia, cuando la alcaldesa era María Elena Limón García se le otorgaron a la empresa al menos cinco contratos de compraventa por conceptos de remodelación y adquisición de material para labores de mantenimiento.
Los montos de los contratos fueron de 275 mil 125 pesos, 100 mil 715, 48 mil 682, 13 mil 717 y seis mil 700, respectivamente. Dos de ellos fueron firmados en los meses de septiembre y octubre de 2019, pero con efecto retroactivo al 1 de agosto.
Dos de los convenios restantes se celebraron los días 7 y 15 de agosto y otro se firmó el 4 de septiembre. Actualmente, María Elena Limón se desempeña como diputada federal de MC.
También en 2019, Banlu Comercializadora recibió dinero del municipio de Guadalajara, entonces encabezado por Ismael del Toro Castro, abanderado del partido naranja, quien también fue alcalde de Tlajomulco de Zúñiga y diputado local.
María Elena Limón e Ismael del Toro Castro, mientras gobernaban Tlaquepaque y Guadalajara respectivamente, realizaron pagos a una empresa vinculada al CJNG.
María Elena Limón e Ismael del Toro Castro, mientras gobernaban Tlaquepaque y Guadalajara respectivamente, realizaron pagos a una empresa vinculada al CJNG. Fotos: FB @Ismael Del Toro Castro @María Elena Limón
Un estado de cuenta de Citibanamex a nombre del Ayuntamiento de Guadalajara refleja que el 23 de julio de 2019 hubo un pago de 30 mil 44 pesos a la empresa utilizada por el CJNG, aunque no se especifica el concepto de la transacción.
Aunado a ello, el 15 de marzo del mismo año, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la capital jalisciense emitió un cheque de seis mil 32 pesos a Banlu Comercializadora por el concepto de “Reparación de refrigerador”. En noviembre de 2019, el DIF pagó 20 mil 671 pesos adicionales por la reparación de un compresor.
Fichas alojadas en los registros de Panjiva, empresa especializada en datos comerciales globales, señalan que Banlu Comercializadora recibió —en un periodo no especificado— 109 cargamentos marítimos, de los cuales 107 provenían de China, uno de Italia y uno más de Hong Kong.
Uno de estos cargamentos, con un peso de más de 19 toneladas, salió de la empresa china Integrity Cable, especializada en cables para conexión de internet, productos que no están en el catálogo de suministros que Banlu Comercializadora le vendió a los gobiernos municipales.
El 4 de abril de 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) expulsó a Banlu Comercializadora de la lista autorizada de importadores por dos motivos:
- No realizar operaciones de comercio exterior en un periodo que exceda los 12 meses.
- El contribuyente no fue localizado en su domicilio fiscal.
