Alrededor de 2 mil 173 personas privadas de la libertad, que permanecen en prisión preventiva sin sentencia, podrán ejercer su derecho al voto y participar en la renovación de la Presidencia de la República mediante la firma de un convenio entre el gobierno de Oaxaca y el Instituto Nacional Electoral (INE).
Dicho convenio se concretó este miércoles entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dependencia responsable de los 10 penales que existen en territorio oaxaqueño, y las autoridades electorales.
Con el acuerdo se da cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que en febrero de 2019 determinó que las personas en recluidas en centros penitenciarios que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar.
Lo anterior, dado que, amparadas en el principio de presunción de inocencia, estas personas no han perdido sus derechos políticos.
Iván García Álvarez, titular de la SSPC, señaló que del total de 3 mil 873 personas que integran la población penitenciaria en general, sólo 2 mil 173 serán valoradas para que puedan emitir su voto, mismas que corresponden a los reos de ocho de los 10 penales.
Dichas prisiones son las de Tanivet (varonil y femenil), Tehuantepec, Etla, Miahuatlán, Juquila, Cuicatlán y Tuxtepec, mismas que, según el funcionario, cumplen con las condiciones de seguridad e infraestructura requeridas.
Las únicas excepciones son la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes y el Centro Penitenciario Especializado en Pacientes Psiquiátricos, que no son objeto de participación electoral.
Durante un acto protocolario encabezado por García Álvarez y Martín Martínez Cortázar, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Oaxaca, realizado en las instalaciones del Centro de Control, Comando y Comunicación (C4), los funcionarios se comprometieron a concretar las condiciones necesarias para que por primera vez las personas privadas de la libertad puedan ejercer su voto.
“Acorde con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, la SSPC y el INE establecerán las acciones conjuntas necesarias para garantizar el ejercicio del voto de las personas privadas de la libertad y previamente, el acceso a las campañas de promoción de este”, afirmaron.
Luego de la sentencia del Tribunal Electoral en 2019, el INE ya había realizado una prueba piloto en 2021 en las elecciones para las gubernaturas de Coahuila y Estado de México, esperando que este 2024 se materialice la participación de unas 93 mil personas que están recluidas en todo el país.
