Petróleos Mexicanos, como muchas personas lo saben, nació mediante un decreto presidencial el 07 de junio de 1938 siendo uno de los hijos más longevos de la Revolución Mexicana. Históricamente, ha logrado diversos hitos, tal como ser la empresa mexicana y latinoamericana más importante del mundo en 2005, según la publicación Fortune.
Sin embargo, hoy en día es una empresa que ha generado más de 4 billones de pesos en pérdidas para el Estado Mexicano en los últimos 12 años (1.44 bdp de 2012 a 2018 y 2.87 bdp de 2018 a 2024), es decir, no hay ninguna clase de ganancia o valor en favor de México; es más, entre 2019 y 2024 el Gobierno Federal (dueño de la empresa) ha inyectado más de 1.4 bdp como apoyo para poder pagar el financiamiento de su deuda y evitar aumenten las pérdidas. En pocas palabras, es una pira de recursos públicos para mantener encendida la llama de un ideal político.
Ante esto, las opciones políticas que se vislumbran en la antesala de las campañas electorales de 2024, tienen un reto financiero enorme y Pemex forma parte de ello, lo cual deja entrever la necesidad de dar pasos importantes para lograr, eventualmente, una reforma fiscal o una reforma institucional sobre Pemex y el sector energético.
En esto último, el costo político es un factor preponderante para considerar por las dos punteras en las preferencias electorales y sus equipos, pero también es importante considerar los beneficios presupuestarios, por ello, esta pluma considera más pertinente y manejable un cambio total en Pemex.
De las pérdidas financieras mencionada en líneas arriba, Pemex Transformación Industrial resultan ser, aproximadamente, un 60% del componente del problema financiero, es decir, las áreas de refinación y combustibles, mismas que también concentran la mayoría del pasivo laboral y pensionados. No quiere decir que otras áreas estén exentas de problemas, pero son Pemex Exploración y Producción, así como Pemex Internacional, las filiales que han presentado resultados financieros más sostenibles e, incluso, utilidades con bajos márgenes de pérdida.
Es así, que no estaría descabellado eliminar por completo PEMEX TRI del control del Órgano de Gobierno de la empresa, en una estrategia de “divestment” como lo han realizado empresas como Petrobras o Ecopetrol. Y sí, hablamos de una “privatización” de los activos de Pemex TRI, incluyendo la Refinería Olmeca.
Sin embargo, el costo político referido anteriormente se puede mitigar con un proceso que guarde todas las aristas de riesgo y, así evitar un bochornoso episodio similar al de Luz y Fuerza del Centro.
¿Cómo lograr mitigar el costo político y financiero? No es sencillo, pero la respuesta es clara ante la “deuda histórica” que asume la opinión pública en México: cederle al Sindicato Petrolero todos los activos y sus obligaciones operativas, regulatorias y financieras.
De esta forma, el conocido “patrimonio nacional” queda en manos de “los de casa”, sin los exabruptos sociales que implica, creando un área de oportunidad de crecimiento de la empresa productiva en áreas en dónde es rentable, al tiempo que sería el propio sindicato y sus trabajadores, mediante una cooperativa o una empresa privada compuesta por ellos mismos, la que se pondría a competir con el resto de los participantes del mercado de combustibles.
Claro, esto tendría que contar previamente con una base regulatoria sólida y el otorgamiento masivo de permisos de importación, comercialización, distribución y almacenamiento, para evitar también el oprobio al nuevo participante de integrarlo a una regulación asimétrica.
Finalmente, esta es una idea al aire que se irá detallando por el que suscribe en próximas entregas. Enfatizando el hecho de que el Gobierno siguiente, debe dedicarse a su mandato constitucional en seguridad, salud, educación y programas sociales; puesto que ambas opciones electorales han manifestado abiertamente continuar con la preponderancia de los programas sociales y, para ello, se necesita mucho dinero que hoy en día Pemex gasta sin retribución social real o de valor al Estado.
