La disputa entre Los Tlacos y Los Ardillos no sólo es por el control de territorios, sino que abarca las minas, el transporte, los mercados, los refrescos, la cerveza y los granos, aseveró el sacerdote católico José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello.
El activista aceptó que él fue artífice del acuerdo que se logró el martes pasado entre dichos grupos criminales para terminar con la confrontación que dejó varias personas muertas, vehículos incendiados y un paro de transportistas en la zona centro de Guerrero de varios días.
“No podemos omitir en esto el papel que desempeñó el ex obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, don Salvador Rangel Mendoza, quien de manera abierta en los medios de comunicación hablaba de sus encuentros con diferentes grupos de crimen organizado”, apuntó.
Sostuvo: “que yo sepa ellos mismos (los líderes delincuenciales) tuvieron esta iniciativa; no era presión que viniera del presidente Andrés Manuel López Obrador, o por las renuncias del secretario de Seguridad Pública (Evelio Méndez), o la separación temporal de la fiscal Sandra Luz Valdovinos al cargo; esto fue ajeno a lo que está pasando en la cuestión política”.
La tregua entre agrupaciones criminales por las elecciones del próximo 2 de junio “es un precedente para que se vea la posibilidad de que La familia michoacana y Los Tlacos también lleguen a acuerdos, si hay voluntad de las dos partes”.
En conferencia de prensa, José Filiberto Velázquez mencionó: esto sentó un precedente para los sacerdotes y el obispo actual, José de Jesús González, de cuál es el papel de la Iglesia en esta situación de macrocriminalidad que vivimos en Guerrero, que afecta a toda la base social de la Iglesia, que es el pueblo creyente.
Consideró que no es difícil encontrar o conocer a los delincuentes, pues “trabajamos en sus territorios y ellos han pasado por las iglesias, por las escuelas y por la vida común de los pueblos. Por mi trabajo, yo estuve en Chilapa y cuando ingresé esta diócesis, pasé por Tixtla, y también con mi trabajo en la Normal de Ayotzinapa, pues son controlados por Los Ardillos, y muchas veces ellos participan en la vida, y ritual de fiesta de los pueblos de esta región”.
Reveló que se reunió por primera vez con don Celso (Ortega Jiménez), líder de Los Ardillos, cuando me pidieron intervenir para liberar a un joven; sabiendo que don Salvador (Rangel, obispo emérito de Chilpancingo-Chilapa) había logrado eso con él; y sí, hubo una posibilidad y se pudo rescatar al joven; entré en una lógica de que prefería rescatar a los jóvenes vivos, que andar buscando sus restos.
Refirió que el año pasado, cuando se suscitó “el desplazamiento de la comunidad de El Caracol hacia la cabecera municipal de Heliodoro Castillo, la región de Los Tlacos, yo no los conocía, pese a que había reclamos de la otra parte (Los Ardillos) de que yo era tlaco”.
“En agosto pasado recibí un mensaje de agradecimiento (de Onésimo Marquina, El Necho) por lo que hice por su pueblo”.
El sacerdote añadió: “me dije, ‘ya conoces a los dos que están en conflicto, ¿por qué no los reconcilias?’, y eso es lo que trataba de hacer con personas cercanas a don Onésimo (...) y apenas hace dos semanas mis mensajes tuvieron eco y los dos aceptaron; esto fue previo a la crisis de los transportistas”.
Agregó que los dirigentes delictivos se reclamaron lo que tenían que hacerse, y al final acordaron no afectar sus intereses; los negocios que tienen en la ciudad, la distribución de pollo, carne, cerveza, Coca-Cola, y demás negocios lícitos; es una realidad más allá de las ganancias por la venta de drogas; ellos manejan clubes nocturnos, bares, y el transporte, hay también ganancias.
Recordó que antes de que la Iglesia católica propusiera un pacto, “otro grupo del crimen organizado obligó a los dos grupos a sentarse, el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, el cual advirtió que eliminaría a quien no respetara los arreglos. Dijo que las primeras negociaciones fueron telefónicas.
El director del centro Minerva Bello aseguró que el poder de los dos grupos empieza por la asignación de los secretarios de seguridad publica municipales, para controlar territorios.
“De ahí vienen los demás cargos; las regidurías y los contratos de obra pública. Al final la maquinaria es de cada grupo, aparecen como empresarios de la construcción, de los comercios; se apropian del presupuesto del municipio imponiendo sus empresas y concesiones; entre más municipios tengan, más recursos llegan”.
“Otro ingreso a la delincuencia viene de las minas por la maquinaria, los sindicatos, las cuotas a las nóminas de los trabajadores; y no es que el crimen organizado tenga interés en explotarlas, porque no tienen la tecnología ni el conocimiento, pero sí aprovechan toda la industria que se genera alrededor”.
Sobre la posibilidad de que se proponga una ley de amnistía para organizaciones del hampa, consideró que después del desarme, de que acepten dejar de hacer acciones armadas e ilícitas, se requiere de un marco jurídico donde haya garantías para que pudiera legalizar su propia situación, e incorporarse a una actividad económica legal; es muy complicado, porque hablamos de una justicia restaurativa.
Con información de La Jornada
