El retén armado "al vapor" que la Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León (SAT NL) opera en el kilómetro 120 de la Carretera Monterrey-Reynosa, no está sustentado en la ley, pues no aparece en la legislación hacendaria correspondiente.
Su funcionamiento, según expertos, solamente está amparado en un convenio de coordinación que el estado tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin embargo, dicho acuerdo no contempla lineamientos que autoricen o justifiquen la instalación de un filtro vehicular estatal, mucho menos en una autopista federal, refieren.
Ayer, INFO7 dio a conocer que ahora en el kilómetro 120 de esa carretera, el SAT Nuevo León instaló "al vapor" un nuevo punto de inspección que tiene "mal aspecto" y en donde se revisan a personas y mercancías.
El nuevo puesto de revisión opera a pesar de que un estado no tiene por qué fiscalizar el traslado de mercancía de personas que vienen de otras entidades, pues en México no hay restricciones comerciales entre estados.
Ante esto, voces dijeron que si bien el estado puede hacer el retén basado en el convenio, se carece de una ley que lo valide, además de que resulta innecesario, pues la revisión para quien viene de Estados Unidos ya se aplicó en la frontera por parte de las autoridades aduanales de la Federación.
En todo caso, dijeron, el retén estatal tiene fines "recaudatorios" y no tiene razón de parar a los automovilistas.
A esto hay que sumar que el trayecto de los conductores se ve "atorado" en la vía a Reynosa por numerosas casetas, aduanas federales y hasta un puesto militar.
Recientemente, el PRI y el PAN en el Congreso local trataron de darle a la Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León (SAT NL) la facultad de realizar los retenes, pero eso no se concretó, pues la reforma que aprobaron en el 2022 no ha sido publicada por el estado, ya que eso implica "independizar" la instancia pasándola a manos de la Fiscalía del estado.
El abogado fiscal, Fidencio Montemayor Cárdenas, dijo que este tipo de retenes estatales "están de más" y son hasta imprudentes porque aumentan los riesgos para los conductores ante las condiciones de inseguridad de la vía.
“Tiene un convenio el estado con la autoridad fiscal y en base a ese convenio sí lo pueden hacer, eventualmente habían dejado de hacerlo por motivos de seguridad porque la verdad vas en la carretera y no sabes si son malandros o autoridades, por eso lo habían dejado de hacer, lo hacían hace mucho con El Bronco.
“No coincido en la prudencia de hacerlos por la inseguridad que existe en las carretas, además, ya pasaron por la aduana, entonces si no podemos confiar en las autoridades federales, pues estamos fritos”, aseguró el experto.
El diputado local con licencia de Morena, Waldo Fernández, coincidió en que, amparado en el convenio, el estado aplica, lo que calificó como un retén “recaudatorio que debería desaparecer”.
“Son evidentemente actos de molestias y recaudatorios en contra del ciudadano, esos retenes no tienen ninguna utilidad práctica, si bien pueden ellos tener la facultad de comprobación, conforme a Constitución el retén se vuelve ilegal porque viola la garantía de libre tránsito.
“Entonces, al ponerlo lo único que están buscando es recaudar dinero, es una completa arbitrariedad e ilegalidad”, dijo Fernández.
El activista Gilberto Marcos señaló que le parecen extraños este tipo de retenes, pues además aseguró que no es facultad del SAT.
“Muy extraña, a mí me había tocado uno de esos sin que se identificaran correctamente en una caseta de cobro de la carretera Reynosa, de regreso y ya en la noche, me pedían revisar igual el equipaje, el comprobante de impuestos, justamente les respondí que ellos no tenían nada que hacer ahí, les preguntó que de dónde eran y cuando me respondieron que del SAT Nuevo León les dije que no tenían jurisdicción para eso.
“Me parece sumamente extraño y no sé bajo qué premisa estén realizando ese tipo de actividades, los de aduanas federal son los que tienen que ver con este tipo de cosas, los locales deberían enfocarse en el tema del pago de impuestos al estado y lo que tiene que ver con las empresas y personas físicas, pero no para mercancías provenientes del extranjero”, señaló el activista.
