Al menos dos niñas indígenas han sido víctimas de la mutilación genital femenina en lo que va del año en Bogotá. Una de ellas tiene 13 años y la otra apenas 23 días de vida al momento de sufrir la práctica. De acuerdo con la información compartida por la Secretaría de Salud de la capital colombiana, ambos casos fueron reportados porque presentaron dificultades médicas y tuvieron que ser asistidas con urgencia en centros de salud, por riesgos de anemia e incluso muerte. La entidad estima que en 2023 hubo 90 casos en Colombia, el único país de América Latina en el que se practica la ablación. Activistas embera, como Arelis Cortés, lamentan el “enorme subrregistro” y la pasividad del Gobierno: “Es una deuda del país con las niñas indígenas”.
“Es una violencia extrema que se hace por temas aparentemente culturales, pero que tenemos que trabajar fuertemente en el país”, explicó en una rueda de prensa Gerson Bermont, secretario de Salud distrital de Bogotá. “Aquí se están violentando unos derechos humanos mayores que cualquier componente cultural. Y que están poniendo en peligro la vida de estas niñas. Es una práctica que Colombia tiene que erradicar”, zanjó. Bermont no detalló dónde se habían producido ni qué complicaciones encontraron.
Si bien hay mujeres emberas que consideran que esto es parte de una tradición y que, por tanto, tienen el derecho de seguir practicándolo, Cortés, enfermera, lideresa y docente lleva desde el 2015 yendo casa por casa en el Valle del Cauca informando a familias sobre las consecuencias de esta práctica y sobre lo equívoco de pensar que es una tradición propia: “Cogimos esa tradición durante la colonización, como consecuencia del compartir con los hermanos afro que llegaron con la esclavitud. Pero es algo muy ajeno a nosotros. Es una práctica nociva, no es cultura. ¿Cómo va a ser cultura atentar contra la vida o salud de nuestras niñas?”, se pregunta.
Cortés y otras tres compañeras han trasladado esta y otras informaciones médicas a más de 8.000 personas en casi una década de trabajo. “Fue complejo en su momento. Muchas de las mujeres son sumisas a lo que digan los maridos. Además, para los indígenas hablar de genitales es muy tabú. Pero es un trabajo de a poco”. Actualmente hay cerca de 230 millones de mujeres mutiladas en el mundo.
La mutilación genital femenina es una práctica que implica la lesión o amputación de los genitales femeninos sin ninguna razón médica. Generalmente, las comunidades que lo practican buscan extirpar el clítoris, el órgano encargado de provocar placer en las mujeres. Este procedimiento se concentra principalmente en una treintena de países de África, Asia y Oriente Medio. En Colombia, las comunidad indígena embera y algunos pueblos afrodescendientes mantienen la ablación que, por regla general, se suele practicar con una cuchilla o incluso las uñas y sin ninguna supervisión médica. A diario, cerca de 15.000 mujeres y niñas son víctimas de ello en el mundo, con lesiones físicas y psicológicas perennes.
Las consecuencias de este procedimiento son terribles. Además del peligro de la propia cirugía en sí, muchas mujeres han manifestado dolores crónicos, sangrados, ansiedad y depresión, entre muchas otras dolencias. Las afectadas tienen además un mayor riesgo de transmisión de VIH, suelen desarrollar infertilidad y muchas incluso mueren. La ONU estima, además, que tratar las complicaciones de salud derivadas de la práctica cuesta a los sistemas de salud 1.400 millones de dólares al año.
Es precisamente nombrar el dolor, la infertilidad y la depresión lo que ha hecho reflexionar a cientos de las familias atendidas por Cortés. “Ningún padre quiere hacerle daño a sus hijos”, explica. “Pero también hay que entender que muchas mujeres no reciben la formación médica por la discriminación que reciben en los centros de salud”. Es por ello que la lideresa se pregunta cómo van a conocer los riesgos de la ablación si el Estado no llega. “La falta de educación lleva a la ignorancia y a seguir perpetuando estas dinámicas”.
“Nada sobre las comunidades sin las comunidades”
A pesar de las peticiones de las feministas, actualmente no existe ningún proyecto de ley en Colombia que plantee prohibir la práctica y perseguirla hasta erradicarla. Los únicos avances del movimiento han sido añadir el procedimiento como agravante en el delito de feminicidio y algunas sentencias en las que los jueces lo condenan como violencia intrafamiliar.
La pregunta que se hace Leandra Becerra, consultora de la organización Equality Now, es si es la vía penal la que buscan las propias activistas locales. “Estos procesos tienen que estar liderados por ellas. No deberíamos tener un sesgo o una recriminación a los pueblos indígenas como si ellos fueran los únicos que tienen prácticas patriarcales. Hay muchos discursos racistas alrededor de este tema”, explica. Para Becerra, la clave está en el lema de “nada sobre las comunidades sin las comunidades”: “Son las propuestas de ellas las que se tienen que llevar a cabo. Colombia debería tener el compromiso de erradicarlo por la agenda 2030″, dice. Para ello, apunta la experta, hace falta generar más datos fiables y financiar a lideresas como Cortés que van de puerta a puerta.
Cortés, por su parte, lamenta los “señalamientos” a las comunidades desde fuera. “La institucionalidad tiene que entender que a los pueblos originarios se les discrimina por ser indígenas, por no hablar el idioma bien, por las costumbres… Dentro de esta nación hay otro mundo diferente. Y el racismo lleva a que muchas mujeres no asistan al sistema de salud nacional ni se informen. Necesitamos que el Estado llegue a los territorios, no solo que se las critique”.
