El primero de julio de 2024 se celebra el cuarto aniversario del T-MEC. Este acuerdo ha profundizado los lazos comerciales de México con Norteamérica y ha jugado un papel clave en la atracción de inversión extranjera al país. Con el T-MEC, México se ha consolidado como el principal socio comercial de Estados Unidos, destino de más del 80% de nuestras exportaciones y de las cuales dependen más de nueve millones de trabajos en México.
En las elecciones presidenciales del mes pasado, el partido en el poder recibió mayorías en ambas cámaras legislativas, lo que les otorga la posibilidad de reformar la constitución. Tras conocer los resultados de la elección, el pronunciamiento de Morena ha sido claro: la prioridad de la nueva legislatura será aprobar un plan comprensivo de reformas constitucionales conocido como el “Plan C”. De las casi 20 reformas propuestas, varias pueden entrar en conflicto con las obligaciones que México tiene con sus socios comerciales en el T-MEC. Además, hay propuestas que aunque no violan disposiciones específicas del tratado, generan incertidumbre y menor confianza para los inversionistas.
Cinco propuestas podrían estar en conflicto con las reglas del T-MEC. Primero, la desaparición de organismos autónomos como el IFT, la Cofece y la CRE va en contra de la obligación de mantener un órgano regulador de telecomunicaciones con autonomía y garantizar la existencia de organismos que regulen el sector energético y las leyes de competencia de manera imparcial.
Segundo, la iniciativa de reforma que da prioridad a la CFE por encima de cualquier empresa privada en el sector energético contradice reglas que establecen que no puede restringirse la participación privada en sectores previamente liberalizados. También niega a esas empresas un trato imparcial, algo explícitamente prohibido en el capítulo dos del T-MEC.
Tercero y cuarto, las propuestas de prohibición de concesiones para uso de agua y para las actividades de minería niegan el trato equitativo y la participación a empresas privadas. Por último, la iniciativa que prohíbe el maíz genéticamente modificado para siembra y consumo humano impone restricciones sin presentar evidencia científica, lo cual entra en conflicto con los capítulos de acceso a mercados y de medidas sanitarias y fitosanitarias. México es el mercado más grande para las exportaciones de maíz estadounidense.
Aunque arrancó en un entorno complicado por la pandemia, los cuatro años del T-MEC dejan grandes resultados: el comercio México-Estados Unidos ha crecido casi 50% y el país se ha convertido en uno de los principales destinos de inversión del mundo. Sin embargo, para aprovechar al máximo el reacomodo global de cadenas de suministro y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, el gobierno debe demostrar su compromiso con las reglas del T-MEC.
Si las reformas del Plan C son aprobadas, no sólo alterarían el sistema de pesos y contrapesos construido desde la transición de México a la democracia, sino que cambiarían significativamente las instituciones y los incentivos para invertir en el país. Su aprobación sería un desacierto al violar el T-MEC y poner en riesgo la relación comercial y de inversión más importante para México.
Dicho de otra forma, las reformas constitucionales son un obstáculo completamente innecesario tanto para la competitividad a largo plazo como para las oportunidades generadas por el nearshoring. Al violar el T-MEC, las reformas podrían resultar en la imposición de aranceles millonarios a México.
Un país más cerrado a la economía mundial y que da prioridad a la operación de empresas públicas por encima de generar mejores oportunidades de crecimiento para todos, pondría el freno de mano al crecimiento observado desde que se firmó el T-MEC.
