Durante la tarde del jueves 3 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió analizar la reforma judicial después de una votación con ocho votos a favor y tres en contra. Esto ocurrió después de que el Pleno de la Corte realizó el análisis de consultas presentadas por magistrados y jueces federales con el fin de frenar la consolidación de la reforma.
Ante lo expresado, la ministra Lenia Batres Guadarrama expresó que “se estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de estado, al pretender someter a control constitucional reformador, que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia del Poder Judicial”.
La ministra explicó que, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación se adueñara de atribuciones que no le corresponden, estaría violando el principio de supremacía constitucional, además de la ya establecida división de poderes y el estado constitucional de derecho.
“En estricto cumplimiento de lo ordenado por el artículo 39, que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de este, que en todo momento tiene derecho de alterar o modificar su forma de gobierno”, enfatizó.
“En conclusión, la alta responsabilidad que confiere la Constitución Política a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ejercer de manera exclusiva el control jurisdiccional de constitucionalidad de actos y normas generales está vinculada al ejercicio estricto de las atribuciones que la propia Constitución le asigna”, concluyó. Con estas declaraciones, la ministra se manifestó en contra.
Trabajadores celebran análisis de la Corte a reforma judicial
Trabajadores del Poder Judicial celebraron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esa misma tarde. El proyecto, enviado por Juan Luis González Alcántara Carrancá, planteó admitir la consulta de los juzgadores, al referir que el máximo tribunal puede velar por la independencia del Poder Judicial. El Pleno ya analiza la propuesta.
Manifestaciones continúan frente al CJF
Desde el pasado miércoles, trabajadores del Poder Judicial de la Federación se han manifestado en la Avenida Insurgentes Sur en contra de la reforma judicial recientemente aprobada. Al grito de “¡arriba la justicia, abajo la reforma!”, los manifestantes se concentraron nuevamente en las afueras del Consejo de la Judicatura Federal, en la colonia Tizapán San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón.
En la zona se congregaron alrededor de 200 personas que realizaron protestas el viernes 4 de octubre; por su parte, la Policía Auxiliar, Preventiva y de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron cortes correspondientes a la circulación.
Reforma judicial debió cumplir procesos y etapas para ser declarada constitucional
En el marco del “Congreso Nacional de Federalismo Judicial 2024: los poderes judiciales locales de cara a la reforma judicial”, el coordinador general de Historia del Poder Judicial del Estado de México, Sadot Sánchez Carreño, explicó los procesos por los que una reforma debe atravesar para su consideración y adhesión en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Recordó que el artículo 135 constitucional establece que la Constitución puede ser adicionada o reformada; no obstante, requiere la aprobación de un tercio de los diputados federales y senadores, además de la aprobación mayoritaria en las legislaturas locales del país.
“Para que estas reformas procedan, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones”, lo que se traduce en que en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República se exige el quórum calificado.
En dicho contexto, abundó que, para que la reforma judicial sea legítima y legal, debió cumplir con todos los procedimientos y etapas dispuestos en la ley; de lo contrario, no será válida. De acuerdo con él, una iniciativa de reforma constitucional debe, inicialmente, ser presentada como iniciativa en la Cámara de Diputados de origen y, tras su aprobación, ser remitida al Pleno.
PAN pide al INE detener proceso para elegir jueces hasta resolver amparos contra la reforma judicial
Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) un recurso para que el órgano acate las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales que ordenan detener el proceso para la elección de jueces hasta que se resuelvan las impugnaciones en contra de la reforma judicial.
El líder del partido, Marko Cortés, informó que el INE debe detener el proceso que se tiene previsto que comience el próximo año hasta que se resuelva de fondo las impugnaciones en contra de la reforma judicial. En el documento dirigido a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se indica que hay 71 juicios de amparo en contra de la reforma al Poder Judicial, que fue aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso.
Agregó que una de las autoridades jurisdiccionales federales ordenó al INE suspender acciones tendientes a emitir acuerdos para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización de dicho proceso.
