Organizaciones de derechos humanos acusaron uso excesivo y arbitrario de la fuerza en el asesinato de tres civiles por parte de elementos de las fuerzas federales en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ciudad fronteriza que atraviesa por una ola de violencia. Presentaron una queja formal y “urgente” dirigida a las secretarías de Defensa Nacional, y de Seguridad y Protección Ciudadana, para investigar y castigar a los elementos involucrados, revisar los protocolos de actuación de ambas dependencias y atender a las familias de las víctimas. En hechos distintos, registrados entre viernes y sábado, elementos federales presuntamente mataron a una niña de ocho años, a una enfermera y a un joven de 18 años que aparentemente fue secuestrado, mientras perseguían a presuntos delincuentes. El caso ocurre mientras organizaciones y políticos de oposición mantienen las alertas por la reforma que consolidó el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Además se da unos días después de que en Chiapas, otros elementos castrenses atacaran y mataran a seis migrantes.
Los señalamientos El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo emitió un pronunciamiento en el que señaló como responsables a soldados y guardias nacionales; acusó la violación de los protocolos de actuación para proteger a la sociedad civil; y acusó al Gobierno de Tamaulipas de callar y minimizar los hechos. “Ni el Gobierno del Estado ni la Fiscalía General de Justicia, o la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, han ofrecido una versión oficial de lo sucedido en Nuevo Laredo, condenando el uso excesivo de la fuerza, mucho menos ofreciendo ayuda a los familiares de las víctimas para hacerse cargo de los gastos funerarios”, indicó la ONG. En el pronunciamiento, firmado por Raymundo Ramos, presidente del Comité, la organización también urgió a las autoridades a no guardar silencio. El mismo Comité envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que le pide ordenar una investigación urgente, imparcial, exhaustiva y pronta que pueda identificar a los elementos responsables. Asimismo, le demanda una “revisión urgente” de los protocolos actuación de las Fuerzas Armadas y una audiencia en Palacio Nacional con las familias de las víctimas. Ante lo que el Comité califica como “muertes arbitrarias”, también se plantea en la misiva que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atienda las necesidades económicas, médicas y psicológicas los familiares. “Agendar en un tiempo razonable una audiencia en Palacio Nacional con familiares de menores víctimas de muerte arbitraria por parte de personal militar correspondiente a la Guardia Nacional y Ejército Mexicano”, se lee en la carta. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez respaldó el pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y advirtió que lo sucedido en la ciudad fronteriza significa un nuevo caso de abuso letal por parte del Ejército. “Este hecho subraya los riesgos de la innegable militarización. Debe haber investigación y atención a las víctimas”, planteó el Centro Prodh en sus redes sociales. Los casos La respuesta de Sheinbaum
De acuerdo con información obtenida por el Comité de Derechos Humanos, a través de familiares de las víctimas, el primer caso ocurrió la noche del viernes 11 de octubre en el crucero de Eva Sámano y Miquihuana, en el Fraccionamiento La Fe. La víctima, identificada como Yuricie Rivera, se trasladaba en una camioneta particular acompañada de su esposo e hijo cuando recibió un disparo en la cabeza por parte de soldados del Ejército Mexicano, muriendo de manera instantánea en el interior del vehículo. De acuerdo con testigos, los militares perseguían a civiles armados. “Al darse cuenta del llamado de auxilio del esposo de la enfermera por las heridas que presentaba, los militares decidieron huir del lugar para evitar responsabilidades penales”, alertó el Comité. El segundo caso ocurrió aproximadamente a las 19:00 horas del sábado 12 de octubre en el Fraccionamiento Palmares, cuando Lidia Galván Reséndez se trasladaba en su vehículo particular a una papelería acompañada de su nieta Lidia Iris, y quedaron en medio de una persecución entre guardias nacionales y presuntos delincuentes. El vehículo de Lidia quedó prensado entre dos camionetas y asegura que fueron elementos de la Guardia Nacional quienes comenzaron a disparar hacia su vehículo, causando heridas en la cabeza de su nieta. Lidia Iris se encontraba agachada en el asiento delantero intentando protegerse de los disparos. La menor fue trasladada de urgencia al Hospital General, pero minutos después falleció debido al disparo en la cabeza. La menor era estudiante del tercer grado en la escuela primaria federal Plan de Ayala. En un tercer caso documentado por la organización, Diego Alfredo quedó dentro de una camioneta que perseguían guardias nacionales y soldados en el mismo Fraccionamiento Palmares. La víctima presentaba huellas de tortura en diferentes partes de su cuerpo y no portaba armas ni equipo táctico; se presume que se encontraba en calidad de secuestrado. Cuestionada sobre estos casos, la presidenta Claudia Sheinbaum argumentó que los elementos del Ejército y de la GN presuntamente involucrados en la muerte de una niña y una enfermera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, habrían respondido a los disparos de delincuentes. Garantizó que los responsables de las muertes serán castigados, no obstante, observó, Nuevo Laredo ocupa el primer lugar en agresiones de grupos criminales en contra de las Fuerzas Armadas. “Son dos casos, los dos en Nuevo Laredo, pero son dos episodios distintos: un episodio, en donde fallece un elemento del Ejército y también fallece una civil, una enfermera, y sí tiene que ver con delincuentes que disparan a una camioneta del Ejército. En los dos casos se están haciendo las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República, y el Ejército está dando toda la información. Ese es un caso”, explicó. “El otro caso es un caso similar, pero con la Guardia Nacional, en donde hay una agresión a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional responde, y también ahí hay dos civiles fallecidas; entre ellos, una niña”. Sheinbaum reveló que el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla, le informó de los hechos puntualmente y subrayó que la dependencia colabora con la Fiscalía General de la República para las indagatorias. 'En caso de que haya una mala actuación del algún elemento, del Ejército, de la Guardia o de algún oficial, serán sancionados, pero hay que esperar a las investigaciones y la cercanía que se requiere siempre con las víctimas', añadió Sheinbaum.
