Tras ser arrollado por un vehículo oficial y abandonado a su suerte, familiares de Diego P. exigieron a los responsables pagar los medicamentos y días perdidos por el lesionado, un campesino de la tercera edad.
La sobrina del lesionado relató que alrededor 9:30 de la mañana de ayer sábado su tío se dirigía a realizar trabajos de limpieza en el municipio, pero cuando estaba a punto de llegar fue impactado por un auto de Protección Civil, en el cual viajaba el director José M. A. y su chofer identificado como “Cisco”, quienes al percatarse de lo ocurrido huyeron del lugar.
Por el ruido, vecinos salieron a la calle y se percataron de lo sucedido, por lo que decidieron llamar a las autoridades para ayudar al lesionado, quien fue trasladado de urgencia a una clínica de Mérida.
Familiares demandaron que los responsables paguen los días perdidos en lo que dura la recuperación de Diego, pues resultó con una fisura en su brazo izquierdo.
Por el momento no hay respuesta por parte de las autoridades. Uno de los responsables es el cuñado del presidente municipal Francisco Chalé Ku. Reporteros Hoy
A pesar de que las organizaciones civiles hicieron un llamado para no promulgar la Ley General de Comunicación Social, este viernes 11 de mayo el presidente, Enrique Peña Nieto, firmó el decreto que expide la también llamada “Ley Chayote”.
Esta ley tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse los Entes Públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.
El colectivo Medios Libres, que agrupa a más de 40 organizaciones de la sociedad civil, solicitó al mandatario que haga las observaciones necesarias a la ley y que éstas vayan de acuerdo a los estándares internacionales en la materia y a las múltiples recomendaciones que los diversos especialistas han hecho a lo largo de cinco meses desde que se dictó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Le solicitamos una señal a favor de la libertad de expresión: no dañar más a nuestros medios de comunicación al aprobar una ley que fomenta y legaliza malas prácticas y no cumple con los estándares mínimos necesarios para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial en México como herramienta para ejercer la censura sutil”, dice la carta.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humano en México escribió en su cuenta de Twitter que al adoptar la Ley de Comunicación Social sin tomar en cuenta estándares internacionales de derechos humanos se ha perdido una oportunidad histórica de corregir las malas prácticas que existen en torno a la asignación de la publicidad oficial en México. (Animal Político).
(apro).- En el Día mundial de la libertad de prensa, periodistas y organizaciones sociales le pidieron al presidente Enrique Peña Nieto no promulgar la Ley de Comunicación Social aprobada por el Congreso y hacerle observaciones a favor de la libertad de expresión y de información.
El colectivo #MediosLibres envió a Peña Nieto la carta firmada por cerca de cien periodistas y organizaciones sociales cuyas propuestas para una legislación acorde con los estándares internacionales fueron excluidas tanto por la Cámara de Diputados y el Senado.
Le recordaron que su elección en 2012 estuvo marcada por el movimiento estudiantil #YoSoy132, surgido de la necesidad de que en México existan medios libres, sobre todo en momentos relevantes como las campañas electorales.
El movimiento nació luego de que en gran parte de la prensa se pretendiera minimizar y desvirtuar la protesta de estudiantes de la Universidad Iberoamericana que obligó al equipo de seguridad de Peña a resguardarlo en un baño del recinto.
Ante la indignación por ese comportamiento de la prensa, Peña se comprometió a la creación de una instancia ciudadana y autónoma para supervisar la contratación de la publicidad oficial. Su propuesta incluso quedó como el compromiso 95 del Pacto por México.
Esa promesa se tradujo en la Ley General de Comunicación Social aprobada la semana pasada en el Senado y que no es más que la legalización de la distribución arbitraria de la publicidad oficial para premiar o castigar a los medios según su línea editorial, por lo que fue bautizada como la #LeyChayote, y “que usted mismo, señor presidente, está a punto de promulgar”.
“Este 3 de mayo, día mundial de la libertad de prensa, nos recuerda más que nunca que México sigue teniendo el triste y doloroso título del país más peligroso en América Latina para ejercer el periodismo”, le dicen al presidente.
“En este día … le solicitamos una señal a favor de la libertad de expresión: no dañar más a nuestros medios de comunicación al aprobar una ley que fomenta y legaliza malas prácticas y no cumple con los estándares mínimos necesarios para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial en México como herramienta para ejercer la censura sutil”.
Los periodistas y organizaciones sociales le piden que ejerza la facultad constitucional que tiene para no promulgar “esta ley regresiva y hacer las observaciones necesarias” y regresarla a la Cámara de Diputados, donde se originó el proceso legislativo, que en todo momento hizo oídos sordos a las propuestas de #MediosLibres, de la CNDH, del INAI, el INE, e incluso de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Señor presidente, en sus manos está la última oportunidad de escribir una historia a favor de la libertad de expresión y el derecho a la información”, le dijeron.
A siete días de cumplirse el plazo establecido, los senadores se reunirán de nueva cuenta esta martes para evaluar la Ley que regule la publicidad oficial en México, una minuta que el Partido revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de México (PVEM) intentan aprobar sin discutir un dictamen elaborado, sin consenso y ni participación ciudadana.
El colectivo #MediosLibres –confirmado por organizaciones, medios de comunicación independientes, periodistas y sociedad civil– acusó que el dictamen que se busca aprobar no atiende problemas que supone la publicidad oficial como ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales, la asignación discrecional de recursos públicos millonarios, su utilización para fines proselitistas o electoreros, entre otros.
El Colectivo lamentó que pese a los esfuerzos de la sociedad civil para frenar la iniciativa, aún el Senado no llame a un diálogo para construir un dictamen de consenso y con una multiplicidad de voces que están inmersas.
“Los partidos PRI, PVEM y PANAL no pueden seguir ignorando las propuestas realizadas por los demás actores”, demandó el colectivo.
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#MediosLibres exhortaron a los senadores para que reconsideren el dictamen y “escuchar las voces en contra de esta Ley General de Comunicación Social y frenar su aprobación”.
“Si esta ley pasa sin modificación representaría un retroceso para el derecho a la información y la libertad de expresión en el país”, indicaron.
A través de un video, reporteros, organizaciones, instituciones, analistas y medios que participan en el colectivo #MediosLibres expusieron el gasto de millones de pesos por parte de los gobiernos para publicidad oficial, una cifra que bien podría emplearse en beneficio de 6.4 millones de hogares en pobreza o favorecer a 5.4 millones de personas mayores a 65 años para su jubilación o pensión.
Recuerda que el plazo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en noviembre de 2017, fue antes de 30 abril de este 2018. Legislar esta ley en materia de publicidad oficial daría paso a la construcción de medios libres, críticos e independientes.
“La publicidad oficial ya no debe utilizarse como una herramienta de premio o castigo para medios de comunicación que se constituye como una forma de censura”, demandan en el video.
El Colectivo señala que ya quedan pocos días para termine el plazo otorgado por Suprema Corte, y existe preocupación porque en la Cámara de Diputados esta minuta ya fue aprobada.
“La Ley de Comunicación Social no resuelve los problemas de la publicidad oficial, no cuenta con criterios claros para asignación de ésta”, indican.
“Si permitimos que esta ley se aprueba así, nuestros recursos públicos, nuestros impuestos, seguirán siendo utilizados para limitar la libertad de expresión y el derecho a la información”.
El jueves 19 d abril, las comisiones Unidas de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos no lograron aprobar la llamada #LeyChayote que mantiene la discrecionalidad del Gobierno federal para poder comprar a voluntad a la prensa en México.
El Presidente Enrique Peña Nieto se ha gastado 40 mil millones en publicad oficial, una cifra histórica. De acuerdo con organizaciones internacionales, el dispendio será aún mayor al cierre del sexenio: se calcula que ejercerá 60 mil millones de pesos, un nivel que no tiene precedentes en la historia México.
La Comisión de Estudios Legislativos fue la única que votó en contra de la minuta que, a decir de las organizaciones y del grupo de especialistas y periodistas identificado como #MediosLibres, busca ejercer control de los medios mexicanos. Se generó un empate con las demás comisiones.
“Esta suspensión en la votación no es más que el resultado del rechazo a un proyecto de ley que no cumple con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta Ley General de Comunicación Social no es un producto que nace del consenso y de la participación ciudadana, es una mera formalización y simulación para que las y los legisladores no entren en desacato”, acusó el colectivo Medios Libres.
La oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) dirigió una misiva al Senado de la República para que detenga la minuta del proyecto del decreto de la llamada #LeyChayote, pues después de un análisis consideró que no va acorde con los estándares internacionales de derechos humanos y de ser aprobada podría afectar el goce de la libertad de expresión en México.
Explicaba que la ley tendría el efecto de reforzar al status quo en que se encuentra actualmente la gestión de publicidad oficial, perdiendo la oportunidad de establecer reformas en la materia.
Además destacó que el Senado debe considerar un espacio de consulta “adecuada y genuina con la sociedad civil”, que hasta el día de hoy, detalla, no ha sucedido. Indicó que el proyecto debe ser inclusivo y recoger diversas opiniones representativas de los diferentes actores de la sociedad que tengan interés en la regulación de la publicidad gubernamental. Sin Embargo
Las comisiones Unidas de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos no lograron aprobar la llamada #LeyChayote impulsada por Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados, que mantiene la discrecionalidad del Gobierno federal para poder compra a voluntad a la prensa en México.
El Presidente Enrique peña Nieto se ha gastado 40 mil millones en publicad oficial, una cifra histórica. De acuerdo con organizaciones internacionales, el dispendio será aún mayor al cierre del sexenio: se calcula que ejercerá 60 mil millones de pesos, un nivel que no tiene precedentes en la historia México.
La Comisión de Estudios Legislativos fue la única que votó en contra de la minuta que, a decir de las organizaciones y del grupo de especialistas y periodistas identificado como #MediosLibres, busca ejercer control de los medios mexicanos. Se generó un empate con las demás comisiones.
Ahora, las comisiones analizarán llamar a una nueva sesión extraordinaria, pues el reglamento señala que si existe un empate por segunda vez, el asunto se trata en una reunión posterior.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó este día a las comisiones Unidas de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República considerar los estándares internacionales de derechos humanos y el Informe Especial sobre asignación y contratación de publicidad oficial elaborador por el organismo con el fin de fortalecer la libertad de expresión y la democracia en el país.
La CDNH destacó la gran responsabilidad de los legisladores con ley puesto que deben tomar en cuenta los estándares sobre publicidad oficial aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en lo que concibe leyes claras y precisas, “objetivos legítimos de la publicidad oficial; criterios claros de distribución de la pauta estatal; planificación adecuada; mecanismos de contratación; transparencia y acceso a la información; control externo de la asignación publicitaria, así como garantizar el pluralismo informativo”.
ONU, ONGs, SOCIEDAD CIVIL Y MEDIOS CONTRA #LEYCHAYOTE
Organizaciones, medios de comunicación independientes, periodistas y sociedad civil, por medio del colectivo #MediosLibres habían acusado a inicios de este mes que la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados fue quien revivió la iniciativa de los partidos PRI, Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza con la que se buscaban aprobar una Ley de Comunicación Social que legalizará malas prácticas en la publicidad oficial y atentará contra la garantía a la libertad de expresión.
De acuerdo con organizaciones como Fundar o Artículo 19, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha entregado miles de millones de pesos sobre todo a 20 grandes medios sobre los que ejerce control. Ahora, esta iniciativa, de aprobarse, enfatizará en ese control, advirtió el colectivo. Y esto sucede en plena jornada electoral, cuando México decide al próximo Presidente de la República.
El colectivo acusó que el dictamen no atiendía problemas que supone la publicidad oficial como ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales, la asignación discrecional de recursos públicos millonarios, su utilización para fines proselitistas o electoreros, entre otros.
Los firmantes calificaron como “simulación” de ley y culpan que el predictamen no cumple con los mínimos necesarios ni retoma los lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la administración pública federal que existentes desde hace más de quince años lo que impide revertir malas prácticas del uso de la publicidad oficial.
Afirmaron que el documento institucionalizaba malas prácticas y atendía directamente contra un estado democrático y de derecho pues las disposiciones de esta violan la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.
De acuerdo con la organización Fundar, los diez medios y empresas que han ganado más dinero por concepto de Publicidad Oficial durante el Gobierno Peña Nieto hasta 2017 son: Televisa con 6 mil 680 millones de pesos, Estudios Azteca ha obtenido 3 mil 939 millones, Starcom Worldwide (EU) mil 298 millones de pesos, Estudios Churrusco Azteca rebió mil 270 millones, Grupo Fórmula mil 045 millones, El Universal mil 007 millones, Excélsior, 989 millones 969 mil pesos; Starcom Worldwide (México) ha recibido 815 millones 811 mil pesos; OEM 802 millones 351 mil y SPR del Estado Mexicano 693 millones 344 mil.
Ayer, la oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) dirigió una misiva al Senado de la República para que detenga la minuta del proyecto del decreto de la llamada #LeyChayote, pues después de un análisis consideró que no va acorde con los estándares internacionales de derechos humanos y de ser aprobada podría afectar el goce de la libertad de expresión en México.
Explicaba que la ley tendría el efecto de reforzar al status quo en que se encuentra actualmente la gestión de publicidad oficial, perdiendo la oportunidad de establecer reformas en la materia.
Además destacó que el Senado debe considerar un espacio de consulta “adecuada y genuina con la sociedad civil”, que hasta el día de hoy, detalla, no ha sucedido.
Indicó que el proyecto debe ser inclusivo y recoger diversas opiniones representativas de los diferentes actores de la sociedad que tengan interés en la regulación de la publicidad gubernamental. Sin Embargo
La oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) dirigió una misiva al Senado de la República para que detenga la minuta del proyecto del decreto de la Ley de General de Comunicación Social, la llamada #LeyChayote, pues después de un análisis considera que no va acorde con los estándares internacionales de derechos humanos y de ser aprobada podría afectar el goce de la libertad de expresión en México.
Explica que la ley tendría el efecto de reforzar al status quo en que se encuentra actualmente la gestión de publicidad oficial, perdiendo la oportunidad de establecer reformas en la materia.
Destaca que el Senado debe considerar un espacio de consulta “adecuada y genuina con la sociedad civil”, que hasta el día de hoy, detalla, no han sucedido. Además, indica que el proyecto debe ser inclusivo y recoger diversas opiniones representativas de los diferentes actores de la sociedad que tengan interés en la regulación de la publicidad gubernamental.
La ONU realizó seis observaciones sobre la minuta presentados a continuación:
1. El organismo considera que la minuta no regula de forma clara y precisa el sistema en torno a la asignación y contratación de la publicidad gubernamental, dejando espacio para discrecionalidad al dar libertad a ejercicio político y la arbitrariedad.
“La centralización del ejercicio presupuestario (…) propicia el uso discrecional y excesivo de la asignación y contratación de la publicidad oficial con fines ajenos a la utilidad pública”.
2. El Alto Comisionado de la ONU estima que la ley no establece ningún mecanismo para controlar el gasto actual de ésta, dice que los gastos en el ramo quedan a consideración de las autoridades ejecutivas, lo cual “mantendría el sistema de discrecionalidad en el gasto”, y no prevendría actos de corrupción o desvíos con el uso de los recursos.
3. La ONU señala que la ley debe incorporar “el principio de no discriminación en el uso de los fondos públicos”, y explica que de acuerdo con la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión interamericana de Derechos Humanos cuando para la repartición de recursos se toman en cuenta las opiniones difundidas por los medios de comunicación o la afinidad política, podría considerarse discriminación y posible censura.
4. Se beberá considerara al público objetivo de la campaña debido a que “la población tiene derecho a ser informada adecuadamente de las actividades y servicios del Estado”, por lo que la Minuta omite los criterios para identificar si la publicidad informa de manera efectiva y si la información es de interés, apuntó.
5. Respecto a las sanciones, la Organización señaló que en la Minuta se establecen en una definición muy amplia sin definir sanciones claras que además quedan en manos de los superiores jerárquicos determinar si una queja procede o no lo que “no da las garantias adecuadas para que haya investigaciones o sanciones sobre las infracciones a la ley”.
6. Expresa que que los Estados “deben establecer mecanismos de control externo de monitoreo de la asignación de publicidad oficial” porque en la propuesta las contralorías dependen del poder ejecutivo lo que cuestiona su autonomía.
La misiva fue dirigida al presidente de la mesa directiva del Senado, Ernesto Javier Cordero Arroyo, y a los senadores: Ana Lilia Herrera Anzaldo, Emilio Gamboa Patrón, Fernando Herrera Ávila, Manuel Bartlett Díaz, Luis Sánchez Jiménez, Carlos Alberto Puente Salas, Miguel Romo Medina y Hector David Flores Ávalos, integrantes de la junta de coordinación jurídica.
El presidente de la Comisión de Radio , Televisión y Cinematografía, Zoé Robledo Aburto, y a Laura Guadalupe Herrera Guajardo, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos.
#LEYCHAYOTE
De acuerdo con organizaciones como Fundar o Artículo 19, el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha entregado miles de millones de pesos sobre todo a 20 grandes medios sobre los que ejerce control. Ahora, esta iniciativa enfatizaría ése control. Y esto sucede en plena jornada electoral, cuando México decide al próximo Presidente de la República.
El colectivo #MediosLibres acusó que el dictamen no atiende problemas que supone la publicidad oficial como ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales, la asignación discrecional de recursos públicos millonarios, su utilización para fines proselitistas o electoreros, entre otros.
De acuerdo con la organización Fundar, los diez medios y empresas que han ganado más dinero por concepto de Publicidad Oficial durante el Gobierno Peña Nieto hasta 2017 son: Televisa con 6 mil 680 millones de pesos, Estudios Azteca ha obtenido 3 mil 939 millones, Starcom Worldwide (EU) mil 298 millones de pesos, Estudios Churrusco Azteca rebió mil 270 millones, Grupo Fórmula mil 045 millones, El Universal mil 007 millones, Excélsior, 989 millones 969 mil pesos; Starcom Worldwide (México) ha recibido 815 millones 811 mil pesos; OEM 802 millones 351 mil y SPR del Estado Mexicano 693 millones 344 mil.
El colectivo indica que la ausencia de un sistema de medición imparcial e independiente perjudica al monitoreo de los medios de comunicación. Sin Embargo
