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A pesar de que las organizaciones civiles hicieron un llamado para no promulgar la Ley General de Comunicación Social, este viernes 11 de mayo el presidente, Enrique Peña Nieto, firmó el decreto que expide la también llamada “Ley Chayote”.
Esta ley tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse los Entes Públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.
El colectivo Medios Libres, que agrupa a más de 40 organizaciones de la sociedad civil, solicitó al mandatario que haga las observaciones necesarias a la ley y que éstas vayan de acuerdo a los estándares internacionales en la materia y a las múltiples recomendaciones que los diversos especialistas han hecho a lo largo de cinco meses desde que se dictó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Le solicitamos una señal a favor de la libertad de expresión: no dañar más a nuestros medios de comunicación al aprobar una ley que fomenta y legaliza malas prácticas y no cumple con los estándares mínimos necesarios para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial en México como herramienta para ejercer la censura sutil”, dice la carta.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humano en México escribió en su cuenta de Twitter que al adoptar la Ley de Comunicación Social sin tomar en cuenta estándares internacionales de derechos humanos se ha perdido una oportunidad histórica de corregir las malas prácticas que existen en torno a la asignación de la publicidad oficial en México. (Animal Político).
A pesar de que las organizaciones civiles hicieron un llamado para no promulgar la Ley General de Comunicación Social, este viernes 11 de mayo el presidente, Enrique Peña Nieto, firmó el decreto que expide la también llamada “Ley Chayote”.
Esta ley tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse los Entes Públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.
El colectivo Medios Libres, que agrupa a más de 40 organizaciones de la sociedad civil, solicitó al mandatario que haga las observaciones necesarias a la ley y que éstas vayan de acuerdo a los estándares internacionales en la materia y a las múltiples recomendaciones que los diversos especialistas han hecho a lo largo de cinco meses desde que se dictó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Le solicitamos una señal a favor de la libertad de expresión: no dañar más a nuestros medios de comunicación al aprobar una ley que fomenta y legaliza malas prácticas y no cumple con los estándares mínimos necesarios para cambiar el uso inapropiado de la publicidad oficial en México como herramienta para ejercer la censura sutil”, dice la carta.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humano en México escribió en su cuenta de Twitter que al adoptar la Ley de Comunicación Social sin tomar en cuenta estándares internacionales de derechos humanos se ha perdido una oportunidad histórica de corregir las malas prácticas que existen en torno a la asignación de la publicidad oficial en México. (Animal Político).
