Noticias de Yucatán
Como anticipamos, hoy el Ayuntamiento de Mérida, en
sesión extraordinaria, aprobó por mayoría las sanciones impuestas a Santiago
Alberto Alamilla Bazán, ex director del Rastro de Mérida, consistentes en la inhabilitación
del cargo por tres años –a partir de mañana- y sanción económica consistente en
la cantidad de $538,066.99, por el daño causado a la empresa, cifra que deberá
depositar en la Tesorería Municipal.
De acuerdo con la resolución correspondiente, que consta
de 51 fojas tamaño carta, la titular de la Contraloría Municipal, María Isabel
Rodríguez Heredia, quien firma el documento, determinó que quedaron plenamente
probadas las faltas administrativas consideradas como graves, por al daño
patrimonial causado al erario público municipal.
Lo anterior significa que Alamilla Bazán quien se ha
caracterizado por presentar una serie de denuncias penales contra todo aquél
que se atreva a decirle o señalarle algo, ya no podrá ser candidato a diputado
que era su pretensión.
De acuerdo con información sobre la resolución de la Contraloría, fueron tres motivos por los cuales procedió la inhabilitación del ex funcionario:
1. Favoreció a empresas
con el mismo objeto social y que se encuentran vinculadas entre sí por
accionista como el caso para la adquisición de materiales eléctricos para el
tendido de línea de media tensión y subestación en el Rastro, SIN CONTRATO, y
reubicación del tendido de línea eléctrica a favor de Comergus, SA de CV por
$261,727 y Comermarc SA de CV por $112,532.
También benefició a empresas financiándolas ya que suscribió
por concepto de anticipos, según pólizas de cheques a favor de “Montajes y
acoplamientos Eléctricos Industriales Arias SA de CV, sin que solicite garantía
por los anticipos.
Y aunque Alamilla negó la existencia de estos hechos, la
Contraloría comprobó que efectivamente Carlos Javier Castro Escobedo y Emanuel
Santiago Flores Negroe, además de ser accionistas comúnes de ambas empresas, el
primero es administrador único de Comergus y el segundo es comisaría de
Comermarc.
2. Se autorizó y transfirió para su beneficio un finiquito por
$516,718, sin tener las facultades para hacer y sin aprobación del Consejo
de Administración. Hay un documento firmado por él con motivo de su terminación
laboral de manera voluntaria.
Alamilla Bazán se
autoliquidó por un total de $516,718.94
Alamilla Bazán alegó que no era necesario que el Consejo de
Administración apruebe su finiquito, sino que él podía hacerlo por sí mismo.
3. Pagó trabajos que no se realizaron por un monto de $66,879 y
un pago en exceso por concepto de trabajos pagados en dos ocasiones (como un
piso de concreto) por $84,000.
En uno de los resolutivos se le hace saber a Alamilla
Bazán que cuenta con 15 días hábiles para combatir la resolución de la
Contraloría ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Municipio de
Mérida.
Y para que quede constancia también se mandó a inscribir
las sanciones impuestas a Alamilla Bazán en el Registro de Servidores Públicos
Sancionados la Secretaría de la Contraloría del Estado de Yucatán.
Sólo el PRI votó en contra de esta resolución
Los únicos que votaron en contra de la resolución fueron
los priistas bajo argumentos de que no confían en la Contraloría Municipal, lo
que deja abierta la suspicacia de que su partido es el que anda atrás de las
denuncias contra los funcionarios municipales que ha presentado Alamilla
incluso contra el propio alcalde.
