Noticias de Yucatán.
A la Fiscalía General de la República (FGR) se le “extravió” documentación sobre la evolución del patrimonio del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, así como las declaraciones patrimoniales de éste.
Así lo da a conocer este domingo el periódico Reforma, que detalla que el extravío de estos informes se dio en el marco de la investigación contra políticos y exlegisladores que supuestamente recibieron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para la aprobación de la reforma energética en 2013.
De acuerdo con el periodista Abel Barajas, quien consultó informes del Poder Judicial de la Federación, “en la indagatoria aparece un oficio que especifica la inclusión de esos documentos; sin embargo, las 51 páginas con la información patrimonial del ex director de Pemex no están agregadas en el expediente”.
Uno de los acusados de recibir dichos sobornos, el exsenador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, solicitó una audiencia al juez de control del Reclusorio Norte con el fin de que los fiscales expliquen si omitieron u ocultaron la documentación. Aún no hay fecha para esta audiencia, dada la pandemia de Covid-19.
La FGR rechazó el 23 de enero entregar los documentos a Lavalle y alegó que no tenían relación con la investigación sobre los presuntos sobornos denunciados por Lozoya.
“La evaluación y declaraciones patrimoniales omitidas en esta indagatoria fueron clave para que la SFP inhabilitara al ex director de Pemex por un periodo de 10 años para ocupar cualquier cargo público a nivel federal, una sanción dictada en mayo de 2019″, reseña Barajas.
En la denuncia de hechos de Lozoya aparecen los nombres del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, los panistas Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Ernesto Cordero, Ricardo Anaya y Jorge Luis Lavalle, así como David Penchyna, José Antonio Meade, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño, vinculados al gobierno de Enrique Peña Nieto.
El pasado 26 de enero, un juez federal aplazó la audiencia del exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, a petición de la FGR, que busca imputarlo por los delitos de cohecho y asociación delictuosa.
El exlegislador fue señalado por Lozoya de intentar extorsionarlo con 50 millones de dólares para aprobar las llamadas reformas estructurales.
De acuerdo con Reforma, la FGR pidió el aplazamiento, porque los fiscales que iban a participar en la audiencia presentaban síntomas de Covid-19.
El panista escribió en su cuenta de Twitter: “En relación con el desistimiento de la FGR a la audiencia inicial, reitero mi total disposición a acudir ante el juez de la causa las veces que sean necesarias. Mientras tanto, ejerceré mi derecho de defensa ante la FGR frente a las mentiras del delincuente confeso Emilio Lozoya”.
El miércoles 10 de febrero, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la FGR que entregue a los solicitantes la versión pública de las bitácoras de vuelo del avión en el que se trasladó desde Madrid, España a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En el recurso RRA 11929/20, el INAI instruyó a la FGR a liberar la información relativa a los vuelos del avión Bombardier INC. Modelo CL-600-2B16 (Challenger 605), desde 2013 al 16 de junio de 2020, de acuerdo con un comunicado difundido por la institución.
No obstante, Lozoya viajó a México extraditado desde España entre el 16 y el 17 de julio de 2020. No se sabe si se trata de un error la fecha que aparece en la comunicación del Instituto.
El avión, con matrícula XB-NWD, fue el mismo que se utilizó para transportar a Alonso Ancira Elizondo desde Mallorca, España, el pasado 3 de febrero. También se uso el 19 de enero de 2017 para la extradición a Estados Unidos del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Es el único de la flota de la Fiscalía con capacidad para hacer vuelos transatlánticos.
El comisionado Mauricio Guerra Ford señaló que la solicitud comprendía el nombre de las personas que han abordado el avión, cargo y destino en las fechas indicadas. La FGR respondió al solicitante que se trataba de “información reservada”, clasificación que fue confirmada por su Comité de Transparencia. Argumentó que estaba relacionada con una carpeta de investigación abierta.
Si bien consideró que algunos datos de exfuncionarios podrían comprometer su vida y su seguridad, la restricción no aplica al actual titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, ni a los demás servidores públicos “cuyo nombre y cargo ya fue hecho público” debido a los boletines de prensa oficiales.
Tampoco procedió la reserva bajo el argumento de que existe una carpeta de investigación abierta, ya que la FGR no precisó el número de ésta ni acreditó su vulneración.
En torno a la aeronave, “la matrícula, marca y modelo, número de bitácora, origen y destino así como la hora de salida y llegada de cada vuelo no constituyen especificaciones técnicas que comprometan la seguridad pública” por lo que deberán ser entregadas. Solo podrá resguardarse la información relativa a las especificaciones y características técnicas del avión.
Además, el INAI ordenó a la Fiscalía que dé a conocer la versión pública del parte médico en el que se le diagnosticó “anemia y problemas en el esófago” a Emilio Lozoya a su llegada desde el país ibérico. También insta a la FGR a dar la información sobre la “manera en que se efectuó el traslado al hospital, precisando si fue vía terrestre, aérea y si estuvo a cargo de la familia”. Lo anterior, mediante el recurso RRA 12208/20.
A mediados de enero, Quinto Elemento Lab señaló que la FGR decidió ocultar los avances de la investigación del caso Odebrecht y Altos Hornos, al argumentar que las investigaciones están en trámite por lo que se trata de información reservada y confidencial, según las respuestas que dio a peticiones de solicitudes formuladas.
La Fiscalía tampoco informó los avances y el estado que guarda la investigación que inició en agosto de 2017 la Fiscalía de Delitos Electorales para esclarecer el presunto financiamiento ilegal de la constructora brasileña a la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, y reservó el estatus de las indagatorias iniciadas a partir de la denuncia que presentó Lozoya en agosto pasado.
La FGR informó que los datos recabados se “encuentran estrictamente reservados” y se mantienen bajo sigilo porque su divulgación podría afectar el curso de las indagatorias.
Con estos argumentos, la Fiscalía se niega a informar sobre el avance de las investigaciones aun cuando el INAI le ordenó desde junio de 2019 elaborar una versión pública del expediente de la investigación de Odebrecht pues se trata de un caso de corrupción de interés público.
Así lo contó la periodista Andrea Cárdenas en Aristegui en Vivo:
Emilio Lozoya Austin, quien se acogió a un criterio de oportunidad por parte de la Fiscalía, fue acusado de los delitos de asociación ilícita, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por supuestamente haber recibido sobornos por más de 10 millones de dólares por parte de la compañía brasileña Odebrecht y 3.5 millones de dólares por parte del empresario Alonso Ancira, quien fuera propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de contratos y de la compra de la planta Agro Nitrogenados a un sobreprecio injustificado.
En el caso de AHMSA, la FGR sostiene desde el principio que Ancira entregó un soborno de 3,5 millones de dólares a Lozoya en 2012, para que una vez que éste llegara a la dirección de Pemex, le comprara a sobreprecio la planta de Agro Nitrogenados, como ocurrió en 2014. La paraestatal pagó 275 millones de dólares por una planta que valía 58, según los avalúos.
Esta cantidad se entregó a través de la empresa Tochos Holding Limited, constituida en las Islas Vírgenes Británicas, consideradas por varios países como un paraíso fiscal.
Con este dinero, triangulado a través del banco suizo UBS AG, Lozoya compró un inmueble ubicado en el fraccionamiento “Residencial la Retama”, en la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.
Todo ello sin que existiera una relación comercial de por medio entre ambas empresas. Como parte de Tochos apareció Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, de quien las autoridades sospechan que su papel era el de servir de testaferro de su hermano, debido a que su ocupación como estudiante no era consistente con el manejo de recursos de tan elevada cuantía.
El 3 de diciembre de 2020, un juez de control ordenó de nueva cuenta la aprehensión de Gilda Susana Lozoya Austin. Para evitar su captura, su representación legal había promovido un nuevo juicio de amparo contra actos privativos de la libertad, sin embargo, este le fue denegado el 29 de octubre por el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México.
El caso de Odebrecht tiene que ver con la relación entre Lozoya y Luis Alberto de Menesses, director superintendente de la constructora. Esto llevó al pago, en marzo de 2012, de 4 millones de dólares a empresas vinculadas con el ex funcionario, supuestamente para apoyar la campaña del PRI en las elecciones en las que fue electo presidente Enrique Peña Nieto.
No obstante, parte de este dinero fue destinado en agosto de 2013, a la compra de un inmueble en el estado de Guerrero, por un valor de 1 millón 900 mil dólares. En esta operación está involucrada la esposa de Lozoya, Marielle Helen Eckers, según señala la documentación de la extradición.
Aristegui
