La prisa con la que el Gobierno mexicano ha querido celebrar la gran adquisición pública de medicamentos para este año se ha pagado con algunos tropiezos. La UNOPS, la agencia de la ONU a la que se encargó la compra, ha logrado cerrar por el momento contratos para el 53% de las 379 medicinas y materiales de curación considerados “prioritarios” para un sector salud que sufre periódicamente de desabastos y que ahora enfrenta la mayor epidemia en décadas, según datos compartidos en exclusiva con EL PAÍS. Entre los oncológicos, este porcentaje sube al 71%. El resto, sin embargo, todavía está por adjudicar. Los retrasos amenazan con aplazar el suministro hasta mayo, cuando estaba previsto que iniciara en enero. Pese a los contratiempos, la agencia estima ahorros de 48 millones de dólares en los 509 millones gastados hasta ahora.
La UNOPS fue contratada a finales de julio para poner orden en la compra de medicamentos. Desde hace dos años el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador batalla con el desabasto crónico en el sector salud, un desafío que la pandemia ha agravado con más de 180.000 muertes y dos millones de contagios. La falta de quimioterapias ha encendido un movimiento de protesta de padres de niños con cáncer, pero los fallos no se han resuelto del todo. En 2020, la plataforma civil CeroDesabasto recibió 2.457 quejas de los ciudadanos, más del doble que en 2019. La urgencia llevó a la UNOPS a organizar una compra rápida a partir de una lista que le entregó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi): 244 genéricos y 135 medicamentos patentados o de un solo fabricante. El Insabi, quien supervisa la compra, no ha respondido a las preguntas de este periódico ni a la solicitud de compartir el contenido de la lista.
El organismo de la ONU apunta a ahorros del 9% sobre el monto gastado hasta febrero teniendo en cuenta los precios de referencia. La agencia dispone de un observatorio regional que monitorea el mercado para comparar tarifas antes de adjudicar contratos. Con esta herramienta y procesos transparentes, la agencia se precia de lograr compras justas para los países que la contratan. Más allá de los ahorros, las entregas de medicamentos al Gobierno se han acelerado desde que iniciaron a finales de enero y en un mes ya se han entregado 601.000 dosis correspondientes a 93 claves, 43 de ellas oncológicas, según datos de la agencia hasta mediados de febrero. Aun así, esto es algo menos de la mitad de los medicamentos y materiales ya comprados y una quinta parte de los incluidos en la lista prioritaria.
Los ahorros y las entregas conviven, además, con el alto porcentaje de claves desiertas. Del total de 379 medicamentos prioritarios, se han comprado 200, y de los 92 oncológicos incluidos en la lista de críticos, se han adquirido 65. Los agujeros en las compras no son únicos de este proceso. El Gobierno de López Obrador ya había tenido problemas similares. En la compra para el segundo semestre de 2019, organizada por las Secretarías de Salud y Hacienda, un 62% de las claves licitadas no fueron adjudicadas. Como referencia, en 2018, antes del cambio de Administración y de la modificación en el esquema de compra, menos del 10% se había declarado desierto.
En la adquisición de la UNOPS, parte de los problemas se originan en un calendario extremadamente ajustado para satisfacer las necesidades del Gobierno mexicano durante el primer trimestre del año. Para el abasto a partir de enero, la agencia negoció los medicamentos patentados en noviembre y, para el resto de los considerados críticos, recibió ofertas a mediados de diciembre. Tenía previsto adjudicar contratos a finales de ese mes, pero no se ha logrado para una parte importante de las claves.
En algunos casos no se presentaron ofertas por los plazos tan cortos y el complicado contexto de la pandemia; en otros los precios eran superiores a los que se tenían como referencia, apuntan fuentes conocedoras del proceso. A eso se añade una tercera causa de retraso: el Insabi ha cambiado las cantidades que se requerían para algunas de las claves y se añadieron nuevos medicamentos de patentes a la lista de críticos, lo que ha forzado a la agencia de la ONU a volverse a sentar con los fabricantes cuando la negociación ya estaba concluida. Enrique Martínez, director de Inefam, un centro de análisis vinculado a la industria farmacéutica, atribuye los problemas a fallos de diseño: “Se definen mal las cantidades y los precios máximos de referencia. No crean los incentivos correctos para las empresas”, apunta el experto.
La UNOPS ha buscado repescar parte de las claves urgentes sin adjudicar en una segunda licitación que incluía alrededor de 1.800 claves no consideradas críticas. La presentación de ofertas celebrada este mes fue positiva. Un 89% de los medicamentos y un 86% de los materiales de curación recibieron muestras de interés de parte de las empresas. El Insabi celebró la respuesta de la industria. “México se perfila a respetar el pleno derecho a la salud para todos los habitantes, tal como lo planteó desde el inicio de su Gobierno el presidente”, señaló el director general del instituto, Juan Antonio Ferrer.
La estrategia de recuperar medicamentos críticos a través de la licitación no está exenta de riesgos. Un puñado de medicamentos oncológicos no ha recibido ofertas tampoco en este proceso. Es el caso de la ciclofosfamida y la vincristina, dos quimioterapias para la leucemia que escasearon en 2020. Además, las ofertas no se traducen automáticamente en adjudicaciones; tienen que pasar primero por un panel de expertos que puede descartarlas si el precio o la calidad no se ajusta a lo exigido. Hay un número importante de claves con tan solo una oferta, lo que aumenta esa probabilidad. De adjudicarse, las entregas comenzarán a partir del mes de mayo, cuatro meses después de la fecha prevista para los medicamentos prioritarios.
La otra opción es que el Gobierno recurra a las adjudicaciones directas, un mecanismo del que ha echado mano con frecuencia para cubrir los huecos de desabasto, pero que suele incrementar los precios pagados por los medicamentos. En el caso de los oncológicos, México ha comprado a productores de varios países —“aquí y allá”, como dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a finales de septiembre pasado—. Parches que la investigadora Fátima Masse, del centro de pensamiento IMCO, considera arriesgados: “Abres espacios de discrecionalidad. Si el motivo era que hubiera menos corrupción, en términos de costo y transparencia las adjudicaciones directas tienden a ser peores que las licitaciones”.
