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Después de un año de que se pospusiera o cancelara la audiencia inicial por acusaciones de violencia sexual infantil del cantante de tango Freddy Potenza a su hijastra cuando ella tenía 7 años, y luego de que Animal Político diera a conocer el caso, el pasado 26 de marzo fue vinculado a proceso. Es decir, que se consideró que sí hay elementos suficientes para que sea juzgado en Morelos, donde ocurrieron algunos de los presuntos abusos.
Sin embargo, el Juez de Control Ramón Villanueva Uribe decidió dictar como medidas cautelares solo que tenga que presentarse a firmar cada 15 días, retirarle el pasaporte y prohibirle que se acerque a Ale (como se llamará a la presunta víctima para proteger su identidad) y a su mamá Valesa Rivera; no impuso prisión preventiva, pese a que esta medida era una opción que está prevista en el artículo 19 constitucional y en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para el delito de abuso sexual contra menores de edad.
La propia madre de la niña, que es quien acude al juzgado en su representación, pidió la palabra para argumentar por la prisión preventiva. Le habían explicado que tenía derecho a ser escuchada y no que solo hablaran sus abogados, pero asegura en entrevista que el juez la interrumpió varias veces sin dejarla terminar de exponer las intimidaciones que sufrieron mientras estaban desprotegidas porque anuló la audiencia, y que hasta cuando concedió la prohibición de que el acusado se acerque a su domicilio, lo hizo con actitud de ceder solo para que ya terminara.
Para ella, no es suficiente con esa medida porque considera que el presunto agresor puede ser peligroso: el matrimonio acabó cuando la golpeó y después de eso lo ha denunciado por amenazas y ataques constantes a un terreno que tiene, donde asegura que él ha causado destrozos y, aunque hay testigos, la policía no lo ha detenido porque cuando llegan, logra huir.
De hecho, el mismo día que Animal Político hizo público el caso ocurrieron dos cosas: el juzgado notificó horas después la nueva fecha para realizar la audiencia inicial, por un lado, y por el otro, Freddy acudió nuevamente a dicho terreno a intentar meterse por la fuerza, aunque ellas no estaban ahí porque por temor han estado quedándose en otros lugares para que no pueda localizarlas.
Pero la Ministerio Público le dijo a Valesa que para considerar ese hecho en la audiencia y que pudieran tener algún peso cuando se dictaran las medidas cautelares, tendría que presentar una nueva denuncia, lo cual implicaría abrir otro proceso legal, a pesar de que ya existe una carpeta de investigación por las agresiones previas. Un camino que ya no se sintió con fuerzas de recorrer una vez más desde el principio, en términos emocionales y económicos.
El peregrinar de Ale y su madre buscando justicia lleva ya tres años, desde que la niña a los 12 hizo conciencia de que los tocamientos que había vivido de parte de su padre adoptivo no eran normales y, por el contrario, eran un delito. Pero al presentar la denuncia en la Ciudad de México, donde vivían entonces y ocurrieron algunos abusos, la Fiscalía trasladó el caso a Morelos, donde fue el más grave y del que había más pruebas y testigos. Aun así, en el último año, entre suspensiones de labores por la pandemia de COVID-19 y aplazamientos pedidos por el acusado al no tener un representante del Consulado de Argentina, su país de origen, el caso no había avanzado.
Cuando por fin se citó a audiencia ya en 2021, cambió la persona que llevaría el caso por parte del Ministerio Público y las víctimas no fueron notificadas. Valesa se enteró gracias a que recibió apoyo del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM), donde además de informarle esa situación, le consiguieron una cita para que pudiera asegurarse de que la nueva encargada de la acusación estuviera familiarizada con el caso y revisar la carpeta con ella.
Más víctimas de hace años o décadas
Una cosa más ocurrió después de conocerse públicamente la investigación que hay contra Potenza: una mujer se puso en contacto con Animal Político para contar que también había sido víctima de Potenza hace décadas, y le llegaron a Ale y Valesa historias de otras personas que dicen haber sido testigos de actos de acoso a menores y otros presuntos delitos.
Además, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ofreció su apoyo para analizar si se puede reabrir la carpeta de investigación iniciada originalmente en esta entidad y contribuir en la búsqueda de información, ya que hay elementos que no se consideraron y otros hechos que Ale ha ido reviviendo en estos años. Ante el Consejo se han presentado al menos dos personas a dar su testimonio para asegurar que Potenza tiene un modus operandi desde hace décadas.
