Noticias de Yucatán.
El edificio del Poder Judicial Federal está en riesgo de demolición y los ministros de la Suprema Corte, los encargados de tutelar por el bien del inmueble, van de un lado a otro buscando alternativas para frenar la maquinaria o ganar tiempo. La reforma propuesta por el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador plantea echar la casa judicial abajo por completo y construir una nueva de cero. Los ministros han salido de la perplejidad que les trajo el arrollador triunfo de Morena el 2 de junio y muchos han asumido la reforma como un hecho inevitable. Ante la emergencia, han comenzado a reaccionar.
Un grupo mayoritario busca con apremio tender un puente de comunicación con el entorno de Claudia Sheinbaum para intentar convencer a la presidenta electa de los inconvenientes y peligros que entraña la elección masiva de cargos judiciales por voto popular, el punto medular de la reforma. Mientras, otro corro de ministros, aún minoritario, apunta a que el primer paso para conciliar un proyecto intermedio es que Norma Piña deje la presidencia del Supremo y en su lugar sea nombrada un nuevo titular de transición. Este grupo cree que entregar la cabeza de la presidenta puede ser aceptado por el morenismo más radical como un gesto de buena voluntad de la Corte, después de los desencuentros entre la jueza y López Obrador. Un par de ministros, en este tiempo, incluso ha evaluado renunciar antes de tiempo.
EL PAÍS reconstruye a través de las voces de ministros y asesores de la Corte y del Consejo de la Judicatura, que han hablado bajo condición de anonimato, cuáles han sido las maniobras de los actores centrales del Poder Judicial Federal en la pugna en torno a la última gran y polémica reforma de López Obrador.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo al Congreso destituye a 1.600 jueces, magistrados y ministros de un plumazo, para que sus lugares sean ocupados por otros elegidos por votación ciudadana en 2025. Este cambio significa destrozar el sistema de carrera judicial, instaurado en México en la reforma de 1994 y en el que los ascensos son escalonados y están determinados por cursos de formación y exámenes. En ese esquema, un taquígrafo puede llegar a convertirse en presidente de la Suprema Corte. Es la historia real del ministro Luis María Aguilar, que tiene 55 años en la judicatura y es el integrante más antiguo del Alto Tribunal. Por otro lado, según afirmaron los ministros en el Congreso el pasado jueves, el voto popular no solo no prioriza la formación de los postulantes, sino que abre la puerta a la lógica política, la del cabildeo, los eslóganes de campaña y las promesas vacías. La reforma propone también cambios profundos al funcionamiento del Poder Judicial —como reducir la SCJN de 11 a 9 integrantes o reestructurar el Consejo de la Judicatura—, pero el de la elección popular es el punto de quiebre.
Los integrantes del Supremo han visto en estos meses cómo se iban quedando sin tiempo. En una actuación que algunos ministros achacan a Piña: “Norma ha sido lenta”. Por un lado, apuntan, porque “no es hábil políticamente y no opera”, y por otro, porque “la presión del cargo la abrumó y la aisló”. En una entrevista con EL PAÍS, la primera que da a un medio de comunicación desde que tomó posesión, la presidenta de la Corte ha dicho que cree que todavía hay margen de maniobra: “Yo me voy a dejar la piel por mejorar la reforma. Ya estamos negociando. Estamos trabajando en nuestra propia propuesta”.
Tras el arrollador triunfo del 2 de junio, el presidente López Obrador endureció su postura de que el voto popular era innegociable, pero en los últimos días, tras la comparecencia de los ministros en la Corte, ha abierto la puerta a que otros aspectos de su iniciativa pudieran cambiar. No ha ayudado el enfrentamiento entre Piña y el exministro Arturo Zaldívar, asesor de Sheinbaum sobre la reforma judicial. A estas condiciones hay que añadir que el ala más purista de Morena, que lleva en el bolsillo el manual del obradorismo, ha ejercido presión sobre los próximos legisladores y sobre Sheinbaum para que no se desvíen del dictado del mandatario saliente. Pero las aguas se mueven.
En el círculo rojo de la presidenta electa hay voces que consideran necesario matizar los impactos de la iniciativa, según ha confirmado este periódico. Piña prepara un contraproyecto y algunos de los ministros cercanos a ella están buscando ir al encuentro de posibles nuevos aliados. El objetivo: salvar los muebles de una casa en llamas.
Querétaro y un presidente enojado
Es el 5 de febrero de 2023. La Constitución mexicana cumple 106 años y se han reunido en Querétaro todos los poderes del país para conmemorarlo. Norma Piña acaba de ser elegida presidenta de la Suprema Corte, la primera mujer en lograrlo. Empieza el acto de ceremonia y entra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Las cámaras disparan: Piña no se ha levantado para recibir al mandatario, sonríe y aplaude, pero sentada, frente al resto de figuras en pie. Ese mínimo instante congelado será decisivo para muchos de los consultados un año y medio más tarde, cuando las obras de demolición del Poder Judicial Federal ya han comenzado.
“El presidente nunca olvidó lo que sucedió en Querétaro”, cuentan desde la Suprema Corte, “estaba sinceramente enojado”. Una fuente del entorno cercano a López Obrador ha confirmado que en marzo de 2023, él ya aseguró que nunca iba a ir a la Corte a dialogar mientras Norma Piña fuera presidenta de la institución. Ahí mismo avisó ya de la reforma judicial, una idea que rondaba su cabeza desde hacía años. Piña, que ha reconocido que nunca ha tenido una conversación con el mandatario, fue advertida de esas intenciones.
Después llegó en abril la resolución de la Corte sobre la Guardia Nacional. El presidente había comunicado dentro del máximo tribunal la importancia que tenía este asunto para él. Incluso formaba parte de una lista que el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y Estela Ríos, la consejera jurídica del presidente, habían tratado de trasladar a Piña sin éxito. “Ella no se la recibió”, cuenta una ministra. El pleno no aprobó que la corporación pasara a formar parte de la Secretaría de Defensa, porque la Constitución señala que debe tener un mando civil. Esa votación ha sido confirmada en público y en privado como la que rompió de forma definitiva los puentes entre los dos poderes.
A cámara rápida desde entonces, López Obrador ordena a su equipo que “ni les contesten al teléfono”, Morena presenta en mayo la idea de una consulta popular de jueces, se critican sueldos y privilegios de la Corte, se aprueba eliminar los fideicomisos judiciales, Arturo Zaldívar renuncia y se une al equipo de Claudia Sheinbaum, Lenia Batres llega nombrada a dedo por el presidente, la propuesta de reforma judicial sale publicada, López Obrador llama a votar en masa por Morena para aprobar el plan C, Claudia Sheinbaum sale elegida el 2 de junio con el 60% de los votos, 30 puntos más que su adversaria, el partido guinda arrasa en el Congreso: la reforma judicial es, inevitablemente, una realidad.
Un Poder Judicial en ‘shock’
“Nunca vi posible este escenario. Nunca, jamás. Ni siquiera lo imaginé”, reconoce un ministro de la SCJN. Otra fuente del pleno del tribunal reconoce su “frustración” y “molestia” por haber avisado a Norma Piña de forma repetida de la necesidad de empezar a buscar diálogo, también de “procurar” políticamente: “Se le dijo mucho y no se hizo. Ahora se viene esta bomba”. “Antes de las elecciones, la presidenta de la Corte estaba muy risueña, el lunes 3 de junio fue la cruda”, dice una ministra. Después de las elecciones, el Poder Judicial Federal entró en shock.
Durante una semana, nada se movió dentro de la instancia de la que dependen 50.000 funcionarios. “La presidenta estaba muy desdibujada, nerviosa, ya solo llegaba, miraba sus asuntos, y salía, no hablaba con nadie”, dice una ministra. “Pasamos de la sorpresa a la depresión, a la indignación y a la resignación”, apunta otro. “Fue una semana de ajustes telúricos”, añade otra fuente. Al interior, crisis, emergencia, zozobra, incertidumbre total. En definitiva, un asesor resume: “La Corte era un velorio”.
El Consejo de la Judicatura Federal, también presidido por Piña —la presidenta va cada miércoles y viernes a la sede de Insurgentes Sur—, tardó más de una semana en enviar un correo electrónico a todos sus miembros, en el que pedía propuestas o ideas sobre la reforma. La primera reunión virtual de las 100 coordinaciones del Consejo tuvo lugar el 21 de junio, la presencial ha sido apenas esta semana. “Ha sido una respuesta muy tardía”, considera un integrante del CJF, “desde el 5 de febrero de 2023 había un margen, pero no ocurrió nada, no se aprovechó”. Esta fuente reconoce que dentro del Consejo crece la idea de que Piña ya no es la interlocutora válida para navegar la crisis, o al menos, para muchos otros, que ya no debe ser la única interlocutora.
Hace tiempo que un ministro pidió a Piña que enviase un mensaje interno a todos los trabajadores: “Que dijera que seguimos trabajando, que seguimos unidos, hasta donde se pueda”. La presidenta del Supremo no lo hizo hasta este miércoles. Esta no es la primera vez que la ministra tarda en posicionarse. “Norma ya fijemos posición”, le pedían sus compañeros desde hace días, “tienes que hablar, que salir, que poner otros elementos en la mesa”. Eso ha empezado esta misma semana.
Mientras, dentro del máximo tribunal de México han empezado a marcarse dos tendencias: un grupo minoritario de ministros que está moviendo cuerdas para destituir a la presidenta y otro, de mayoría y liderado por Piña, que está preparando una contrapropuesta y busca acercarse al equipo de la presidenta electa.
“¿Cómo quiere morir: a machetazos o con bisturí?”
“Esta reforma tiene nombre y apellidos”, apunta una ministra, que señala la actuación de Piña como “la responsable” de la situación a la que se ha llegado en la Corte. Menciona Querétaro, los mensajes a Alejandro Armenta, la cena con Alejandro Moreno e integrantes del Tribunal Electoral, también que no diera los fideicomisos a Acapulco como aseguró en una carta: “El presidente siempre está buscando un opositor, una bronca, y ella se puso de pelota”. Esta fuente apunta a que varios ministros consideran que Piña debe “hacerse a un lado” porque en un año y medio no pudo con el cargo: “Norma rompió el techo de cristal pero acabó con el edificio”.
Este grupo reconoce que la reforma judicial ya no se puede parar, solo “modularla”. “¿Cómo quieres morir: a machetazos o con bisturí?”, resume una fuente, que cree que la salida de Piña al menos permitiría que volviera el diálogo con el Ejecutivo y buscar un proyecto de unidad. Según fuentes de la Corte, la presidenta no tiene ninguna intención de “sacrificarse” en solitario.
Esta no es la opinión de la mayoría de los ministros, según ha confirmado EL PAÍS. “¿Nos van a correr a todos por correr a Piña? Se me hace fuera de toda proporición. No veo la relación entre que Norma Piña les caiga mal y que por eso todos los magistrados y jueces se elijan por voto popular. No la veo”, dice un ministro. “Ella es un elemento importante, pero no todo es por ella”, apunta otra fuente, que cree que sacrificar a Piña no serviría, porque no es ni siquiera lo que quiere el presidente. Uno de los 11 jueces más importantes del país afirma: “Esto es una vendetta, por la Guardia Nacional, porque Piña no se levantó, por la cena de Alito... todo se ha ido sumando, y se ha hecho una propuesta de reforma con coraje y con saña”.
Los ministros que han cerrado filas en torno a Piña son Juan González Alcántara, Javier Laynez, Jorge Pardo, Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se ha mantenido en una posición neutral, que le ha permitido navegar entre las dos aguas e incluso ser considerado parte del grupo minoritario como el posible relevo en la cabeza del Alto Tribunal. El grupo leal a Piña ha encargado a Laynez buscar un puente con el entorno de Sheinbaum, han dicho las fuentes.
Un interlocutor a lo seguro
La elección de este ministro como el interlocutor fue apostar a lo seguro. Laynez es un gran negociador. Su trayectoria en la función pública —con altos cargos en diferentes Gobiernos— lo avala. “Para ser magistrado y luego ministro tuvo el apoyo del PAN, el PRI y el PRD. Mucha gente que estaba en el PRD ahora está en Morena”, dice una fuente del Supremo. Los ministros de su grupo están leyendo las señales y buscan a la persona indicada del entorno de Sheinbaum para entregar de primera mano sus preocupaciones sobre la reforma. “Estamos siendo muy cautelosos en buscar con quién debemos acudir. Un error de cálculo puede ser garrafal”, dice un ministro.
Se barajó la posibilidad de acercarse a Juan Ramón de la Fuente, que será el próximo secretario de Exteriores y que tiene la reputación de ser un gran conciliador. Los ministros descartaron la opción cuando indagaron que él no tiene voz alguna sobre la reforma. Con Luisa María Alcalde, la actual secretaria de Gobernación y una de las principales formuladoras de la iniciativa judicial, ya hubo una conversación, confirman desde la Corte. Pero el encuentro no fue del todo sencillo, pues la funcionaria, dicen las fuentes, fue insistente en remarcar los privilegios de los ministros, a tono con el discurso de López Obrador.
Otra posibilidad que se evaluó fue el senador Ricardo Monreal, que es un buen negociador y además es profesor de Derecho Constitucional en la UNAM, pero han causado dudas sus posicionamientos políticos en defensa incluso de los puntos más débiles, en términos jurídicos, de la iniciativa. Las divisiones internas en el entorno de Sheinbaum han dificultado la misión de Laynez. El ministro consideró buscar a Salvador Nava, el abogado de Sheinbaum en los asuntos electorales; luego reculó cuando supo de la férrea rivalidad entre este abogado y Zaldívar.
El grupo de Piña decidió esperar a tener más claro el panorama para no dar un paso en falso. Los ministros esperan al movimiento que haga Sheinbaum sobre quién será su secretario (o secretaria) de Gobernación. Varias personas han sonado para ese cargo, y cada una entraña un escenario de negociación distinto.
La última semana clave
Al menos tres ministros han expresado que la reforma judicial no solo es desproporcionada, sino que, desde una perspectiva política, es innecesaria. En dos años y medio, cuatro ministros concluirán sus cargos y podrán ser reemplazados por jueces aprobados por la inmensa mayoría oficialista en el Congreso. Sumados a los votos de Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres (alfiles en la Corte de López Obrador), Sheinbaum tendrá en el Supremo la mayoría de votos. Además de que Morena y sus aliados tendrán en septiembre el poder de reformar la Constitución, y la oposición no cumplirá el requisito de tener un tercio de los votos en el Congreso para promover acciones de inconstitucionalidad. Es decir, cualquier reforma del oficialismo está blindada y la función de control constitucional del Supremo quedará naturalmente en desuso.
Los ministros observan también los aspectos contraproducentes de la reforma. Uno de ellos razona: si la propuesta de López Obrador ha diagnosticado que la cura a la corrupción judicial es el voto popular, el primer caso de un juez corrupto surgido de las urnas será un golpe demoledor para el oficialismo. El otro ministro habla de las presiones a que estarán sometidos, por ejemplo, los aspirantes a jueces mercantiles o administrativos por parte de los grandes despachos de abogados. “No hemos visto los verdaderos efectos de la reforma en el valor del peso”, apunta. “Si un gran inversionista ve que no hay una sola controversia que pueda ganar contra el Estado mexicano, ¿qué confianza tendrá para invertir su capital?”, observa. El grupo de Piña ha encargado a Laynez hacer notar estos razonamientos, confiando en la formación de Sheinbaum como una científica que toma decisiones a partir de datos, lógicas más que políticas.
Mientras el esperado encuentro ocurre, los jueces más importantes del país preparan el escenario más inmediato. La presidenta de la Corte cree que todavía hay tiempo, una impresión que comparte otra fuente: “Es muy difícil y un mal momento, porque ya llegó la tormenta, pero esto no está perdido hasta que se pierde”. Otros ministros están resignados a marcharse: “Me duele en los huesos”.
Los ministros Luis María Aguilar y Jorge Pardo han compartido en confianza a sus colegas que han valorado presentar su renuncia anticipada para poder conservar su “haber por retiro”, una jubilación con prestaciones superiores a la ley a la que tienen derecho después de una vida en el Poder Judicial. Aguilar está a cinco meses de concluir su periodo de 15 años; Pardo, a un año y medio. El problema para estos ministros es que su renuncia debe ser aprobada por el Senado, dominado por el oficialismo. No lo tendrán fácil si decidiesen dar ese paso, sobre todo Aguilar, considerado por López Obrador un enemigo.
Las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz han expresado su despreocupación por la jubilación. El haber por retiro es proporcional al tiempo laborado en la Suprema Corte, y ambas fueron nombradas hace relativamente pocos años. Sin embargo, ambas juezas confían en que se retire de la iniciativa de López Obrador el candado que impide a los actuales ministros postularse a la eventual elección. Eliminado ese impedimento, Esquivel y Ortiz esperan ser rescatadas por el oficialismo y aparecer en las listas que Sheinbaum o el Legislativo podrán presentar a los votantes.
Los 11 jueces del Supremo acudieron esta semana al Congreso, a defender su investidura y la de más de 1.600 jueces y magistrados. La imagen fue poderosa. Los ministros, casi todo el tiempo encerrados en el edificio de la Corte, salieron a dar la cara ante los legisladores. Los jueces aprovecharon la oportunidad para expresar sus preocupaciones y deslizar sus propuestas de cambio a la iniciativa de López Obrador, confiando poco en que serían tomadas en cuenta. Uno de los ministros más resignados dice que vio en el foro del Congreso una oportunidad “para desahogarse”. Al menos.
EL PAÍS
