Inusitada liberación y denuncia por el caso Hocabá

10 junio 2010
Noticias de Yucatán

(represión, injusticia, abuso, denuncias electorales)
10/06/2010

Pese a que la Procuraduría del gobierno del Estado los acusó de delitos graves relacionados con el proceso electoral, los siete detenidos en la comisaría meridana de Komchén una semana antes de los comicios del 16 de mayo fueron liberados ayer con tal celeridad que motivó el comentario con cierta ironía de que “ahora sí hubo justicia pronta y expedita”.

Los trámites para la liberación en el Juzgado 8o. Penal se realizaron en menos de dos horas y media, tiempo en el que los acusados de tratar de violentar el proceso electoral por órdenes de líderes del PAN pasaron de arraigados a liberados bajo fianza.

La Procuraduría acusó a los detenidos de asociación delictuosa, robo y transporte de bien robado (éste delito es grave). Las órdenes de aprehensión que se expidieron sólo fueron por asociación delictuosa, aunque no se precisó el delito.

Luego de que permanecieron justamente un mes detenidos, se determinó que no hay elementos del robo ni de algún otro delito grave, de tal modo que pudieron salir bajo fianza de $6,500, con excepción de uno que pagó $8,000 porque fumó mariguana y manejaba un vehículo.

En otro aspecto del proceso comicial, el Tribunal Electoral del Estado ordenó ayer al Consejo General Electoral del Estado que en 48 horas reponga el proceso de cómputo de la elección de Hocabá, que no pudo hacer el consejo municipal debido a una serie de hechos de violencia, que también fueron denunciados. Lo más grave en Hocabá fue el robo de documentos electorales, dijo un funcionario del Consejo.


Libres en menos de tres horas
Hermetismo en la rápida liberación del “grupo de choque”
10/06/2010

Hermetismo, apuros y cambios legales rodearon la rápida liberación del “grupo de choque” que supuestamente contrató el PAN para desestabilizar las elecciones del domingo 16 de mayo.

En menos de dos horas y media, los acusados pasaron de arraigados a liberados bajo fianza.

Con celeridad se llevaron al cabo los trámites pertinentes en el Juzgado 8o. Penal en horas de la tarde del miércoles.

De acuerdo con información oficial, la detención del “grupo de choque” fue la noche del sábado 8 en Komchén, porque los inculpados presuntamente amenazaban a priistas de comisarías si no votaban por el PAN.

La aprehensión estuvo a cargo de la SSP y se siguieron las indagatorias en la Procuraduría.

Con la sospecha de que cometieron graves delitos los siete acusados fueron arraigados.

Al terminar sus investigaciones la Procuraduría consignó el caso a ese juzgado por asociación delictuosa, robo y transporte de bien robado (éste delito es grave).

Sin embargo, las órdenes de aprehensión se expidieron sólo por asociación delictuosa, aunque no se precisa el delito que habrían cometido.

Se determinó que no hay elementos del robo ni de algún otro delito grave.

Los detenidos son José Francisco Ávila López, Sergio Pérez Mijangos, Manuel Rubio Arcila, Michel y Hugo Caballero Rodríguez, Joan Rodríguez Torres y José Antonio Delgado Reyes.

El PAN admitió que los hermanos Caballero Rodríguez llegaron a Mérida para colaborar en la campaña y agregó que indebidamente fueron detenidos.

Sin delito grave Al no haber un delito grave, los acusados recuperaron su libertad previa fianza de $6,500, con excepción de Rubio Avila quien pagó $8,000 porque fumó mariguana y manejaba un vehículo.

Poco después de las tres de la tarde de ayer los siete acusados fueron llamados al Juzgado 8o. previo ingreso al Cereso.

En 15 minutos se recibió a cada uno su declaración preparatoria, en la que coincidentemente sólo expresaron “me ratifico” a un acta del Ministerio Público. A las 5:30 de la tarde todos estaban libres y el comentario es que de inmediato saldrían de Mérida.

Dos de los acusados involucraron a Luis Montoya Martínez, ex presidente estatal del PAN. Se desconoce si se seguirá expediente contra el ex dirigente de ese partido.

La rapidez con que se hicieron los trámites mereció que un veterano litigante comentara que en esta ocasión se cumplió con el principio de “Justicia pronta y expedita”, lo que normalmente no ocurre en los juzgados.

La fiscalía puede apelar el caso.

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