Noticias de Yucatán
Prometen diputados y legisladores que le darán seguimiento
28/07/2010
“El único interés que tenemos en Ucú es que se cumpla la ley y que las autoridades estatales rindan cuentas a la sociedad”, afirmó la ex diputada panista Patricia Gamboa Wong.
“Los que tienen fuertes intereses económicos y políticos en este caso no somos nosotros, sino los funcionarios del gobierno del Estado y sus allegados”, replicó la ex procuradora del DIF al responder a las críticas del asesor del ejido Luis Fernando Pérez Escalante.
“Es un caso difícil, lo sabemos, los tentáculos de la corrupción pueden llegar hasta las más altas esferas del gobierno, pero nosotros seguiremos en la lucha por el respeto a la ley”, indicó la ex coordinadora de la bancada panista del Congreso.
Al dar su versión de la polémica operación, Pérez Escalante afirmó, como publicamos, que en breve obtendrán el dominio pleno y los títulos de propiedad para concretar la venta de las 3,012 hectáreas del ejido.
“Eso está por verse”, señaló Patricia Gamboa.
“Hasta donde sabemos el proceso está detenido porque se encontraron irregularidades, en particular violaciones a la Ley Agraria, por tratarse de tierras forestales que no son sujetas de compraventa —recalcó—. Esperamos que las autoridades estatales no sigan cayendo en ilegalidades ni en actos de corrupción”.
Patricia Gamboa y el senador suplente Hugo Laviada Molina interpusieron ante la Procuraduría una denuncia por peculado y prestación indebida del servicio público contra los involucrados en la compraventa de Ucú.
Los denunciantes afirmaron que hay un desvío de $343 millones, ya que el Ejecutivo pagó por un bien que no tiene en propiedad hasta hoy.
“De acuerdo con la ley no pueden comprarlas. Tampoco las podrían utilizar por ser reservas forestales”, reiteró la abogada Gamboa Wong.
“Haciendo a un lado sus críticas, el asesor de Ucú sólo vino a enredar más con su versión el caso Ucú. El dice que el IVEY es el que paga a los ejidatarios, pero ¿por qué el IVEY si el que pidió el préstamo para las tierras es el Ejecutivo? Jurídicamente son dos intancias diferentes.
“¿Hay traslape de responsabilidades o simplemente les vale gorro la ley? Si el Ejecutivo pidió el crédito, es el que debería estar pagando a los ejidatarios, no el IVEY”, advirtió la abogada.
“Otra mentira que saca a relucir el asesor es que este gobierno sí usó un intermediario en la operación de Ucú. Se habían ufanado de que ellos no lo estaban haciendo, como, según dijeron, lo hizo el gobierno anterior.
“El propio Pérez Escalante reveló que el gobierno del Estado le paga una comisión.
“El asesor puede decir que están por obtener los títulos de propiedad de las tierras, pero habrá que esperar. Aunque, claro, se podría esperar todo, ya no nos asusta nada.
“En este momento los hechos hablan: el Ejecutivo ya pagó por unas tierras que no tiene, nadie tiene los títulos de propiedad. No crean que porque ya no estamos en funciones vamos a dejar las cosas como están.
“Los diputados actuales y los legisladores federales del PAN le van a dar seguimiento a este caso de peculado y prestación indebida del servicio público”, subrayó la ex diputada panista.
“Los que tienen fuertes intereses económicos y políticos en este caso no somos nosotros, sino los funcionarios del gobierno del Estado y sus allegados”, replicó la ex procuradora del DIF al responder a las críticas del asesor del ejido Luis Fernando Pérez Escalante.
“Es un caso difícil, lo sabemos, los tentáculos de la corrupción pueden llegar hasta las más altas esferas del gobierno, pero nosotros seguiremos en la lucha por el respeto a la ley”, indicó la ex coordinadora de la bancada panista del Congreso.
Al dar su versión de la polémica operación, Pérez Escalante afirmó, como publicamos, que en breve obtendrán el dominio pleno y los títulos de propiedad para concretar la venta de las 3,012 hectáreas del ejido.
“Eso está por verse”, señaló Patricia Gamboa.
“Hasta donde sabemos el proceso está detenido porque se encontraron irregularidades, en particular violaciones a la Ley Agraria, por tratarse de tierras forestales que no son sujetas de compraventa —recalcó—. Esperamos que las autoridades estatales no sigan cayendo en ilegalidades ni en actos de corrupción”.
Patricia Gamboa y el senador suplente Hugo Laviada Molina interpusieron ante la Procuraduría una denuncia por peculado y prestación indebida del servicio público contra los involucrados en la compraventa de Ucú.
Los denunciantes afirmaron que hay un desvío de $343 millones, ya que el Ejecutivo pagó por un bien que no tiene en propiedad hasta hoy.
“De acuerdo con la ley no pueden comprarlas. Tampoco las podrían utilizar por ser reservas forestales”, reiteró la abogada Gamboa Wong.
“Haciendo a un lado sus críticas, el asesor de Ucú sólo vino a enredar más con su versión el caso Ucú. El dice que el IVEY es el que paga a los ejidatarios, pero ¿por qué el IVEY si el que pidió el préstamo para las tierras es el Ejecutivo? Jurídicamente son dos intancias diferentes.
“¿Hay traslape de responsabilidades o simplemente les vale gorro la ley? Si el Ejecutivo pidió el crédito, es el que debería estar pagando a los ejidatarios, no el IVEY”, advirtió la abogada.
“Otra mentira que saca a relucir el asesor es que este gobierno sí usó un intermediario en la operación de Ucú. Se habían ufanado de que ellos no lo estaban haciendo, como, según dijeron, lo hizo el gobierno anterior.
“El propio Pérez Escalante reveló que el gobierno del Estado le paga una comisión.
“El asesor puede decir que están por obtener los títulos de propiedad de las tierras, pero habrá que esperar. Aunque, claro, se podría esperar todo, ya no nos asusta nada.
“En este momento los hechos hablan: el Ejecutivo ya pagó por unas tierras que no tiene, nadie tiene los títulos de propiedad. No crean que porque ya no estamos en funciones vamos a dejar las cosas como están.
“Los diputados actuales y los legisladores federales del PAN le van a dar seguimiento a este caso de peculado y prestación indebida del servicio público”, subrayó la ex diputada panista.
