En un episodio más del caso Ucú, el gobierno del Estado canceló ayer el pago de $11.7 millones a los ejidatarios y posesionarios por la pretendida compra de 3,012 hectáreas del ejido.
La suspensión causó malestar e inconformidad entre los campesinos, quienes señalaron que se trató de una mentira más del Ejecutivo, pues ya son varias veces que les fijan una fecha de pago y no les cumplen.
Visiblemente enojados, varios ejidatarios se quejaron de que, además de que no les pagaron, perdieron un día de trabajo, ya que pidieron permiso para estar en la asamblea.
Los cantineros y comerciantes se quedaron frotando las manos, pues la esperada derrama nunca llegó. No hubo fiesta ni borrachera en Ucú, como había anticipado Eleucadio Osorio Dzul.
Reunidos a las puertas del comisariado ejidal, el presidente del ejido, Antonio Euán Dzul, aclaró que el que les ofreció el pago fue Alfredo Pérez Ontiveros, director jurídico del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), no su asesor Luis Fernando Pérez Escalante.
Arsenio Pech Noh, uno de los posesionarios, confirmó que ese funcionario del IVEY les prometió pagar ayer, aunque en una llamada telefónica que, según dijo, le hizo anteayer a las 15 horas, notó que dudaba Pérez Ontiveros.
Los inconformes, encabezados por su comisario, acordaron trasladarse al IVEY para entrevistarse con el director jurídico. Ahí se les unió su asesor Pérez Escalante. En la junta, a puerta cerrada, participó también Pablo Castro Alcocer, subconsejero de Servicios Legales y Vinculación Institucional de la Consejería Jurídica del Ejecutivo.
Al terminar la reunión, el comisario informó que los funcionarios se comprometieron a pagarles, sin falta, en 15 días.
“El que ofreció pagar es el IVEY y si no cumple, lo demandaremos”, advirtió su asesor Pérez Escalante, quien dijo que no tolerarán más prórrogas.
El polémico asesor indicó también que ya están por obtener el dominio pleno de las tierras en pugna.
Señalado como intermediario de la cuestionada compraventa, el empresario de bienes raíces indicó que tienen en su poder el oficio DGR/DP-093/10, fechado en la ciudad de México y dirigido a Juan Ermilo del Ángel Ávila, jefe de inscripciones del RAN, en ausencia del titular, en el que se hace constar que es procedente la expedición de títulos de propiedad, lo que les permitiría finiquitar la enajenación de las 3,012 hectáreas a favor del gobierno del Estado.
“Nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte del trato, somos los que hemos hecho todos los trámites. Por eso exigimos que se pague el saldo a los ejidatarios de Ucú”, recalcó Pérez Escalante.
Contra lo que había ofrecido, como informamos en la primera plana, el gobierno del Estado no pagó ayer el finiquito de $11.7 millones a los 176 ejidatarios y 180 posesionarios, quienes se quejaron de un nuevo engaño del Ejecutivo, ya que ha ocurrido lo mismo en otras ocasiones.
Las quejas afloraron primero contra Pérez Escalante, pero luego el comisario ejidal, Antonio Euán Dzul, aclaró que el que se comprometió a pagarles fue Alfredo Pérez Ontiveros, director jurídico del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), sobre quien se enfilaron después las protestas.
Se quejaron de que ningún funcionario del Ejecutivo acudió a dar la cara y explicarles el motivo de la suspensión del pago. “Si no nos iban a pagar debieron avisarnos por lo menos dos días antes, no a la hora; mientras, ya perdimos un día de trabajo”, se quejó Arsenio Pech Noh, uno de los posesionarios, quien afirmó que un día antes se comunicó por teléfono con Pérez Ontiveros y éste no le dijo que se había cancelado el pago.
Los inconformes decidieron acudir a las oficinas del IVEY a reclamarle al funcionario el incumplimiento en el pago y exigir que les fijen nueva fecha.
“Yo veo mal todo”, señaló María Teófila Pech Fuentes, viuda del ejidatario Marcelo Burgos Novelo. “Somos pobres, pero no por eso vamos a permitir que el gobierno se burle de nosotros”.
“El dinero del saldo debe estar en el banco y está generando intereses. ¿Quién se lo estará 'clavando'?”, indicó la mujer.
En la reunión del IVEY, ante la presión de los campesinos, Alfredo Pérez y Pablo Castro Alcocer, funcionario de la Consejería Jurídica, ofrecieron pagar el faltante en 15 días, aunque sin dar fecha exacta.
