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El dirigente y la regidora Lizette Mimenza Herrera coincidieron en que esperan que cualquier ciudadano haga uso de sus derechos y también denuncie a los malos funcionarios.
Se anexa a la demanda el reporte de cuentas proporcionado por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (Umaipe), en el que se puede constatar que la línea camionera del funcionario recibió $52 millones en menos de cuatro años por transporte de personas a eventos oficiales, incluyendo actos de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
La jefa del Ejecutivo, como ya informamos, dijo que no estaba enterada de esos pagos, pero que "con mucho gusto" ordenaría una investigación.
"Esta denuncia es un primer paso, es una ayudadita a la gobernadora, que ya ofreció investigar", subrayó Hugo Sánchez luego de la presentación de la denuncia ayer.
Lizette Mimenza y Kirbey Herrera indicaron que en el caso del subsecretario hay evidentes actos de corrupción, mal manejo de recursos y, probablemente, enriquecimiento ilícito.
Actos y omisiones
La demanda, en 33 hojas, fue presentada a las 9:50 de la mañana en la oficialía de partes de la Contraloría General, que está a cargo de José Luis Peniche Patrón.
Acompañaron a los regidores y a Hugo Sánchez el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Rodolfo González Crespo; la diputada federal María Yolanda Valencia Vales; Orlando Pérez Moguel, representante de Acción Nacional ante el Consejo General del Ipepac, y Renán Alberto Erosa Osorio, asesor jurídico de Herrera Chab.
En el memorial se indica que González Canto ha cometido actos u omisiones que han afectado "la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió de observar en el desempeño de sus funciones".
Otros puntos medulares de la demanda son:
-Con su cargo de alto nivel, el subsecretario tiene recursos públicos bajo su administración y ejecución. Por tanto, estamos ante un indudable ilícito, tipificado no sólo por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, sino por la propia Constitución Política y el Código Penal del Estado.
-La sola suma de los pagos al subsecretario, de $52 millones, amerita un profundo análisis y fiscalización. De los conceptos descritos para justificar los egresos se desprenden otras ilegalidades, como el hecho de que se lleve gente "para nutrir los eventos de la gobernadora" con el correspondiente costo económico a cargo de los ciudadanos y en beneficio único y exclusivo de Marco Antonio González, sus socios de Urbanos de Mérida y, "¿por qué no?, de la propia titular del Ejecutivo, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco".
Destitución y denuncia
Más adelante se indica que "resulta totalmente procedente" la denuncia y, por tanto, la Contraloría "debe proceder a destituir de su cargo a dicho subsecretario e interponer inmediatamente ante la Fiscalía General del Estado denuncia penal, por la comisión del delito que corresponda".
No obstante, también se señala que en caso de que la Contraloría considere que las pruebas no son suficientes o no procede la solicitud, turne la denuncia -"a manera de suplencia"- "a quien deba conocer de ellas por razón de competencia y, en su calidad de órgano garante de la estricta vigilancia del buen desempeño de los funcionarios públicos del gobierno del Estado, sea coadyuvante en la denuncia de mérito hasta la sentencia que encuentre culpable por delito o sanción correspondiente" a González Canto.- Ángel Noh Estrada
Los pagos por acarreo
1) Al menos en el papel, el principal prestador de servicios "de transportación" al gobierno del Estado desde el inicio del mandato de Ivonne Ortega es Urbanos de Mérida, empresa de la que el subsecretario Marco Antonio González Canto es presidente del consejo de administración.
Por ley, el funcionario no puede ser proveedor del Ejecutivo.
2) Por razones de su encargo, González Canto dispone de recursos públicos. En este punto residen más presuntas ilegalidades, pues su empresa ha resultado ampliamente beneficiada con el pago de más de 52 millones de pesos hasta el 30 de abril de este año. Con los cobros pendientes, los beneficios para Urbanos de Mérida llegarán a más de 71 millones de pesos.
3) Los pagos fueron autorizados por el secretario de Hacienda, Juan Gabriel Ricalde Ramírez. Ivonne Ortega declaró el martes pasado que no estaba enterada de esos egresos, pero asesores panistas dicen que no es posible que "se saque" tal cantidad sin que al menos lo sepa la gobernadora.
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Además, hasta esa fecha había cuentas pendientes de cobro, de más de 18 millones de pesos.
La denuncia en la Contraloría fue presentada por los regidores Lizette Mimenza Herrera y Kirbey Herrera Chab, a quienes acompañaron, entre otros, los presidentes de los comités estatal y municipal del PAN, Hugo Sánchez Camargo y Rodolfo González Crespo
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