Noticias de Yucatán
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Una queja por los Cendis revive el caso de una deuda
Una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) dio pie ayer a nueva petición de que se aclare la situación financiera del Isstey.
“Que nos digan a dónde fueron a parar los recursos que el gobierno del Estado retuvo y no entregó al instituto durante la administración de Ivonne Ortega Pacheco”, subrayó el diputado Mauricio Vila Dosal a las puertas de la Comisión.
“El Isstey tiene un quebranto muy grande. Sólo en cuotas que el gobierno anterior no entregó al instituto hay de 1,000 a 1,200 millones de pesos. Ese desfalco tiene nombres y apellidos. Coincidentemente, quien era jefe del despacho de la gobernadora (Ulises Carrillo Cabrera) es ahora director de la dependencia”.
El 4 de abril pasado publicamos que entre 2008 y 2012, durante la gestión de Ivonne Ortega, se desviaron cerca de $1,650 millones del Isstey. Según documentos oficiales, el gobierno cobró a sus trabajadores las cuotas que deben pagar al instituto y los abonos de quienes pidieron préstamos, pero no entregó el dinero. Tampoco pagó sus propias cuotas.
Vila Dosal se presentó a la Codhey para interponer una queja a nombre de madres trabajadoras del gobierno, quienes, según explicó, le plantearon su malestar por la próxima cancelación del nivel de preescolar en los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis). Atribuyó la medida a los apuros del Isstey.
“Atentado” a los burócratas
Unas 2 mil familias afectadas por una medida del Isstey
De 1,500 a 2,000 familias resultan afectadas por la cancelación del servicio de preescolar en el Isstey, una medida que es violatoria de los derechos de las madres trabajadoras del gobierno del Estado, declaró el diputado Mauricio Vila Dosal.
En breve entrevista al salir de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), donde presentó una queja a solicitud de las madres afectadas, el legislador calificó de atentado a los derechohabientes la decisión del Isstey y recalcó su convicción de que ésta tiene su origen en los problemas económicos del instituto.
Vila Dosal entregó a la Codhey un memorial en el que relata los motivos de la queja y los preceptos legales, algunos basados en tratados internacionales, que la sustentan.
Según explica en el documento, madres de familia afectadas le solicitaron su intervención después de acudir a oficinas del Isstey para pedir información o solicitar la inscripción de sus hijos al nivel de preescolar en el próximo ciclo.
Los encargados de la dependencia les informaron que ya no era posible la inscripción porque se modificaron las normas, lo cual, según indica Mauricio Vila, es falso.
“Esta medida viola la Constitución Política de México y varios tratados internacionales suscritos por nuestra nación”, añade. “También fomenta la discriminación al género femenino y a los menores, que están considerados como grupos vulnerables”.
“También contradice el reglamento del Cendi, que en su artículo 4 dice: ‘Los menores podrán ingresar desde la etapa de lactantes y hasta que concluyan su educación pre-escolar’”.El diputado panista agrega que no se cumple el artículo 20 del reglamento del Cendi, donde se mencionan tres casos en los cuales se suspendería el servicio y en ninguno de ellos se incluye que estas medidas se adoptarán para reducir la deuda que se contrajo en pasadas administraciones, de manera que la arbitrariedad en su ejecución “es totalmente violatoria de las garantías básicas del ser humano, tal como menciona el director del Isstey en repetidas ocasiones en que ha declarado a la prensa”.También dice lo siguiente:”A simple vista es notorio que la Seguridad Social, como garantía de respeto a los derechos humanos, está en franca debacle por parte de la institución encargada de brindarla en Yucatán, el Isstey. La protección de los medios de subsistencia, las prestaciones económicas y servicios sociales son una faltante diaria en esta institución.”El Estado tiene la obligación de proporcionar la seguridad social mediante el servicio público, que se encarga de suministrar el esquema de protección en la forma y términos que establece la ley. Este servicio público es: nacional, definido, contributivo y eminentemente obligatorio”.Posteriormente el diputado local declaró que esperará la respuesta de la Codhey en los plazos legales. En caso de que no sea así recurrirá a otras instancias, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).También afirmó que presentó la queja a nombre de las madres trabajadoras porque éstas han sido amenazadas con el despido laboral si hacen pública su inconformidad.-
