Noticias de Yucatán
El drama de la familia del ex boxeador José Ernesto Tzuc Mendicuti tiene nueva arista: un sentenciado por el homicidio de un hijo del púgil, que hace unas semanas se quitó la vida, fue liberado por fallas en la investigación y el juicio que se le siguió.
Como informamos, Tzuc Mendicuti se disparó a principios de septiembre. Sus familiares indicaron que pasaba por una depresión.
Hace poco más de cinco años, a principios de 2010, un hijo del occiso, Francisco Alejandro Tzuc Martínez, alias “Panchito”, fue ultimado por pandilleros en aparente ajuste de cuentas.
Por ese crimen, registrado en varios puntos del sur de la ciudad y culminado en la col. Obrera, se procesó a varios integrantes de la pandilla, entre éstos a Alejandro Padilla Sosa, condenado por el Juzgado 3o. Penal (desaparecido) a 35 años de prisión; las condenas variaron de 40 a 25 años.
Todos los sentenciados, excepto Padilla Sosa, prácticamente se han “conformado” con la condena y no han utilizado último recurso, el amparo.
El litigante Juan Manuel Cen Alonzo promovió el juicio de garantías a favor de Padilla Sosa, quien así recuperó su libertad, ya que las autoridades federales hicieron notar una serie de irregularidades en las detenciones por policías de la SSP y la Procuraduría de Justicia, ahora Fiscalía General.
También se hizo notar la obtención ilegal de pruebas y otras irregularidades en el proceso, incluyendo inadecuada valoración de los hechos, como el que Padilla Sosa no tuvo acuerdo con sus coacusados de cometer el homicidio que le atribuyen.
Tampoco fue detenido en sitio cercano a los hechos, como relataron las autoridades en la aprehensión.
El joven ultimado, de 17 años, fue torturado antes de que lo mataran. Su cuerpo fue hallado en la Obrera, donde se desplegaron policías para detener a integrantes de la banda sin que hubiera orden de un juez. También fueron arraigados.
Por la liberación hubo un último recurso del Ministerio Público, una inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia, órgano superior en materia judicial que no modificó el amparo concedido por las violaciones a los derechos humanos.
El drama de la familia del ex boxeador José Ernesto Tzuc Mendicuti tiene nueva arista: un sentenciado por el homicidio de un hijo del púgil, que hace unas semanas se quitó la vida, fue liberado por fallas en la investigación y el juicio que se le siguió.
Como informamos, Tzuc Mendicuti se disparó a principios de septiembre. Sus familiares indicaron que pasaba por una depresión.
Hace poco más de cinco años, a principios de 2010, un hijo del occiso, Francisco Alejandro Tzuc Martínez, alias “Panchito”, fue ultimado por pandilleros en aparente ajuste de cuentas.
Por ese crimen, registrado en varios puntos del sur de la ciudad y culminado en la col. Obrera, se procesó a varios integrantes de la pandilla, entre éstos a Alejandro Padilla Sosa, condenado por el Juzgado 3o. Penal (desaparecido) a 35 años de prisión; las condenas variaron de 40 a 25 años.
Todos los sentenciados, excepto Padilla Sosa, prácticamente se han “conformado” con la condena y no han utilizado último recurso, el amparo.
El litigante Juan Manuel Cen Alonzo promovió el juicio de garantías a favor de Padilla Sosa, quien así recuperó su libertad, ya que las autoridades federales hicieron notar una serie de irregularidades en las detenciones por policías de la SSP y la Procuraduría de Justicia, ahora Fiscalía General.
También se hizo notar la obtención ilegal de pruebas y otras irregularidades en el proceso, incluyendo inadecuada valoración de los hechos, como el que Padilla Sosa no tuvo acuerdo con sus coacusados de cometer el homicidio que le atribuyen.
Tampoco fue detenido en sitio cercano a los hechos, como relataron las autoridades en la aprehensión.
El joven ultimado, de 17 años, fue torturado antes de que lo mataran. Su cuerpo fue hallado en la Obrera, donde se desplegaron policías para detener a integrantes de la banda sin que hubiera orden de un juez. También fueron arraigados.
Por la liberación hubo un último recurso del Ministerio Público, una inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia, órgano superior en materia judicial que no modificó el amparo concedido por las violaciones a los derechos humanos.
