Noticias de Yucatán
Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).– La Cámara de Diputados tiene congelados 288 expedientes de solicitudes de juicios políticos contra altos funcionarios como el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, el ex Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz y el ex Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, denunció el Diputado del del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Omar Ortega Álvarez.
El legislador propuso un punto de acuerdo en el que exhorta a la Secretaría General de la Cámara Baja a cumplir con dicha obligación, ya que dijo, que desde la LX legislatura a la fecha los expedientes no han sido turnados a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia.
En agosto pasado, el grupo parlamentario del PRD presentó ante la Comisión Permanente una demanda de juicio político contra el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por violaciones constitucionales graves en materia de derechos humanos, leyes sobre protección de víctimas y de seguridad pública.
El 24 de septiembre se interpuso un proceso contra el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, debido a que en uso de sus responsabilidades afectó la legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad que debió observar en el desempeño de su cargo como servidor público.
Ambos expedientes forman parte del paquete que no ha sido entregado a las comisiones correspondientes, a pesar de cumplir con lo estipulado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que dicta que una vez ratificado el escrito, la Secretaría General de la Cámara de Diputados lo turnará a las Comisiones que correspondan, para la tramitación debida.
“Solicitamos que haya transparencia respecto a los asuntos que son parte de nuestra responsabilidad constitucional y legal para que podamos cumplir con nuestras obligaciones”, dijo el legislador en un comunicado.
Recordó que luego de un amparo promovido por un ciudadano en contra de la Cámara de Diputados por su negativa a dar trámite a su solicitud de juicio político en contra del ex Gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, un juez emplazó a cumplir con la orden, la cual no ha sido resuelta y coloca al órgano legislativo en desacato.
“Debemos desterrar esa inercia de negligencia y opacidad que ha imperado en los últimos años”, expresó el legislador.
JUICIO POLÍTICO SIN RESULTADOS
En septiembre pasado, en respuesta a una solicitud de información de SinEmbargo, la Cámara de Diputados reportó que un total de 84 peticiones de juicio político se quedaron en los archivos acumulando polvo de la Comisión Jurisdiccional, encargada de revisar y eventualmente aprobar estas solicitudes político-jurídicas para preservar los derechos de los ciudadanos.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados respondió a la solicitud con número de folio 1831/2015 que:
“… a partir del primero de agosto de 2012, se presentaron un total de ochenta y cuatro demandas de juicio político”, las cuales de dividen de la siguiente forma: –64 denuncias recibidas y ratificadas, cuyo estatus es “Pendientes de resolver por la Subcomisión de Examen Previo”. –20 denuncias de juicio político que fueron presentadas, pero que no fueron ratificadas.
La Cámara de Diputados se reservó el nombre de todos los servidores públicos a quienes se demandó, bajo el argumento de que “la información relativa a los juicios políticos pendientes de resolución se encuentra reservada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracciones IV y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”.
Derivado de solicitudes de información similares, se sabe que durante la LX Legislatura –que funcionó de 2006 a 2009–, la Cámara de Diputados recibió 128 demandas de juicio político.
En 10 solicitudes hubo declaración de procedencia, pero se informó que se encontraban “pendientes de ser resueltas por la Sección Instructora”. Asimismo, durante la LXI Legislatura (2009 a 2012) se recibieron 95 demandas, que fueron ratificadas, pero quedaron “pendientes de ser resueltas”.
La Comisión Jurisdiccional de la LXII Legislatura estuvo presidida por el Diputado José Rangel Espinosa y fue integrada por el legislador priista Manuel Añorve Baños, y el panista Rubén Camarillo Ortega.
José Rangel Espinosa, mejor conocido como el “Dipucharola” por haber colocado una placa con el logo de la Cámara de Diputados a su automóvil Mercedes Benz, valuado aproximadamente en 1 millón de pesos.
–Con información de David Martínez Huerta
Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).– La Cámara de Diputados tiene congelados 288 expedientes de solicitudes de juicios políticos contra altos funcionarios como el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, el ex Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz y el ex Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, denunció el Diputado del del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Omar Ortega Álvarez.
El legislador propuso un punto de acuerdo en el que exhorta a la Secretaría General de la Cámara Baja a cumplir con dicha obligación, ya que dijo, que desde la LX legislatura a la fecha los expedientes no han sido turnados a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia.
En agosto pasado, el grupo parlamentario del PRD presentó ante la Comisión Permanente una demanda de juicio político contra el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por violaciones constitucionales graves en materia de derechos humanos, leyes sobre protección de víctimas y de seguridad pública.
El 24 de septiembre se interpuso un proceso contra el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, debido a que en uso de sus responsabilidades afectó la legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad que debió observar en el desempeño de su cargo como servidor público.
Ambos expedientes forman parte del paquete que no ha sido entregado a las comisiones correspondientes, a pesar de cumplir con lo estipulado en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que dicta que una vez ratificado el escrito, la Secretaría General de la Cámara de Diputados lo turnará a las Comisiones que correspondan, para la tramitación debida.
“Solicitamos que haya transparencia respecto a los asuntos que son parte de nuestra responsabilidad constitucional y legal para que podamos cumplir con nuestras obligaciones”, dijo el legislador en un comunicado.
Recordó que luego de un amparo promovido por un ciudadano en contra de la Cámara de Diputados por su negativa a dar trámite a su solicitud de juicio político en contra del ex Gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, un juez emplazó a cumplir con la orden, la cual no ha sido resuelta y coloca al órgano legislativo en desacato.
“Debemos desterrar esa inercia de negligencia y opacidad que ha imperado en los últimos años”, expresó el legislador.
JUICIO POLÍTICO SIN RESULTADOS
En septiembre pasado, en respuesta a una solicitud de información de SinEmbargo, la Cámara de Diputados reportó que un total de 84 peticiones de juicio político se quedaron en los archivos acumulando polvo de la Comisión Jurisdiccional, encargada de revisar y eventualmente aprobar estas solicitudes político-jurídicas para preservar los derechos de los ciudadanos.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados respondió a la solicitud con número de folio 1831/2015 que:
“… a partir del primero de agosto de 2012, se presentaron un total de ochenta y cuatro demandas de juicio político”, las cuales de dividen de la siguiente forma: –64 denuncias recibidas y ratificadas, cuyo estatus es “Pendientes de resolver por la Subcomisión de Examen Previo”. –20 denuncias de juicio político que fueron presentadas, pero que no fueron ratificadas.
La Cámara de Diputados se reservó el nombre de todos los servidores públicos a quienes se demandó, bajo el argumento de que “la información relativa a los juicios políticos pendientes de resolución se encuentra reservada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracciones IV y V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”.
Derivado de solicitudes de información similares, se sabe que durante la LX Legislatura –que funcionó de 2006 a 2009–, la Cámara de Diputados recibió 128 demandas de juicio político.
En 10 solicitudes hubo declaración de procedencia, pero se informó que se encontraban “pendientes de ser resueltas por la Sección Instructora”. Asimismo, durante la LXI Legislatura (2009 a 2012) se recibieron 95 demandas, que fueron ratificadas, pero quedaron “pendientes de ser resueltas”.
La Comisión Jurisdiccional de la LXII Legislatura estuvo presidida por el Diputado José Rangel Espinosa y fue integrada por el legislador priista Manuel Añorve Baños, y el panista Rubén Camarillo Ortega.
José Rangel Espinosa, mejor conocido como el “Dipucharola” por haber colocado una placa con el logo de la Cámara de Diputados a su automóvil Mercedes Benz, valuado aproximadamente en 1 millón de pesos.
–Con información de David Martínez Huerta
