Noticias de Yucatán
Una vez más se comprueba que la transparencia gubernamental es una utopía. Quienes han intentado obtener información pública, que por ley debería de entregarse, se topa con una serie de barreras que obstaculizan el ejercicio real y oportuno de este derecho.
Aquí les presentamos un caso más.
A este medio se dirigió un ciudadano, quien se identificó plenamente, pero por temor a represalias nos pidió el anonimato, nos expuso lo siguiente:
-Quiero denunciar mi inconformidad contra la UNAIPE, ya que como ciudadano quise ejercer mi derecho de tener acceso a información sobre el gasto realizado por el Poder Ejecutivo, con respecto al tercer informe de Rolando Zapata Bello.
-Mi solicitud estuvo basada en los siguientes puntos: Documento o documentos que contengan toda la información relativa al presupuesto asignado para que se lleve al cabo el Tercer Informe de actividades del titular del Ejecutivo, Rolando Zapata Bello.
Documento que contenga el monto total de lo ejercido durante los siete días previos, el mero día del informe y los cinco posteriores al día del informe, así como un desglose detallado de esos gastos.
-Copias de los cheques con los que se pagó a todos y cada uno de los proveedores que fueron contratados para que se lleve al cabo el tercer informe de gobierno.
-Documento que contenga una descripción detallada y exhaustiva de todas y cada una de las acciones y actividades que se realizaron para que se lleve el cabo el tercer informe de titular del Ejecutivo del estado”.
El quejoso relató que en un primer intento, el 2 de febrero pasado envió un correo al Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública solicitando la información, y una semana más tarde la respuesta del Inaip fue que “la autoridad competente para conocer de la información solicitada es la Secretaría de Administración y Finanzas ” del Ejecutivo del Estado.
En un segundo intento por obtener respuestas a las preguntas ya detalladas, redactó y envió nuevamente otra petición, el 19 de febrero, pero ahora dirigida a la UNAIPE, misma que quedó registrada con el folio número EL00616.
Lamentablemente, 18 días después, la instancia responsable de proporcionar la información emite una resolución en los siguientes términos:
“Que la Unidad Administrativa de la Secretaría de Administración y Finanzas, mediante oficio ha solicitado una ampliación de plazo de ciento veinte (120) días naturales de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán, toda vez que se encuentran realizando las gestiones necesarias, a efecto de realizar una búsqueda de la información para la entrega de la misma”.
Casi tres semanas no fueron suficientes para recabar la información solicitada y la instancia respectiva resuelve que necesita 4 meses más, que sumados al plazo anterior casi ya serían cinco, para dar una información que, se supone, debería estar a la mano.
Lo anterior sólo denota dos cosas: o es una táctica dilatoria (tortuguismo deliberado para fastidiar al ciudadano) o de plano existe un desorden mayúsculo en el Ejecutivo el Estado que no saben, ni pueden responder cuestionamientos tan simples como saber cuánto gastó Rolando Zapata Bello en su III Informe de gobierno, en el que se vio visto desplegado una exagerada publicidad que se prolongó más allá de los días autorizados constitucionalmente, motivo por el cual incluso ya fue denunciado ante las instancias electorales.
