A Clara, de 16 años, le dijeron que habían encontrado fotos de ella desnuda en una página de "revenge porn" o pornovenganza llamada "Yucatercos".
Alarmada, comprobó que en ese sitio, asentado en la Península de Yucatán, no sólo estaban publicadas imágenes que alguna vez le mandó a su novio, sino también su número de celular, la dirección de su casa y el nombre de la preparatoria en la que estudiaba en Mérida.
Desde ese momento recibió diariamente decenas de mensajes de acoso de números desconocidos. En pocas semanas bloqueó hasta 700 remitentes, relata en entrevista.
Poco después, un hombre se coló hasta su preparatoria y le mandó mensajes haciéndole notar que la estaba vigilando. Cuando ella se marchó de su escuela, asustada, el desconocido la siguió en su coche.
Clara llamó discretamente a la Policía, que detuvo allí mismo al sujeto, un pasante de medicina de 26 años que había tomado sus datos personales del sitio web. La familia de la menor cree que se evitó, por poco, un secuestro.
La denuncia de Clara, presentada inicialmente en la Fiscalía General de Yucatán, se sumó a las de decenas de mujeres, muchas de ellas menores de edad, que, además de haber sido expuestas a hostigamiento sexual, fueron extorsionadas por parte de los administradores de "Yucatercos", quienes les exigieron de mil a 5 mil pesos a cambio de bajar sus fotos, algo que nunca cumplieron pese a los pagos.
La asociación civil Indignación hizo en julio de 2015 una denuncia colectiva en la PGR, a la que le solicitó atraer la investigación argumentando que se trataba de un caso de delincuencia organizada, ya que, expuso, están implicados técnicos de una plaza tecnológica de Mérida que roban fotos, videos y datos personales de celulares y computadoras que la gente les lleva a reparar.
Por estos hechos, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) abrió las averiguaciones previas 085/2015 y 488/2015. A su vez, la Fiscalía de Yucatán abrió 70 carpetas de investigación.
La ONG estima que hay más de 700 víctimas, entre ellas mujeres de Yucatán, Quintana Roo y Campeche que han sido expuestas en "Yucatercos" desde 2014, aunque sólo han denunciado 106 de ellas, según la PGR.
La titular de la Fevimtra, Ángela Quiroga, anunció el pasado 8 de mayo que habían "desmantelado" la red detrás de los ilícitos y prometió que darían de baja definitivamente la página web.
Expuso que en Quintana Roo y Yucatán fueron capturados dos administradores del sitio, quienes fueron acusados de trata de personas en la modalidad de pornografía de menores de edad y a quienes les fueron decomisadas al menos dos tarjetas bancarias con más de 100 mil pesos cada una, depositados por las víctimas tan sólo en 2015.
Sin embargo, un mes después del "desmantelamiento", el sitio sigue funcionando. La más reciente publicación fue el 6 de junio, con fotos y datos de localización de otras cuatro mujeres.
Además, de acuerdo con fuentes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), un juez de distrito rechazó que los dos detenidos, uno de ellos menor de edad, sean procesados en el fuero federal, por lo que enfrentan una acusación sólo por corrupción de menores, que en Yucatán y Quintana Roo se castiga con prisión de 4 a 11 años, mientras que el delito que les imputa la PGR se castiga con entre 15 y 30 años.
Alarmada, comprobó que en ese sitio, asentado en la Península de Yucatán, no sólo estaban publicadas imágenes que alguna vez le mandó a su novio, sino también su número de celular, la dirección de su casa y el nombre de la preparatoria en la que estudiaba en Mérida.
Desde ese momento recibió diariamente decenas de mensajes de acoso de números desconocidos. En pocas semanas bloqueó hasta 700 remitentes, relata en entrevista.
Poco después, un hombre se coló hasta su preparatoria y le mandó mensajes haciéndole notar que la estaba vigilando. Cuando ella se marchó de su escuela, asustada, el desconocido la siguió en su coche.
Clara llamó discretamente a la Policía, que detuvo allí mismo al sujeto, un pasante de medicina de 26 años que había tomado sus datos personales del sitio web. La familia de la menor cree que se evitó, por poco, un secuestro.
La denuncia de Clara, presentada inicialmente en la Fiscalía General de Yucatán, se sumó a las de decenas de mujeres, muchas de ellas menores de edad, que, además de haber sido expuestas a hostigamiento sexual, fueron extorsionadas por parte de los administradores de "Yucatercos", quienes les exigieron de mil a 5 mil pesos a cambio de bajar sus fotos, algo que nunca cumplieron pese a los pagos.
La asociación civil Indignación hizo en julio de 2015 una denuncia colectiva en la PGR, a la que le solicitó atraer la investigación argumentando que se trataba de un caso de delincuencia organizada, ya que, expuso, están implicados técnicos de una plaza tecnológica de Mérida que roban fotos, videos y datos personales de celulares y computadoras que la gente les lleva a reparar.
Por estos hechos, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) abrió las averiguaciones previas 085/2015 y 488/2015. A su vez, la Fiscalía de Yucatán abrió 70 carpetas de investigación.
La ONG estima que hay más de 700 víctimas, entre ellas mujeres de Yucatán, Quintana Roo y Campeche que han sido expuestas en "Yucatercos" desde 2014, aunque sólo han denunciado 106 de ellas, según la PGR.
La titular de la Fevimtra, Ángela Quiroga, anunció el pasado 8 de mayo que habían "desmantelado" la red detrás de los ilícitos y prometió que darían de baja definitivamente la página web.
Expuso que en Quintana Roo y Yucatán fueron capturados dos administradores del sitio, quienes fueron acusados de trata de personas en la modalidad de pornografía de menores de edad y a quienes les fueron decomisadas al menos dos tarjetas bancarias con más de 100 mil pesos cada una, depositados por las víctimas tan sólo en 2015.
Sin embargo, un mes después del "desmantelamiento", el sitio sigue funcionando. La más reciente publicación fue el 6 de junio, con fotos y datos de localización de otras cuatro mujeres.
Además, de acuerdo con fuentes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), un juez de distrito rechazó que los dos detenidos, uno de ellos menor de edad, sean procesados en el fuero federal, por lo que enfrentan una acusación sólo por corrupción de menores, que en Yucatán y Quintana Roo se castiga con prisión de 4 a 11 años, mientras que el delito que les imputa la PGR se castiga con entre 15 y 30 años.