“Si dicen haber pagado algún centavo, que lo demuestren, que nos enseñen el comprobante…, no pagaron ningún peso en el tiempo establecido para ello, y por eso se procedió a la cancelación del proyecto de compra venta”, aseveró ayer en rueda de prensa José Hernán Conde Narváez, quien dijo ser abogado del Instituto Patria.
El licenciado explicó que convocó a la rueda de prensa pues “la falta de información jurídica legal y administrativa ha generado una serie de opiniones y versiones que han distorsionado muchas cosas que no son reales”.
Esto, dijo, ha propiciado que a muchas personas se les ataque en su moral, cuando no tienen nada que ver con los acontecimientos del Instituto Patria.
Conde Narváez comentó que en abril un grupo de personas del Estado de México vino a Yucatán con la intención de poner en conocimiento de la directiva del Instituto Patria su intención de adquirir el inmueble para darle mayor interés al sector educativo de la región.
Estas personas manifestaron ser integrantes de un grupo que encabezaba un señor de apellido Nacer y que se llamaba Grupo Nacer Global, y que eran propietarios de una cadena nacional de universidades llamada ICEL, añadió el abogado.
“Tras escucharlos se nos hizo interesante el proyecto en virtud de que se propiciaría un auge mayor del sistema educativo de la región, ya que el Patria no sólo abarca Yucatán, sino a varios estados vecinos cuyos estudiantes vienen aquí.
El abogado indicó que se llegó a un acuerdo con esas personas en forma inicial, se accedía a venderles el instituto siempre y cuando se llenaran algunas condiciones, y al final se llegaría a la consumación del registro de la escritura a favor de un grupo o del grupo que ellos manifestaban ser.
Posterior a ese encuentro, continuó el abogado, el 2 de mayo se presentaron ante la directiva de la escuela el ingeniero Juan José Aguilera Zubirián, Juan Pablo Torres y Miguel Franco, quienes dijeron ser integrantes del grupo (Nacer Global) e hicieron las propuestas concretas, manifestando al personal directivo la necesidad de que se les firmara una serie de documentos a efectos de que con ello se empezara a realizar el proceso, según las condiciones que se habían acordado.
“Se acordó entre los principales proyectos: primero el pago y después la liberación de varios créditos pendientes que adeudaba el Instituto Patria, para ya totalmente limpio se procediera al cambio de directiva, al cambio de la propiedad y todo lo relativo a como se debe hacer un proceso así”, señaló.
Conde Narváez indicó que un notario público del Estado de México y de nombre Juan José Aguilera Zubirián, a quien llamó “de una dudosa reputación, según hemos investigado porque se ha brindado a muchos fraudes en el Estado de México”, les manifestó que se había creado una sociedad mercantil con la única intención de adquirir el inmueble y que toda la documentación que se giraría iba a estar encaminada a nombre de esa sociedad mercantil llamada “Servicios de Desarrollo Patrimonial del Sureste S.A de C.V.
El abogado del Instituto Patria dijo que entre las condiciones que se le pusieron al notario estaba dejar una garantía para que, en caso de incumplimiento de las condiciones pactadas para realizar las transacciones, se procediera a la cancelación de todo lo pactado.
Según señaló, pasaron los 30 días que se acordaron para empezar con el pago producto de la compraventa de la escuela y los pagos pendientes que tenía la misma, pero no hicieron nada los “compradores” para cumplir con esas condiciones.
“Los pagos iniciales, para empezar, eran de 80 millones de pesos y se iba a pasar a nombre de una sociedad mercantil que irrisoriamente se hace con un capital social de 50 mil pesos y con dos personas que, después de una investigación por cuenta propia, nos dimos cuenta que no tenían absolutamente ningún recurso”, dijo el abogado del Instituto Patria.
Una de ellas era de Zapopan, Jalisco, y la otra del Estado de México, precisó.
También refirió que pasaron 40 días y al ver que no se realizaba el pago se dieron a la tarea de localizar a esa persona y las pocas veces que contestaban les manifestaban que estaban en trámite y que por el problema económico que cursaba la nación no era posible hacer las cosas a la carrera, y que se les diera un poco más de tiempo.
“Así llegamos a los 90 días y los señores no cumplieron, no pagaron nada, vimos que estábamos cayendo en una tentativa de fraude y todavía así se presenta una persona que dijo llamarse Juan Galindo Valdez, quien manifestó que ya se había trasladado la operación a una nueva sociedad y que ésta lo había nombrado director, tomó unas fotos y dijo que pronto se iba a dar cumplimento”. expresó Conde Narvaez.
Luego señaló que posterior a eso se dan cuenta (la directiva del Instituto Patria) de que trataban de inscribir una compraventa dando los avisos donde la sociedad mercantil iba a adquirir el predio libre de todo gravamen, aun sin haberse cumplido las condiciones acordadas.
“Viendo todo eso, utilizamos el famoso poder que nos dieron para cancelar toda nuestra documentación que se había hecho con anterioridad para el caso de incumplimiento, procedimos a una acción totalmente normal, legal como cotidianamente se hace, cancelaciones de avisos de posibles ventas y procedimos para irnos con otro proyecto de personas yucatecas cumplidoras y que realmente tienen la base económica y legal para sostener un proyecto”, destacó.
Al proceder y darse cuenta esas personas, dijo, el día 3 de agosto el señor Galindo llegó a Mérida en el primer vuelo, junto con siete personas, y se introdujo a la fuerza al Instituto Patria autonombrándose director del mismo y sacando a la secretaria.
“Hablamos a la fuerza publica de inmediato, acudió y lo invitaron a salir, sin detenerlo, a pesar de que estaban en flagrancia al estar dentro de la escuela y cerrarla para evitar el acceso”, indicó. Megamedia.
