Dirigentes de cámaras empresariales y partidos políticos denunciaron que durante los cuatro años de administración del gobernador Rolando Zapata Bello, no se ha invertido un solo peso para acabar con la impunidad y la corrupción que prometió combatir desde el inicio de su mandato, lo que deja al desnudo su falta palabra.
El presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Raúl Paz Alonzo, recordó que cuando rindió protesta como gobernador ofreció combatir con la impunidad y la corrupción, lo que no ha hecho durante lo transcurrido de su mandato.
“Las obras fantasmas, las primeras piedras, el desvío de recursos para hospitales en la administración de Ivonne Ortega Pacheco, y el déÌcit económico en el Ayuntamiento de la priísta Angélica Araujo Lara, tampoco fue sancionado conforme a la ley, y ahora resulta que no tiene presupuesto para combatir a la impunidad ya la corrupción”, detalló.
Dijo que ese instituto político propondrá ante el Congreso del Estado, a un viceÌscal independiente y elegido por los legisladores locales, para sancionar los actos de corrupción que ha caracterizado a los gobiernos estatales y municipales priistas.
A su vez, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mérida, Gustavo Cisneros BuenÌl, considera que en los cuatro años de administración de Zapata Bello no se ha destinado ningún presupuesto para combatir la corrupción e impunidad.
“El estudio sobre disponibilidad presupuestal para el combate a la impunidad, elaborado por la Fundación Impunidad/Cero que encabeza Federico Reyes Heroles, divulgó que Yucatán y Zacatecas son los dos únicos estados que no hacen ningún tipo de mención a ese problema en sus planes de administración”, precisó.
Al respecto, el líder empresarial comentó que el combate a la impunidad y la corrupción, que son primas hermanas, es uno de los principales retos de la presente administración. “Realmente divulgar hechos de corrupción es preocupante, pero si no se castiga a los responsables la situación es peor, la gente queda mucho más limitada porque se ve que se comete un delito pero no existe autoridad que lo castigue”, comentó.
Cisneros Buenfil recordó que la administración 2007-2012, que encabezó Ivonne Ortega Pacheco, se caracterizó por no transparentar el uso de los recursos y tener un Instituto del Combate a la Corrupción que no castigó los presuntos desvíos que fueron documentados por la prensa.
Pidió al actual Gobierno Estatal congruencia entre el discurso y las acciones, porque es recomendable una mayor transparencia en los recursos. “Hoy en día existe un Sistema Nacional Anticorrupción, que entrará en vigor en julio de 2017, el cual debe homologarse.
Ese organismo debe cumplir algunos compromisos presupuestales con independencia de quienes formaran parte de los comités”, explicó. Comentó que dicho organismo debe ser autónomo, los integrantes no deben defender intereses partidistas y tener capacidad para defender a la sociedad.
“El Gobierno del Estado al no contar con un Sistema Estatal de Anticorrupción es necesario crear uno, para después asignarle un presupuesto”, dijo. Ante la incertidumbre de cómo se aplicará el presupuesto 2017, pidió a las autoridades apretarse el cinturón en todos los sentidos e invertir en obra pública, algo que no se ha visto a nivel federal ni estatal
