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Seis iniciativas en materia de ejecución penal, de
justicia para adolescentes, de protección civil, de combate y prevención de
adicciones, así como una miscelánea penal fueron presentadas ante el Congreso
del Estado por parte de la Consejería Jurídica del Poder
Ejecutivo.
El acto estuvo a cargo del director General de
Legislación y Normatividad, Javier García Gómez y se explicó que dichas iniciativas
buscan armonizar el marco jurídico de la entidad referente a la Ley Nacional de
Ejecución Penal y a la Ley del Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes.
Para ello se proponen modificaciones a ocho leyes
estatales buscando que el Gobierno se encargue de los establecimientos en los
que permanecerán las personas inimputables privadas de su libertad,
garantizando programas y servicios de atención integral, entre otros.
También, se determinará las atribuciones y servicios de
los centros de tratamiento en los que deberán permanecer las personas
sentenciadas con adicciones y disponer que jueces, policías, fiscales, peritos
y defensores estén especializados en el tema.
En ese sentido, la iniciativa para modificar la Ley
Estatal de Adicciones pretende regular la prevención y atención a este
padecimiento, así como el juego patológico o ludopatía, al igual que las
conductas excesivas en el uso de tecnologías digitales y sus aplicaciones.
De igual forma, busca definir y homologar criterios y
dispone el diseño de un Modelo Estatal de Atención Integral de Adicciones, que
contará con un Manual Único de Detección y Atención de Adicciones, que servirá
como guía básica para las instituciones que lleven a cabo tareas en la materia.
Es importante resaltar que esta iniciativa se trabajó en
el marco de la Estrategia Escudo Yucatán, contando con el apoyo de expertos en
la materia, encabezados por el Centro de Integración Juvenil (CIJ), bajo la
coordinación de la Secretaría General de Gobierno (SGG) y el apoyo técnico de
la Consejería Jurídica.
Asimismo, se presentó la Ley de Servicios
Postpenales del Estado de Yucatán, que garantiza los derechos de las personas
que se encuentran en libertad después de haber pagado una pena de prisión.
Esto se refiere al apoyo que el Estado debe prestar
para lograr la plena reintegración de dichos individuos a la sociedad, lo que
abarca que tengan oportunidades para ser productivos y que cuenten con
mecanismos para alcanzar la armonía familiar, evitando la reincidencia.
Mientras la iniciativa para expedir la Ley de
Protección Civil del Estado de Yucatán ajusta nuestro marco normativo a la ley
General y regula esta materia desde una triple perspectiva, que es la
prevención, la atención de emergencias y la recuperación en casos de desastre.
Todo esto se logra a través de instrumentos como el Atlas
Estatal de Riesgo, los programas estatales, municipales, especiales e internos
de protección civil, el sistema de monitoreo y alerta, las declaratorias de
emergencia y de desastre, y el Fondo para la Atención de Emergencias y
Desastres del Estado de Yucatán.
Finalmente, en relación con la miscelánea penal, se
adecúan referencias terminológicas correspondientes al Sistema de Justicia
tradicional, y se dispone que la autoridad estatal sea la encargada de
supervisar las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso
como parte de las instituciones de seguridad pública, y como resultado, se
creará un registro estatal en la materia.
