Noticias de Yucatán
Senadores y diputados del Partido Acción Nacional (PAN)
exigieron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que el Ejecutivo
federal se pronuncie sobre el caso de presunto espionaje a periodistas, defensores
de derechos humanos y activistas anticorrupción, atribuido a dependencias del
Gobierno federal.
“Yo creo que lo menos que merecemos es una
declaración; que nos diga qué es lo que está pasando, a quién se va a
investigar”, demandó en tribuna la vicecoordinadora de los senadores de Acción
Nacional, Mariana Gómez del Campo, durante el debate que sobre el tema tuvo
lugar en el órgano legislativo.
En su turno, el senador Héctor Larios Córdova afirmó que
no hay duda de que se trata de un “espionaje desde el poder: o fue la PGR, el
CISEN o la Secretaría de la Defensa Nacional. Son las tres instancias que
adquirieron este software”.
Larios Córdova ironizó señalando que ante un hecho de
esta envergadura, denunciado en un medio internacional de muchísimo prestigio,
la respuesta ha sido: “no hay pruebas”. Y agregó:
“Viene una denuncia concreta y específica sobre desvío de
recursos públicos hacia el PRI en Chihuahua y otra hacia el PRI en Quintana Roo
y en este país no pasa nada. Y eso es, precisamente, lo más importante: no
podemos acostumbrarnos a que en este país no pasa nada, cuando en cualquier
otra parte del mundo, o casi en cualquier otra parte del mundo, eso
significaría, con independencia de la autoridad investigadora, iniciar una
investigación incluso contra el propio Presidente de la República.
Los legisladores panistas pidieron la comparecencia de
los titulares de las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, así
como de la Procuraduría General de la República (PGR), para ofrecer
explicaciones sobre el caso ante el pleno de la Comisión Permanente.
Al respecto, el senador el senador Larios propuso que
además de comparecer, el Secretario de Gobernación presente informes periódicos
sobre el curso de las investigaciones de este, que calificó como
“verdaderamente delicado. De otra manera, agregó, sería sólo simulación.
La senadora Gómez del Campo expuso que el costo del espionaje
es de más de 125 millones de pesos, y que resultaba increíble que ante esta
cifra no haya una respuesta contundente del Gobierno federal, no haya
culpables, hasta el momento.
El diputado Federico Döring criticó que en sus
intervenciones en tribuna, el PRI haya condenado primero los hechos y luego,
descalificado a los periodistas del New York Times que los dieron a
conocer.
Dijo que se trata de un hecho inédito, del que si el
Gobierno federal no es culpable por la comisión del mismo, sí lo es por omisión,
porque no ha encontrado a quienes lo están haciendo.
Calificó como una “vergüenza para México que la postura
seudo oficial sea la de un boletín sin hoja membretada, sin un responsable”, y
que al Presidente de la República no le merezca la atención el tema, para fijar
él mismo una postura”.
Döring indicó que lo mínimo que merece la opinión pública
es que el Presidente, si se dice que está en contra de eso, que lo haga
público; que gire una instrucción, que se comprometa.
Por su parte, la diputada panista Claudia Sánchez Juárez
manifestó que resulta imprescindible que el Gobierno federal aclare, de forma
precisa, su papel en este asunto. “Es particularmente preocupante para el
Partido Acción Nacional que se den estas prácticas”, apuntó.
