Noticias de Yucatán
La Defensoría de los Derechos Humanos del
Pueblo de Oaxaca investiga posibles violaciones a los
derechos humanos de una mujer, por parte de la autoridad municipal de Santa Lucía Monteverde y personal de la
Oficialía del Registro Civil del estado por su probable
participación para obligarla a casarse con un hombre desconocido.
De
acuerdo con la queja de la agraviada, asentada en el expediente
DDHPO/0890/(18)OAX/2017, su mamá la llevó contra su voluntad al Registro Civil de Santa Lucía Monte
Verde, distrito de Putla de Guerrero, donde presuntamente con
la colaboración con la titular de esa oficina, la mujer fue obligada a casarse
con un sujeto a quien ni siquiera conoce.
La
mujer logró evadirse de ese matrimonio forzado el 18 de mayo pasado, sin
embargo, el síndico y
concejal de Santa Lucia Monteverde dieron con su paradero y ahora, hasta la
hostigan para que cohabite con el hombre que ella no quiere como esposo.
Por
lo anterior, la Defensoría envió al presidente
municipal de Santa Lucia Monteverde, Leónides José Sánchez, la
adopción de una medida cautelar consistente en que los integrantes de su
cabildo se abstengan de causar actos de molestia, "que no se encuentren debidamente fundados ni
motivados, en contra de la persona, bienes, derechos propiedades y posesiones
de la agraviada".
Solicitó
al presidente municipal de Santa Lucia Monteverde y a la directora del Registro
Civil del estado, Martha Alicia Escamilla, instruir a los servidores públicos involucrados en
los sucesos narrados por la quejosa para que, en un plazo de ocho días hábiles,"rindan un informe detallado y completo
sobre los actos constitutivos de la queja, a fin de que el organismo defensor
pueda dar seguimiento al caso".
A
la vez pidió a la dirección de la Defensoría Pública Indígena estatal para que
proporcione la asesoría y acompañamiento jurídico que requiera la agraviada.
La
Defensoría del Pueblo de Oaxaca advirtió a la autoridad que la falta de
rendición del informe o de la documentación que lo apoye, así como el retraso
injustificado en su presentación, "
tendrá el efecto de que se tengan por ciertos los hechos materia de la
queja".
Las
autoridades municipales y estatales requeridas tienen un plazo de 24 horas para
que informe sobre la aceptación de la medida cautelar y, en caso afirmativo,
remita las constancias de las actuaciones que se hayan realizado para su
cumplimiento.
Fuente: Excelsior
