Noticias de Yucatán
Mediante un comunicado de prensa, AB&C Leasing de México aseguró que el litigio que la Comuna capitalina perdió, por la renta luminarias a esa empresa tapatía, fue superior a los 700 millones de pesos y se deslindó del uso político que se le ha dado al tema en los últimos días.
El 12 de julio de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ratificó la resolución del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, con lo que se le dio la razón en forma definitiva e inapelable a AB&C Leasing de México, en el litigio que sostenía desde 2013, en contra del Ayuntamiento de la capital yucateca.
En un comunicado enviado a los medios de comunicación, menciona al ex alcalde Renán Barrera Concha como el responsable directo tal situación.
De manera textual la empresa afirma que el daño patrimonial a la Comuna lo ocasionó la decisión ilegal y caprichosa de Renán Barrera Concha, quien en “todo este tiempo sólo ha buscado su beneficio político personal, y quien en sus propias palabras dijo a mí me interesan los votos, no los pesos”.
Fue una decisión unilateral del ex edil dar por terminado, de manera anticipada e ilegal, el contrato de arrendamiento de luminarias, con opción a compra, sin mayor explicación, afirma la misiva.
“La Corte resolvió que AB&C Leasing cumplió y que el Ayuntamiento debe pagar. La Corte -al igual que todas las instancias judiciales que revisaron este caso-, no fallaron en contra de la comuna, sino a favor del Estado de Derecho.
AB&C Leasing asegura que desde un primer momento, quiso ayudar a resolver -junto con el Ayuntamiento- la problemática del alumbrado público que afloró con el cambio de luminarias, pero el Ayuntamiento no sólo se negó, sino que optó por agrandar el problema, dejando de dar mantenimiento al alumbrado.
“AB&C Leasing, el poder Judicial y diversos testimonios demostraron que las luminarias cumplían con lo que estipuló la licitación, con el objetivo de ahorro de electricidad y con la garantía de reposición sin costo”, indica el boletín de prensa.
El documento establece que “AB&C Leasing es una empresa que siempre se conduce con apego a la ética y la transparencia. Lo único que buscó en todo este proceso fue defender su propio interés y reputación, por lo que se deslinda invariablemente del uso político que diferentes actores le han querido dar al caso”.
“AB&C Leasing lamenta que un proyecto autofinanciable para modernizar las luminarias de Mérida, ahorrar electricidad y gastos de reemplazo, represente ahora -por un capricho político- un alto costo para los meridanos”, cita el texto.
La empresa asegura que se hizo un llamado oportuno a no cancelar el contrato, ni cambiar las luminarias, sin mediar licitación, sino aguardar la decisión de los tribunales, y mejor enfocar los esfuerzos en atender la problemática del alumbrado público.
Se precisa en el manifiesto de la empresa que el beneficiario del pago de las rentas adeudadas y de los intereses moratorios es, ha sido y será Banco Santander.
“El contrato de arrendamiento con opción a compra de luminarias, con garantía de recambio sin costo por cinco años, fue por un importe total de 468.8 millones de pesos, IVA incluido, el cual a estas alturas ya se habría terminado de pagar, pudiendo disponer la Comuna de Mérida de las luminarias por otros 15 o más años de vida útil, ya sin costo”
Según los cálculos de los ganadores del litigio, para julio de 2017 el adeudo ascendía a 440 millones de pesos, a lo anterior se le debe sumar el costo de las lámparas de reemplazo (180 millones de pesos), el exceso en el consumo de electricidad de dichas lámparas de vapor de sodio (70 millones al año), y el costo de reemplazo, pues su vida útil es de cinco años, frente a los 20 años de las lámparas de inducción magnética.
Al cálculo anterior se debe adicionar la costosa campaña de propaganda con la que el anterior Ayuntamiento manipuló el tema, pagada con recursos públicos, que según la empresa existió en su contra.
En el boletín de prensa se indica también que al no ejercer el Ayuntamiento la opción de compra que tenía, AB&C Leasing iniciará el proceso legal para la devolución en buen estado de las luminarias de inducción magnética, así como los demás recursos legales que en derecho le corresponden.
“AB&C Leasing ratifica su confianza en las instituciones y en el Estado de Derecho, como la única vía con la que los mexicanos debemos dirimir conflictos y defendernos de cualquier abuso de poder”, finaliza el texto.
El 12 de julio de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ratificó la resolución del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil, con lo que se le dio la razón en forma definitiva e inapelable a AB&C Leasing de México, en el litigio que sostenía desde 2013, en contra del Ayuntamiento de la capital yucateca.
En un comunicado enviado a los medios de comunicación, menciona al ex alcalde Renán Barrera Concha como el responsable directo tal situación.
Fue una decisión unilateral del ex edil dar por terminado, de manera anticipada e ilegal, el contrato de arrendamiento de luminarias, con opción a compra, sin mayor explicación, afirma la misiva.
“La Corte resolvió que AB&C Leasing cumplió y que el Ayuntamiento debe pagar. La Corte -al igual que todas las instancias judiciales que revisaron este caso-, no fallaron en contra de la comuna, sino a favor del Estado de Derecho.
AB&C Leasing asegura que desde un primer momento, quiso ayudar a resolver -junto con el Ayuntamiento- la problemática del alumbrado público que afloró con el cambio de luminarias, pero el Ayuntamiento no sólo se negó, sino que optó por agrandar el problema, dejando de dar mantenimiento al alumbrado.
“AB&C Leasing, el poder Judicial y diversos testimonios demostraron que las luminarias cumplían con lo que estipuló la licitación, con el objetivo de ahorro de electricidad y con la garantía de reposición sin costo”, indica el boletín de prensa.
El documento establece que “AB&C Leasing es una empresa que siempre se conduce con apego a la ética y la transparencia. Lo único que buscó en todo este proceso fue defender su propio interés y reputación, por lo que se deslinda invariablemente del uso político que diferentes actores le han querido dar al caso”.
“AB&C Leasing lamenta que un proyecto autofinanciable para modernizar las luminarias de Mérida, ahorrar electricidad y gastos de reemplazo, represente ahora -por un capricho político- un alto costo para los meridanos”, cita el texto.
La empresa asegura que se hizo un llamado oportuno a no cancelar el contrato, ni cambiar las luminarias, sin mediar licitación, sino aguardar la decisión de los tribunales, y mejor enfocar los esfuerzos en atender la problemática del alumbrado público.
Se precisa en el manifiesto de la empresa que el beneficiario del pago de las rentas adeudadas y de los intereses moratorios es, ha sido y será Banco Santander.
“El contrato de arrendamiento con opción a compra de luminarias, con garantía de recambio sin costo por cinco años, fue por un importe total de 468.8 millones de pesos, IVA incluido, el cual a estas alturas ya se habría terminado de pagar, pudiendo disponer la Comuna de Mérida de las luminarias por otros 15 o más años de vida útil, ya sin costo”
Según los cálculos de los ganadores del litigio, para julio de 2017 el adeudo ascendía a 440 millones de pesos, a lo anterior se le debe sumar el costo de las lámparas de reemplazo (180 millones de pesos), el exceso en el consumo de electricidad de dichas lámparas de vapor de sodio (70 millones al año), y el costo de reemplazo, pues su vida útil es de cinco años, frente a los 20 años de las lámparas de inducción magnética.
Al cálculo anterior se debe adicionar la costosa campaña de propaganda con la que el anterior Ayuntamiento manipuló el tema, pagada con recursos públicos, que según la empresa existió en su contra.
En el boletín de prensa se indica también que al no ejercer el Ayuntamiento la opción de compra que tenía, AB&C Leasing iniciará el proceso legal para la devolución en buen estado de las luminarias de inducción magnética, así como los demás recursos legales que en derecho le corresponden.
“AB&C Leasing ratifica su confianza en las instituciones y en el Estado de Derecho, como la única vía con la que los mexicanos debemos dirimir conflictos y defendernos de cualquier abuso de poder”, finaliza el texto.
