Noticias de Yucatán
GUANAJUATO, Gto. (apro).- Cumplidos 20 años en prisión,
el irapuatense Rubén Ramírez Cárdenas será ejecutado el próximo 8 de noviembre
en Estados Unidos, acusado de secuestrar, violar y asesinar a su prima de 16
años, Mayra Azucena Laguna.
El 22 de febrero de 1997, el cuerpo de la joven fue
hallado en un canal de riego en las inmediaciones de Retama Village, al sur de
Texas.
Desde entonces Ramírez Cárdenas, originario de la
comunidad de Aldama, en Irapuato, solicitó que su caso fuera revisado por
supuestas irregularidades durante su detención y el proceso que se le siguió,
debido a que no tuvo asistencia del Consulado porque no le notificaron el caso,
y aseguró que fue obligado a confesar bajo amenazas.
Rubén tenía 27 años cuando fue acusado de cometer el
delito. Lo señaló Tony Castillo, un presunto cómplice que después se entregó a
las autoridades.
Tras confesar, Tony Castillo recibió 25 años de prisión,
pero Rubén fue sentenciado a muerte en 1998 y recluido en la Unidad Allan B.
Polunsky, en Livingston, Texas. Fueron diversas las apelaciones presentadas por
su familia y abogados con el propósito de cancelar su condena.
Sin embargo, el Departamento de Justicia Criminal de
Texas notificó que en noviembre será ejecutado el irapuatense que vivía en
Edinburg, Texas, a donde llegó a vivir junto con su familia. Ahí trabajaba en
un taller de reparación de máquinas pulidoras de pisos.
En 2005, Apro dio
a conocer que el recluso, sus familiares y abogados denunciaron ante diversas
instancias que en su detención y proceso no se le permitió acceder al Consulado
mexicano, además de que sus derechos le fueron leídos en inglés y hubo
irregularidades y presiones para que firmara una confesión de culpabilidad por
la violación de la adolescente.
Alegando su inocencia, Rubén admitió que el día de los
hechos consumió alcohol y pastillas que le proporcionó su amigo Tony Castillo,
quien, dijo, fue el responsable de la violación de Mayra, porque él se quedó
dormido en el auto luego de la parranda.
El caso de Rubén fue encargado al despacho de la abogada
Sandra Babcock, directora del programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos
Sentenciados a pena de muerte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),
luego de insistentes visitas y cartas enviadas y entregadas por Sanjuana
Cárdenas al entonces presidente Vicente Fox, una de ellas durante un viaje que
la mujer hizo desde Edmburg, Texas –donde radica actualmente con una de sus
hijas–, hasta Silao, expresamente para ver al exmandatario.
En esa ocasión (agosto del 2004), Cárdenas pidió a Fox
que insistiera ante el gobierno de Texas para acatar el fallo de la Corte
Internacional de Justicia de La Haya para se reabriera el caso de su hijo y de
otros mexicanos condenados a la pena capital en Estados Unidos.
La SRE incluyó el caso de Rubén en una petición para
revisar las sentencias de mexicanos condenados a muerte, bajo el argumento de
violaciones a la Convención de Viena.
Sin embargo, la Corte federal de apelaciones rechazó los
recursos interpuestos por la defensa del migrante, y el Departamento de
Justicia criminal confirmó que el 8 de noviembre se concretará la ejecución del
mexicano mediante una inyección letal.
