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México ocupa el primer lugar de impunidad en el continente Americano y el cuarto de un total de 69 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI) 2017 realizado por la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP).
El estudio, que analiza y compara la información relacionada con los indicadores en materia de seguridad, justicia y derechos humanos, posiciona a México en el cuarto lugar a nivel mundial con un índice de impunidad de 69.21 puntos.
Los 13 países con mayor impunidad son: Filipinas, con 75.6 puntos; India, con 70.94; Camerún, con 69.39; México, con 69.21; Perú, con 69.04; Venezuela, 67.24; Brasil, 66.72; Colombia, 66.57; Nicaragua, 66.34; Federación de Rusia, 65.49; Paraguay, 65.38; Honduras, 65.04; y El Salvador con 65.03 puntos.
De acuerdo con el reporte, en México sólo se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos, por lo que la cifra negra desde 2013 alcanza un porcentaje no menor al 92.8 por ciento.
Además, del total de delitos denunciados, sólo existe un 4.46 por ciento de sentencias condenatorias, lo cual arroja una impunidad cercana al 95 por ciento en ilícitos acreditados por la autoridad como consumados.
El índice indica que, en general, México ocupa el lugar 66 de 193 estados miembros de las Naciones Unidas en materia de impunidad, aunque en el IGI se ubica en el sitio 66 de 69 (o cuarto más impune) entre aquellos países que cuentan con información estadística suficiente para el cálculo.
En el caso de México, la peor variable es la estructura del sistema de justicia y de derechos humanos, donde no hay suficientes capacidades. Sobre el funcionamiento del sistema de seguridad, hay 359 policías por cada cien mil habitantes, por arriba del promedio.
“El IGI-2017 estima una proporción promedio de los países de 16.23 jueces por cada cien mil habitantes; México cuenta con 4.2 jueces por cada cien mil habitantes, cifra muy por debajo del promedio global. En cuanto a la funcionalidad del sistema de justicia hay deficiencias pues el 43 por ciento de la población detenida no ha recibido sentencia”, detalló el documento.
El informe mencionó que “el problema de la impunidad en México es funcional y estructural, no nació con el actual gobierno, sin embargo, se observa un aumento crítico en las estadísticas delictivas. Esto podría deteriorar futuras mediciones de la impunidad”.
“Es el sistema de seguridad, cómo actual la policía, como se hacen las investigaciones, etcétera, el que está peor en funcionalidad. Esto nos da un parámetro muy claro: si queremos resolver el problema, no sigas invirtiendo en más policías, invierte en capacitarlos, crea academias de policías que verdaderamente puedan darle esa capacitación a la gente”, dijo sobre México Luis Ernesto Derbez en la presentación del estudio.
Un punto que también destaca son las graves violaciones a los derechos humanos que representan un factor crítico para entender los altos grados de impunidad que caracterizan a México.
Referente al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el IGI 2017 indica que éste no genera por sí mismo un aumento en la impunidad, sino que “es generada por los sistemas de seguridad locales y federales mal preparados y con deficiente funcionamiento, así como un sistema de justicia colapsado y ajeno a la rendición de cuentas externo”.
Información de Sin Embargo
