Noticias de Yucatán
(Proceso).-
El principal problema de la democracia en el mundo es el dinero, en específico
el financiamiento a los partidos y a las campañas.
Siguiendo a
Daniel Zovatto, la historia y la experiencia comparada demuestran que la
relación entre dinero y política ha sido, es y seguirá siendo compleja, además
de ser también “una cuestión clave para la calidad y el buen funcionamiento de
la democracia… De ahí la importancia de que sea el sistema democrático el que
controle al dinero y no a la inversa”.
Y en México
justamente es a la inversa. El dinero ilegal está controlando las elecciones.
Ocurrió en la elección de Enrique Peña Nieto como presidente de México y, con
impulso presidencial y complicidad de los órganos electorales mexiquenses y
federales, volvió a ocurrir de nuevo en 2017, ahora en el Estado de México.
El dinero que
corrió caudaloso en la campaña mexiquense tiene diversos orígenes, pero el
principal de ellos es el presupuesto federal, de donde fluyeron miles de
millones de pesos hacia el Estado de México de cuatro formas:
a) El
“volcamiento” desenfadado de recursos humanos y materiales, bajo el cobijo de
programas sociales y con fines proselitistas, a la campaña del candidato
priista Alfredo del Mazo Maza. La equidad fue rota estrepitosamente en los comicios
mexiquenses.
b) El subsidio
federal inequitativo pero legal. El dinero que recibió el gobierno de Eruviel
Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, fueron los más cuantiosos
entre las entidades federativas, y como no hubo avances y logros proporcionales
a tales fondos, es razonable pensar que una parte de ellos se destinaron a la
campaña priista de 2017 para gobernador
c) Cuantiosas
transferencias ilegales de las arcas federales a las mexiquenses, una de las
cuales fue denunciada por múltiples vías, con la precisión de que la campaña
priista pudo ser el destino al menos de una parte de esas transferencias.
d) Fondos
municipales desviados de sus fines legales y probablemente destinados a la
campaña priista de 2017 en el Estado de México.
El libro de Bernardo Barranco
Hablemos del
inciso b, relacionado con los recursos federales vertidos en el Estado de
México.
A lo largo del
sexenio de Enrique Peña Nieto, su estado natal fue el consentido del gobierno
federal. Ninguna otra entidad recibió más dinero que el Estado de México y, en
el colmo del absurdo, Pemex le otorgó recursos del fondo para mitigar impactos
ambientales, a pesar de que la entidad no produce petróleo ni tiene grandes
instalaciones petroleras.
En seis años el
Estado de México fue el más beneficiado con recursos de la federación, con más
de 357 mil millones de pesos. En 2017 recibió más de 67 mil 646 millones. En
contraste, Veracruz tuvo 48 mil 165 millones, Chiapas 38 mil 975, Oaxaca 36 mil
612 y Jalisco 31 mil 143 millones.
Si los
caudalosos recursos que recibió el Estado de México no se reflejaron en
beneficios sustantivos acordes con lo cuantioso de las cantidades otorgadas del
presupuesto federal, ¿a dónde se fue el dinero?
Me referiré
ahora al inciso c, relacionado con las cuantiosas transferencias ilegales de
las arcas federales a las mexiquenses, una de las cuales fue denunciada por
múltiples vías, con la precisión de que la campaña priista pudo ser el destino
al menos de una parte de esas transferencias.
En esta historia
truculenta, 50 millones de pesos de 1992 se convirtieron en 3 mil 600 millones
de pesos de 2009 y hay indicios de que una parte de ellos sirvió para financiar
la campaña electoral de Alfredo del Mazo, hoy gobernador mexiquense.
Ésta es una
historia de cómo quienes desde el gobierno del Estado de México reclamaron
infructuosamente un pago federal que legalmente no les correspondía, y cuando
llegaron a importantes posiciones en el gobierno federal, incluida la
Presidencia de la República, autorizaron lo que otras administraciones
federales les negaron.
Un día de 2017,
el abogado Paulo Díez Gargari, director jurídico de Infraiber, empresa mexicana
de tecnología aplicada que tiene varios litigios con la española Obrascón
Huarte Lain, S.A., más conocido por sus siglas OHL, descubrió que en las
cuentas del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares
del Estado de México (SASCAEM), aparecieron y desaparecieron misteriosamente
mil 600 millones de pesos.
En una carta con
fecha del 3 de abril de 2017, cuya copia fue difundida en el portal Aristegui
Noticias, el abogado Díez Gargari le pidió explicaciones al entonces gobernador
del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y éste respondió, por conducto de
su director de Comunicación Social, Alejandro Echegaray Suárez, que esos
recursos “provienen del pago que el gobierno de la República hizo al Sistema de
Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México de
la Autopista Chamapa-Lechería”. “El pago se hizo –dijo el gobierno mexiquense
el 11 de mayo siguiente– con base en un convenio de transacción judicial
registrado y ‘apegado totalmente a la norma legal’”.
Desviaciones
municipales a campañas
Hemos visto los
casos de mayúsculas transferencias legales e ilegales al gobierno mexiquense
por parte del gobierno federal, parte de las cuales sirvieron muy probablemente
a la campaña priista mexiquense. Pero hay más casos, o indicios firmes de más
casos, si bien las cantidades involucradas no son tan cuantiosas como las ya
descritas.
En el INE se
recibió en 2017 una denuncia que apuntaba a esa situación, pero el Consejo
General la desechó por votación dividida.
Esencialmente,
un ciudadano denunciaba una serie de transferencias del Ayuntamiento de
Cuautitlán Izcalli a empresas fantasmas, entre abril de 2016 y marzo de 2017,
lo cual constituía un supuesto entramado para hacer llegar a campañas políticas
financiamiento ilegal por al menos 50 millones de pesos.
La denuncia,
fechada el 10 de mayo de 2017, expone los siguientes hechos:
I. Existen al
menos tres dependencias del municipio de Cuautitlán Izcalli que, entre el 1º de
abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017, depositaron poco más de 67 millones de
pesos en la cuenta de una empresa de nombre AHMSA de México International,
S.A. de C.V., que tiene características de empresa fantasma.
1. El
ayuntamiento, cuyo presidente es el priista Víctor Manuel Estrada Garibay,
directamente depositó a través de una cuenta del Banco BBVA Bancomer a la
cuenta del AHMSA de México International 61 millones 967 mil 716 pesos.
2. El organismo
operador de agua potable en el municipio, operagua Izcalli O.P.D.M, cuyo
director general es Marck Oblio Rivera Aguilar, depositó a través de una cuenta
del Banco BBVA Bancomer 4 millones 500 mil pesos a la cuenta de AHMSA de México
International.
3. El Sistema
Municipal DIF Izcalli, a través de una cuenta del Banco BBVA Bancomer, depositó
a AHMSA de México International un millón 336 mil 177 90 pesos.
Se presume que
la empresa AHMSA de México International puede ser una empresa fantasma, entre
otros aspectos, por sus socios y por el manejo de su capital…
II. La empresa
Grupo Javomex International, S.A., con características de empresa fantasma,
recibió del municipio de Cuautitlán Izcalli casi 10 millones de pesos, de
manera indirecta de la siguiente forma:
III. Arturo
Arredondo Díaz concentra al menos 55 millones de todos los recursos a los que
se refiere la denuncia. Estos recursos los recibió entre noviembre de 2016 y
marzo de 2017 de dos empresas con características de empresas fantasma.
Arturo Arredondo
Díaz es un comerciante que tiene su domicilio en Boulevard de las Flores 320,
Villa de las Flores, primera sección en Coacalco de Berriozábal, Estado de
México. Se sabe que tiene cuentas en HSBC, en Citibanamex y en BBVA Bancomer.
A esas cuentas
en cinco meses llegaron recursos de AHMSA de México International, Grupo
Javomex International y de Juan Antonio Velasco Olvera, apoderado de AHMSA de
México International y socio mayoritario de Grupo Javomex International.
AHMSA de México
International le transfirió de su cuenta a Arturo Arredondo un primer depósito
por 22 millones 459 mil 830 pesos en HSBC. Posteriormente, hubo otra
transferencia por 26 millones 526 mil 541 28 pesos.
Grupo Javomex
International le transfirió a Arturo Arredondo Díaz 6 millones 717 mil 900
pesos.
La investigación
de las operaciones de Arturo Arredondo Díaz es fundamental porque él es quien
concentra los recursos, es el eje de la triangulación, pero es además quien los
dispersa.
IV. José Raúl
Forjas Otero recibió entre noviembre de 2016 y marzo de 2017 la cantidad de 10
millones 437 mil 800 pesos. La investigación del destino de estos recursos es
importante, pues se trata de un prestanombres que probablemente se encarga de alguna
zona electoral específica
V. Grupo Zorro
Abarrotero, con domicilio social en Ecatepec de Morelos, Estado de México,
tiene una cuenta en el banco HSBC en la cual recibió aproximadamente un millón
736 mil pesos de la empresa AHMSA de México International, y un millón 869 mil
500 pesos de Arturo Arredondo Díaz. Por su giro comercial, se presume que el
dinero recibido podría tener como destino la elaboración de despensas que
pudieran ser distribuidas durante las campañas electorales.
He querido hacer
esta prolija referencia a la denuncia presentada ante el INE, con la intención
de evidenciar que había suficiente información, datos, cuentas y domicilios
para investigar…
En su resolución
INE/CG287/2017, el Consejo General estimó que la denuncia se refiere al
presunto mal manejo de recursos públicos o privados que podrían estar siendo
utilizados para la compra de votos, así como para estructuras electorales
indeterminadas.
La verdad legal,
hasta inicios de 2018, es que no se acreditó la desviación de fondos públicos
de las arcas del ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli hacia alguna campaña
electoral Sin embargo, el quejoso envió también su documento a la FEPADE, pero
la destitución del fiscal Santiago Nieto Castillo, en octubre de 2017, cuando
estaba investigando el escándalo Odebrecht –al que me referiré en el siguiente
apartado–, arroja dudas sobre alguna investigación seria del affaire Cuautitlán
Izcalli por parte de la FEPADE.
En diciembre fue
nombrado nuevo titular de la fiscalía Héctor Díaz Santana, quien tiene el
desafío de investigar la vertiente electoral del caso Odebrecht y, además, el
financiamiento ilegal del PRI de Chihuahua por el gobierno federal, que cobró
actualidad días después de que tomó posesión.
¿Investigará el
nuevo titular de la FEPADE asuntos que involucran al presidente Peña Nieto y al
segundo hombre más importante de su gobierno, Luis Videgaray Caso?
Lo dudo, pero
hay que concederle el beneficio de la duda a Héctor Díaz Santana.
El
escándalo Odebrecht en México
México está
entre los países donde Odebrecht entregó sobornos y sobre las investigaciones
del escandaloso asunto, la PGR emitió el 13 de agosto de 2017 un comunicado…
En agosto de
2017 fueron divulgadas investigaciones periodísticas que arrojaron luces sobre
una parte de los sobornos entregados por Odebrecht en México. La principal
conclusión de ellas es que esa empresa brasileña pagó 10.5 millones de dólares
de sobornos a funcionarios de Pemex, en el periodo 2010-2014, y así lo ha
admitido Odebrecht, como lo señaló la PGR en su mencionado boletín de prensa.
La información
periodística, basada en las investigaciones de las autoridades brasileñas,
precisaron que Emilio Lozoya Austin, entonces integrante del equipo del
candidato Enrique Peña Nieto y luego director de Petróleos Mexicanos, recibió
al menos 3.1 millones de dólares en abril-junio de 2012, es decir, justo en el
periodo de la campaña presidencial mexicana.
¿Puede haber
dudas de que ese dinero entró a la campaña peñista, caracterizada por el
excesivo y fastuoso gasto que vimos en su momento todos los interesados en
estos temas, con excepción del IFE encabezado por Leonardo Valdés Zurita y el
TEPJF, presidido por Alejandro Luna Ramos?
Como escribí en
el diario Reforma el 23 de agosto de 2017, es pertinente preguntarse cuál fue
la posible responsabilidad del actual jefe de Estado en el escándalo Odebrecht
¿Puede un candidato presidencial no enterarse de una aportación de entre 3 y 4
millones de dólares a su campaña por parte de una empresa de origen extranjero?
En otros países,
Lozoya estaría ya detenido, y el presidente, tambaleante. No ocurre así en
México, donde reina la impunidad y el mandatario es casi inimputable. Habrá
quien opine que el gasto de la campaña presidencial priista de 2012 es cosa
juzgada, pero no debe soslayarse la existencia de hechos supervenientes que
hasta ahora son conocidos.
Si no fueron
destinados a la campaña presidencial, ¿cuál fue la razón para entregarle
millones de dólares a un miembro del equipo del entonces candidato Peña Nieto?
Suponiendo que el dinero de Odebrecht no hubiera tenido un destino proselitista
en medio de un proceso electoral presidencial, ¿a dónde fueron los millones de
dólares entregados en abril-junio de 2012? Otro ángulo es a dónde fueron los
otros millones suministrados presuntamente a Lozoya. ¿Fueron todos para él, los
compartió con alguien? ¿Es posible el otorgamiento de contratos a la empresa
benefactora con la sola voluntad del director de Pemex y sin conocimiento de su
jefe, el presidente?
Por todo lo
expuesto en este libro, las elecciones de 2017 en el Estado de México
constituyen un espejo anticipado de lo que puede ocurrir electoralmente en
2018. Un espejo ominoso que augura muy malos tiempos para la democracia
mexicana.
