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Juan C. I. P. (a) “Jorge Salinas”, acusado de un fraude de más de 400 mil pesos, fue liberado este jueves por el Juzgado Primero de Control, tras emitir la no vinculación a proceso debido a la insuficiencia de pruebas de los fiscales para acreditar el delito que se le imputaba.
El argumento del juez Antonio Bonilla Castañeda para emitir esta resolución fue que los fiscales no comprobaron que hubo engaño en la transacción, ya que la propia denunciante señaló que no utilizó la membresía que adquirió y, por ello, no se puede determinar si era válida o no.
Se estima que los defraudados son más de 400 personas, cuyo monto sería de unos 25 millones de pesos.
Como publicamos, el pasado 16 de marzo fue detenido Juan C. I. P. en cumplimiento de una orden de aprehensión expedida por el Juzgado Primero de Control de Mérida, por el delito de fraude de más de 400 mil pesos, ilícito denunciado por Silvia Beatriz Hernández Acosta.
Para lograr el arresto, los agentes de la Policía Estatal de Investigación ejecutaron una orden de cateo en una casa en una privada del norte de la capital yucateca.
Tras la imputación, el juez de control le decretó la prisión preventiva por el tiempo que durara el proceso en su contra, pero con la resolución de ayer recuperó su libertad y al término de la audiencia se retiró con sus abogados del Centro de Justicia Oral de Mérida, ante la inconformidad de una veintena de denunciantes que también lo acusan de fraude; las carpetas de investigación aún están en la Fiscalía.
De acuerdo con la información reunida en la causa penal 15/2018, los hechos ocurrieron en una agencia de viajes, donde el indiciado, quien fungía como apoderado legal de la empresa, presuntamente mediante engaños vendió a la querellante una membresía vacacional por más de 330 mil pesos y luego 102 mil pesos, obteniendo un lucro indebido.
En la audiencia de este jueves, el juez Bonilla Castañeda consideró que los fiscales sólo acreditaron que la denunciante entregó esas cantidades de dinero al acusado, pero no comprobó que hubo un engaño o error de parte de la afectada para poder tipificar el delito de fraude.
Señaló que en la exposición de la acusación, los fiscales y la propia denunciante señalaron que ésta no pudo utilizar esa membresía debido a cuestiones laborales. Por ello no se puede determinar si era válida o no, por lo que no se comprobó que hubo engaño por parte del acusado. Sipse
Algunas de las carpetas de investigación son: G1/73/17 de Ana Arceo, G1/50/17 de Emery Méndez, G1/218/17 de Leyla Carrillo, G1/210/17 de Rosa Martín, G1/254/17 de Tracy Figueroa, G1/252/17 de Silvia Garza, G1/255/17 de Elsy García, G1/256/17 de Lidia Gamboa, M2/3032/2016 de Claudia Ramírez Ojeda. Todas estas personas son asesoradas por el abogado Raúl Humberto del Espíritu Santo Ríos Covián Castilla.
