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Mor. (apro).- El Congreso local cerró su último periodo ordinario de sesiones con la aprobación de jubilaciones “doradas” para una serie de funcionarios y esposas de los propios legisladores, lo que ha sido el punto más cuestionado en esta legislatura por las medidas avaladas a lo largo de tres años.
Los votos de los grupos parlamentarios del PRD, el PAN, el PSD y Nueva Alianza fueron suficientes para dar luz verde a la jubilación de secretarios de despacho, exfuncionarios y hasta la esposa del secretario de Gobierno, quien no llega a los 40 años de edad y también es candidata a magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa.
Ninguno de los dictámenes de las jubilaciones fue leído en la sesión por “economía parlamentaria”, aunque la intención real era crear menos polémica con los legisladores de PRI, Partido Encuentro Social y Humanista, quienes se mantuvieron en contra de aprobar los millonarios retiros.
Entre los jubilados se encuentran: la secretaria de Educación de Graco Ramírez Garrido, Beatriz Ramírez Velázquez; el también secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna; el exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Fernando Pacheco Godínez; y el exdirector del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado (Indefom), Francisco Velázquez Adán, quien apenas hace cinco años empezó a laborar en la administración pública.
Además, el Congreso local jubiló a Anahí Bahena López, esposa del secretario de Gobierno de Graco Ramírez, Ángel Colín López; Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos del Legislativo; Denia Flores Sánchez, esposa del diputado perredista Francisco Navarrete Conde; Stephanie Guzón André, cuya edad no rebasa los 40 años y quien se desempeñaba como coordinadora general de Relaciones Públicas y Eventos Gubernamentales, con un sueldo superior a los 50 mil pesos, y Bertha Rodríguez Báez, exdiputada local y actual directora de Afiliación y Operación del Seguro Popular.
Aprueban venta de predio
Entre sus últimas decisiones, el Congreso local también aprobó la desincorporación del patrimonio público de un inmueble ubicado en Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (Civac), en el municipio conurbado de Jiutepec, que el gobierno de Graco Ramírez pretende vender a una empresa japonesa.
En el documento enviado al Legislativo por la Secretaría de Gobierno se establece la pretensión de vender el predio ubicado en la calle 21 Este sin número, lote 4, manzana 10, ubicado en Civac, Jiutepec, con la clave catastral 1400-03-010-001 y una superficie de 2 mil 525 metros cuadrados.
La actual Legislatura ha sido calificada como “la peor” de la historia de Morelos, pues no sólo permitió que el gobierno del estado la utilizara como instrumento de persecución política en contra de quienes consideraba sus enemigos, sino que tomó decisiones que han sido consideradas como retrocesos en la legislación local.
Por ejemplo, tomó parte fundamental en la guerra de Graco Ramírez contra el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo, alcalde de Cuernavaca y ahora gobernador electo de Morelos. En las últimas tres semanas de diciembre de 2016, el Legislativo armó tres distintos procesos para destituir a Blanco Bravo de la alcaldía de Cuernavaca.
También se puso del lado del mandatario estatal en el encontronazo que tuvo con el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, cuando éste denunció, junto con el poeta Javier Sicilia, las fosas de Tetelcingo y Jojutla.
Desde el Congreso morelense se armaron auditorías de las finanzas universitarias, además de que se aprobaron reformas legales con dedicatoria al académico.
La actual Legislatura fue reprobada por prácticamente todas las organizaciones civiles de la entidad, luego de que en marzo de 2017 se derogó el artículo 19 Bis de la Constitución, que tenía como base los mecanismos de Participación Ciudadana, entre ellos el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato. Y con ello se cerró la puerta a las iniciativas para echar de la gubernatura a Graco Ramírez.
Mor. (apro).- El Congreso local cerró su último periodo ordinario de sesiones con la aprobación de jubilaciones “doradas” para una serie de funcionarios y esposas de los propios legisladores, lo que ha sido el punto más cuestionado en esta legislatura por las medidas avaladas a lo largo de tres años.
Los votos de los grupos parlamentarios del PRD, el PAN, el PSD y Nueva Alianza fueron suficientes para dar luz verde a la jubilación de secretarios de despacho, exfuncionarios y hasta la esposa del secretario de Gobierno, quien no llega a los 40 años de edad y también es candidata a magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa.
Ninguno de los dictámenes de las jubilaciones fue leído en la sesión por “economía parlamentaria”, aunque la intención real era crear menos polémica con los legisladores de PRI, Partido Encuentro Social y Humanista, quienes se mantuvieron en contra de aprobar los millonarios retiros.
Entre los jubilados se encuentran: la secretaria de Educación de Graco Ramírez Garrido, Beatriz Ramírez Velázquez; el también secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna; el exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Fernando Pacheco Godínez; y el exdirector del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado (Indefom), Francisco Velázquez Adán, quien apenas hace cinco años empezó a laborar en la administración pública.
Además, el Congreso local jubiló a Anahí Bahena López, esposa del secretario de Gobierno de Graco Ramírez, Ángel Colín López; Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos del Legislativo; Denia Flores Sánchez, esposa del diputado perredista Francisco Navarrete Conde; Stephanie Guzón André, cuya edad no rebasa los 40 años y quien se desempeñaba como coordinadora general de Relaciones Públicas y Eventos Gubernamentales, con un sueldo superior a los 50 mil pesos, y Bertha Rodríguez Báez, exdiputada local y actual directora de Afiliación y Operación del Seguro Popular.
Aprueban venta de predio
Entre sus últimas decisiones, el Congreso local también aprobó la desincorporación del patrimonio público de un inmueble ubicado en Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (Civac), en el municipio conurbado de Jiutepec, que el gobierno de Graco Ramírez pretende vender a una empresa japonesa.
En el documento enviado al Legislativo por la Secretaría de Gobierno se establece la pretensión de vender el predio ubicado en la calle 21 Este sin número, lote 4, manzana 10, ubicado en Civac, Jiutepec, con la clave catastral 1400-03-010-001 y una superficie de 2 mil 525 metros cuadrados.
La actual Legislatura ha sido calificada como “la peor” de la historia de Morelos, pues no sólo permitió que el gobierno del estado la utilizara como instrumento de persecución política en contra de quienes consideraba sus enemigos, sino que tomó decisiones que han sido consideradas como retrocesos en la legislación local.
Por ejemplo, tomó parte fundamental en la guerra de Graco Ramírez contra el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo, alcalde de Cuernavaca y ahora gobernador electo de Morelos. En las últimas tres semanas de diciembre de 2016, el Legislativo armó tres distintos procesos para destituir a Blanco Bravo de la alcaldía de Cuernavaca.
También se puso del lado del mandatario estatal en el encontronazo que tuvo con el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, cuando éste denunció, junto con el poeta Javier Sicilia, las fosas de Tetelcingo y Jojutla.
Desde el Congreso morelense se armaron auditorías de las finanzas universitarias, además de que se aprobaron reformas legales con dedicatoria al académico.
La actual Legislatura fue reprobada por prácticamente todas las organizaciones civiles de la entidad, luego de que en marzo de 2017 se derogó el artículo 19 Bis de la Constitución, que tenía como base los mecanismos de Participación Ciudadana, entre ellos el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato. Y con ello se cerró la puerta a las iniciativas para echar de la gubernatura a Graco Ramírez.
