Si bien el Instituto Nacional Electoral (INE) fiscaliza a los partidos y los sanciona por las irregularidades encontradas en sus ingresos y gastos, el Órgano Interno de Control y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que vigilan al instituto, hallaron anomalías en la aplicación de recursos por parte de éste.
En adición, detectó un terreno comprado por el INE, con
valor de 1.57 millones de pesos, que no fue registrado, y el pago de 123 plazas
vinculadas con el proyecto específico Integración de Mesas Directivas de
Casillas y Capacitación Electoral 2018, adicionales a las originalmente
aprobadas.
“Los aspectos más relevantes identificados a través de la
función fiscalizadora de los resultados de la jornada electoral del 1 de julio
nos obligan a reconocer que, si bien el proceso electoral fue exitoso en cuanto
a sus resultados para consolidar la democracia, hay mucho por hacer para
afianzar la eficiencia y economía administrativa”, dice el Órgano de Control en
una de sus conclusiones.
En este sentido, la ASF puso 12 denuncias en contra de
servidores públicos del INE durante 2018 por realizar pagos por 1.4 millones de
pesos a siete prestadores de servicios contratados por honorarios, los cuales
no cumplieron con los requisitos académicos requeridos y no cumplieron con la
entrega de 401 mil 949 mil materiales electorales pagados por el instituto.
En tanto, el Órgano Interno inició 220 investigaciones de
oficio que se refieren a la omisión de presentar 56 declaraciones
patrimoniales, de las cuales 76 asuntos ya concluyeron y siguen en trámite 144.
En cuanto a responsabilidades administrativas, durante 2018
se acumularon 561 expedientes, de los cuales ya se dictaron 390 resoluciones
definitivas. Sólo en siete casos se impusieron inhabilitaciones de entre tres y
11 meses para igual número de servidores públicos.
El informe destaca que, en materia de procesos de
adquisiciones, el instituto tiene que avanzar en la consolidación del sistema
Compra INE y fortalecer las estrategias de estandarización de actividades,
capacitación y supervisión del personal que interviene en investigaciones de
mercado y adjudicaciones directas.
Lo anterior debido a que se advierte que el INE continúa
“adjudicando contratos con base en una cuestionable asignación de puntos en las
evaluaciones técnicas; así como, limitando la libre participación de licitantes
en los procesos de contratación”.
Excélsior
