La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán inició
una queja de oficio por el fallecimiento de una persona en la cárcel
municipal de Tekantó, el cual se dio a conocer en diversos medios de
comunicación.
En reiteradas ocasiones, la Codhey ha señalado que el 68% de
las 106 cárceles municipales de Yucatán aún no cumple con las condiciones
mínimas que deben prevalecer en los centros de detención, tanto en
infraestructura como en procedimientos, dejando en estado de indefensión los
derechos de los arrestados.
La Codhey ha reiterado que para prevenir suicidios o que las
personas pongan en riesgo su integridad, es necesario contar con vigilancia
permanente de los detenidos a fin de que pueda advertirse a tiempo alguna
situación que comprometa su salud.
Es preciso puntualizar que, desvestir a los arrestados en el
momento de su ingreso a las celdas, que va desde el retiro de la camisa hasta
el despojo total de la ropa, -incluyendo la interior en algunos casos-, con la
justificación de prevenir suicidios de las personas que se encuentran altamente
intoxicadas, es una práctica violatoria de derechos humanos constante.
La Codhey reitera que las personas detenidas quedan bajo la
responsabilidad de la autoridad que ejecuta la acción, por lo que alguna acto u
omisión de los funcionarios encargados, debe ser investigada por las
autoridades competentes.
De nueva cuenta, se hace un llamado a las autoridades municipales al mejoramiento de las cárceles así como los procedimientos que se realizan en las mismas, que más que de recursos económicos, requiere de la voluntad para respetar y garantizar la vida e integridad de las personas que se encuentran detenidas.
