México.- Este sábado se cumplen 3 meses desde que México alcanzó un acuerdo con Estados Unidos que lo forzó a endurecer su política migratoria para evitar una probable guerra comercial con el país vecino, con algunas medidas muy criticadas como el despliegue de militares en las fronteras.
La implementación de todas las medidas en su conjunto ha traído consigo una reducción del flujo migratorio del orden del 56 % entre principios de junio y agosto", publicitó este viernes el canciller de México, Marcelo Ebrard, desde el Palacio Nacional.
De ese porcentaje, un tercio son ciudadanos mexicanos y el resto centroamericanos, protagonista mayoritarios de esta suerte de éxodo desde finales de 2018, cuando empezaron a llegar caravanas a México.
Según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), en el periodo de enero a septiembre, México deportó a 106.552 indocumentados.
La cifra aumentó sustancialmente a partir de junio, mes que batió récords al cerrar con 21.912 deportados.
En los tres meses desde la firma del acuerdo se han deportado 52.705 extranjeros, una cifra solo un poco inferior a los 53.847 deportados en los cinco primeros meses del año.
A esperas de una reunión el 10 de septiembre en la que Estados Unidos dé su veredicto sobre el acuerdo del 7 de junio, las cifras hablan por sí solas y la nueva política migratoria de México supone un giro de casi 180 % frente a la visión anterior del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cosechando fuertes críticas.
LA MILITARIZACIÓN DE LAS FRONTERAS
La Guardia Nacional -un nuevo cuerpo militar impulsado por el Ejecutivo- se desplegó por las fronteras sur y norte a mediados de junio, unas semanas antes de que entrara formalmente en operaciones este nuevo cuerpo conformado por militares, marinos y policías, el 30 de junio.
Su misión desde entonces ha sido estar ojo avizor a las carreteras por las que miles de migrantes serpentean México buscando llegar a Estados Unidos. Al mismo tiempo, unos 825 nuevos agentes migratorios se incorporaron al Instituto Nacional de Migración (INM).
Sobre México ha pesado la sombra de la violación de derechos humanos por parte de la Guardia Nacional y otras fuerzas estatales y federales.
El 1 de agosto se registró la muerte de un hondureño por disparos de agentes policiales de Coahuila, en el norte del país, en un caso que se está investigando y que llegó a lamentar el presidente de México.
Además, se han producido situaciones aisladas como enfrentamientos con migrantes en la estación migratoria Siglo XXI, en la localidad de Tapachula del estado suroriental de Chiapas, que han detonado las críticas de organizaciones internacionales.
Marcelo Ebrard se defendió este viernes de esas acusaciones apelando a los datos. "El promedio de quejas respecto al instituto de migración es entre 185 y 200 al mes, la Guardia Nacional tiene 7 (quejas) en estos momentos", esgrimió.
E insistió en el discurso humanista de que el Gobierno está velando por la seguridad de los migrantes, incidiendo en que estos se exponen al cruzar México a peligros como el tráfico de personas.
El investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Raúl Benítez dijo este sábado a Efe que "desplegar a la Guardia Nacional en las autopistas y así reducir el flujo de los migrantes ha sido bueno para golpear al crimen organizado".
Pero criticó el trato recibido por los migrantes. "Se les está persiguiendo y son seres humanos que no cometen ningún delito", apuntó después, incidiendo en que la Guardia Nacional ha hecho lo posible por "no transmitir una imagen de represión".
Por su parte, la coordinadora del programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana, Mariana Zaragoza, explicó a Efe que los últimos meses han sido el reflejo de una "política migratoria restrictiva y agresiva para la población migrante".
Y aunque el Gobierno mexicano ha sido el brazo ejecutor, para Zaragoza, las órdenes vienen del vecino del norte.
Estos tres meses son la reafirmación de una política migratoria impuesta por el Gobierno de Estados Unidos y aceptada por el Gobierno de México y es un periodo en el que se ha reafirmado la criminalización y el incremento de la xenofobia" hacia los migrantes centroamericanos, apuntó.
La experta ve xenofobia en las reacciones que se vieron "tanto en medios como en redes sociales" desde que a finales de 2018 empezaron a llegar las caravanas de migrantes, en su mayoría centroamericanos, que buscaban llegar a Estados Unidos.
A esta animadversión se unió la política migratoria iniciada el 7 de junio, la cual, a juicio de Zaragoza, "legitima" la xenofobia.
"Construir una imagen negativa de rechazo y de odio a la población migrante que entra a México por la frontera sur ha provocado una desmovilización de la solidaridad", sentenció.
DESACTIVACIÓN ARANCELARIA
A pocos días del examen de la Casa Blanca, para el canciller Ebrard se logró una "estrategia exitosa" que aleja los fantasmas de una fatídica imposición de aranceles para México, que destina a Estados Unidos cerca del 80 % de sus ventas en el extranjero.
López Obrador también aprovechó su conferencia matutina del viernes para declarar que México "ha hecho un trabajo de primer orden" e insistió en que buscan con el vecino del norte "una relación de amistad, cooperación y desarrollo".
En esto coinciden ambos expertos, quienes ven poco probable que Estados Unidos vuelva a amenazar a México con imponer aranceles.
En los últimos meses, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha estado en son de paz.
Bien porque está contento con el trabajo realizado por México, o bien porque su guerra comercial con China -su principal socio junto a México- le ha mantenido ocupado.
Según Benítez, "Estados Unidos no puede tener dos frentes abiertos con sus dos socios comerciales más importantes".
EFE.
