Este lunes fue presentada una denuncia en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos, por colocar a familiares y amigos en puestos en el gobierno del Estado y con sueldos de hasta 60 mil pesos.
Roberto Soto Castor, abogado postulante y ex colaborador de Graco Ramírez, acudió a las instalaciones de la la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, situada en la colonia Estrada Cajigal en el municipio de Cuernavaca, para iniciar el procedimiento legal.
La denuncia fue presentada por el delito de ejercicio abusivo de funciones por parte del mandatario, luego de que se revelara información, en el diario Reforma, sobre los familiares y amigos que trabajan y cobran en la estructura del gobierno de Morelos.
Entre ellos figuran su cuñada Liu León Luna, esposa de su hermano Ulises Bravo, quien funge como representante del ejecutivo estatal en la Ciudad de México; Carlos Juárez López y Jaime Juárez López, tíos del hermano del gobernador, quienes laboran el primero como coordinador en la Oficina de la Gubernatura y el segundo como director de Administración en la Comisión Estatal del Agua, con salarios de 60 y 45 mil pesos, respectivamente.
A la lista se suman Armando Shajid Bravo López, a quien labora como director general en la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Morelos, con un sueldo de 60 mil pesos mensuales; Baltazar Jonathan Alegría Mejía, amigo cercano a Cuauhtémoc y funge como director general de Infraestructura Social y Atención de Asuntos Indígenas, Migrantes y Grupos Vulnerables de la Secretaría de Desarrollo Social.
El también exsecretario ejecutivo de enlace para asuntos de justicia penal, detalló que la denuncia se basa en el Código Penal de Morelos en el Artículo 276.
“Artículo 276.- Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones, el servidor público que: I. En el desempeño de su empleo, cargo o comisión… realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o por afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte…”
El código penal establece sanciones de prisión y de carácter económicos.
El esposo de la exdiputada perredista Hortencia Figueroa Peralta indicó que estarán atentos de que la Fiscalía Anticorrupción recabe todas las evidencias necesarias y destacó que en este nuevo sistema de justicia, si el Ministerio Público se niega a recabar una prueba se puede recurrir ante los jueces de control.
Una vez que se arme la carpeta de investigación debe pasar al Congreso del Estado para que analice si procede o no la acusación.
Al preguntarle ¿No se trata de revanchismo políticos?
El exfuncionario del gobierno graquista respondió: “yo no soy defensor de Graco Ramírez, yo creo que sí es diferente esta carpeta de investigación, nosotros creemos que sí se configura un delito y se cumplen los requisitos legales”.
