La Policía de Nicaragua encerró a un párroco con mal crónico
en su propio templo, en cuyo interior 11 mujeres realizan huelga de hambre en
protesta por la encarcelación de sus hijos, considerados presos políticos, en
medio de la crisis sociopolítica del país centroamericano.
El padre Edwin Román, quien sufre diabetes crónica y
necesita sus medicamentos y alimentos, cumplió ayer 24 horas sin poder salir de
su parroquia, en la ciudad de Masaya (Pacífico), debido a que el templo, al que
el Gobierno cortó el suministro de agua y luz, se encuentra sitiado por la
Policía Nacional de Nicaragua.
“Estamos de rehenes, yo no puedo ni salir para mi comida,
necesito mis medicamentos, yo soy un hombre diabético”, gritó a periodistas el
sacerdote, entre las rejas de una de las ventanas de la parroquia.
La policía nicaragüense mantiene un cerco de hasta 300
metros a la redonda de la iglesia, donde se encuentra el padre con 10 madres de
presos políticos y una opositora en huelga de hambre, dos opositores
excarcelados y un empleado del templo.
Un grupo de trece personas que intentó llevar agua a la
parroquia fue capturado por la Policía y trasladado a la cárcel “El Chipote”,
en Managua, denunciada como centro de torturas del gobierno del Daniel Ortega.
La Policía también bloqueó el paso en la carretera a
representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que se
dirigían de Managua a Masaya a conocer la situación en la parroquia.
Efectivos policiales también rodearon las sedes de la Radio
Corporación y Canal 10, dos de los medios independientes con mayor audiencia en
Nicaragua.
Los agentes no impidieron que un civil arrebatara y rompiera
el móvil desde el que una periodista del diario La Prensa, también
independiente, transmitía las declaraciones del padre Román.
El cardenal Leopoldo Brenes y el clero arquidiocesano de
Managua, que abarca a Masaya, emitieron un comunicado en el condenaron y
lamentaron el asedio e intimidación que sufre el padre Edwin Román y fieles,
por la Policía Nacional.
El clero también llamó a las autoridades policiales a
respetar la libre movilización según el artículo 54 de la Constitución Política
de Nicaragua y el ejercicio de la libertad religiosa que: “es fundamento y
garantía de todas las demás libertades de las personas y de los pueblos”.
La Arquidiócesis de Managua manifestó “su total respaldo a
la labor humanitaria, propia de la Iglesia y que han venido realizando el Padre
Edwin Román y demás sacerdotes desde que se generó la crisis social y política
en abril del 2018”.
Las acciones humanitarias de la Iglesia católica han causado
molestias en el gobierno del presidente Ortega, quien sostiene que los
sacerdotes nicaragüenses son “golpistas”.
En medio de la crisis, la mayoría de párrocos y obispos de
Nicaragua han abierto sus puertas a manifestantes antigubernamentales
perseguidos por policías y paramilitares, con lo que han salvado cientos de
vidas en casi 19 meses.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
que condenó el sitio policial, ha informado de al menos 328 personas han muerto
desde el inicio de la crisis, aunque organizaciones locales cuentan hasta 651,
mientras el gobierno admite 200 y alega defenderse de un supuesto intento de
“golpe de Estado”.
La CIDH ha responsabilizado al gobierno de la violencia, y lo ha responsabilizado por crímenes “de lesa humanidad”, referencias en las que ha coincidido la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (CIDH).
