El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, planteará reformas a la Constitución y a la Ley de Amparo con el fin de evitar que obras públicas del gobierno federal sean frenadas a través de amparos judiciales.
En un comunicado, el también titular de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta (Jucopo) sostuvo que propondrá la adición de un párrafo al Artículo 25 de la Constitución a través del cual se establecería que cualquier proyecto de obra pública e infraestructura en distintas áreas estratégicas sean protegidos constitucionalmente.
La iniciativa de reforma contempla como susceptibles de protección constitucional las obras públicas en materias de educación, salud, medio ambiente, seguridad pública, seguridad nacional, penitenciaria, comunicaciones, transportes, hidráulica, energética y turística.
Sin embargo, la propuesta también establece que las obras públicas de “cualquier otra rama o servicio público que impacten directamente en el bienestar de las personas, así como en el goce y ejercicio de sus derechos humanos”, serían protegidos constitucionalmente.
Monreal también planteará cambios al Artículo 129 de la Ley de Amparo que establecerían como causal de improcedencia de una suspensión si esta medida resulta en la interrupción de la ejecución de proyectos de obra pública e infraestructura en las mismas materias que quedarían protegidas a través de la propuesta de reforma constitucional.
A través del área de Comunicación Social de la oficina de Monreal se informó que “posiblemente” el legislador presente sus iniciativas de reforma esta semana ante la Comisión Permanente.
“La propuesta es acorde con los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, al otorgar preeminencia al interés colectivo respecto de intereses particulares, precisamente en obras que por su naturaleza no deben suspenderse, so pena de un grave perjuicio a la sociedad y la afectación al desarrollo económico nacional”, dice el comunicado.
Las propuestas de reforma que serán promovidas por Monreal se dan luego de que colectivos compuestos por organizaciones civiles buscaron frenar el año pasado el proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL).
La construcción del aeropuerto arrancó oficialmente en octubre del año pasado luego de que el gobierno federal argumentó ante los tribunales que el proyecto era una obra de seguridad nacional.
El 17 de octubre, en el evento de banderazo a las obras de construcción del aeropuerto, Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la presidencia, destacó que el gobierno federal superó los obstáculos legales planteados contra el proyecto.
“Para desagraviarnos, para superar alevosos impedimentos legaloides, se obtuvo la mayor de las victorias en beneficio de la mayoría de la población,” dijo Scherer Ibarra en el acto.
La construcción del AISL fue planteada por López Obrador como alternativa al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), que fue cancelado por el actual gobierno bajo el argumento de que era costoso y su edificación técnicamente inviable.
