El presidente Donald Trump asegura que es el jefe
de policía del país, pero ese título por lo general se le asigna al secretario
de Justicia.
Incluso el sitio web de la Casa Blanca está a favor del
secretario de Justicia, al que describe como el "principal funcionario
policial dentro del gobierno federal".
Pero la declaración del presidente es acorde al punto de
vista sobre el poder ejecutivo que Trump y sus partidarios han adoptado desde
que asumió la presidencia en 2017. Y algunos expertos legales conservadores
creen que Trump está en lo correcto, pero que la mejor política publica es
mantener el ejercicio de la ley a distancia.
Varios funcionarios del presidente Barack Obama que
permanecieron en sus cargos, describieron las afirmaciones de Trump como
peligrosas y legalmente erróneas.
Desde que el juicio político en el Senado finalizó con su
absolución, Trump ha pedido clemencia para su confidente convicto Roger Stone,
ha despedido a testigos que participaron en la investigación de juicio
político, atacó verbalmente a un juez federal y se quejó de que un jurado que
votó para condenar a Stone había sido influenciado.
El mandatario ha negado haber intervenido para obligar al
Departamento de Justicia a retirar una sentencia recomendada de siete a nueve
años de prisión para Stone. El secretario de Justicia William Barr ha
respaldado las declaraciones de Trump, y afirma que no consultó con el
presidente antes de ordenar que se pidiera una condena menor.
Pero Trump dijo que no habría hecho nada malo si hubiera
intervenido. "Tengo permitido de estar involucrado totalmente. De hecho,
supongo, soy el principal funcionario policial del país. Pero preferí no
involucrarme", dijo el martes a los reporteros.
En esencia, es el mismo mensaje que los abogados de
Trump enviaron al fiscal especial Robert Mueller en enero de 2018, cuando
se ofrecieron a responder por escrito a las preguntas de Mueller al presidente
sobre una posible obstrucción en la investigación de la interferencia rusa en
las elecciones de 2016.
"Nuestra postura sigue siendo que las acciones del
presidente, en virtud de su cargo como el principal funcionario policial, no
pude representar, ni constitucional ni legalmente, una obstrucción, porque eso
significaría obstruirse a sí mismo, y que podría, si quisiera, poner fin a la
investigación, o incluso ejercer su poder de indulto si así lo quisiera",
escribió el abogado de Trump, John Dowd.
John Yoo, profesor en la facultad de derecho de la
Universidad de California campus Berkeley y abogado del Departamento de
Justicia durante el gobierno del presidente George W. Bush, dijo que la
constitución le otorga al presidente el poder que Trump asegura tener.
"Pero aunque el presidente, constitucionalmente, está a
cargo, como cuestión de política, los presidentes se han mantenido a distancia
del ejercicio de la ley. La neutralidad en ese sentido es importante si el
gobierno quiere credibilidad e integridad para convencer a jueces y jurados,
quienes son los que a fin de cuentas dictan el veredicto", escribió Yoo en
un correo electrónico.
Josh Blackman, profesor de la Escuela de Leyes de South
Texas, estuvo de acuerdo con Yoo sobre la autoridad de Trump en procesos
penales. "El presidente puede delegar dicha autoridad al secretario de
Justicia, pero a fin de cuentas el presidente tiene la decisión final", dijo
Blackman en un email.
Sin embargo, los actos más recientes de Trump fueron
condenados por más de 2.400 exfuncionarios del Departamento de Justicia que
trabajaron en gobiernos demócratas y republicanos. En una carta abierta,
señalaron que el libro de reglas de la dependencia para sus abogados exige
decisiones imparciales aisladas de cualquier influencia política.
Fuente: AP
