Sí, el gobernador de Baja California por Morena se irá el 31 de octubre de 2021 y no el 31 de octubre de 2024 como pretendió. Así lo determinó por unanimidad el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en sesión virtual declaró inválida la llamada "Ley Bonilla" por lo que el artículo ocho transitorio de la legislación estatal se mantendrá como estaba y no aplicará los cambios que avaló el Congreso estatal para extender el mandato del gobernador de dos a cinco años, cuando el voto de los bajacalifornianos fue para gobernar solo por dos.
Durante las once exposiciones de los ministros -incluida la del ministro ponente Fernando Franco-, el polémico caso pasó por todo tipo de adjetivos: inconstitucional, fraude, falta de compromiso, reelección, simulación, abuso de poder, una afrenta, un atropello, pues todos coincidieron en que, en esencia, la "Ley Bonilla" violó el principio de certeza electoral alterando de manera post electoral, los resultados de la elección estatal.
El ministro ponente Fernando Franco (felicitado ampliamente por el proyecto presentado), argumentó que fue inconstitucional el hecho de que el gobernador Bonilla determinara ampliar de dos a cinco, su mandato "la duración de los cargos de elección es determinante en el voto", expuso, "no se limita a decir quién debe gobernar sino también por cuánto tiempo (...) Hay un límite temporal porque el electorado necesita certidumbre sobre lo que está votando... Cualquier modificación al límite de los cargos debe hacerse previo a la elección", afirmó.
El presidente de la Corte, ministro Arturo Zaldívar, resumió el sentido de su voto con las siguientes frases. "Coincido con todas las violaciones constitucionales que se exponen... Lo sucedido es un fraude a la constitución y sistema democrático bajo la apariencia de que el gobernador estaba haciendo uso de sus funciones... El Congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral".
La ministra Margarita Ríos-Farjat apuntó que "hay una falta de compromiso con la Constitución local y federal (...) Es indignante la ley aquí impugnada (...) Es institucional el mandato del Congreso local para ampliar el cargo del gobernador".
El ministro Luis María Aguilar dijo que la libertad de los Congresos locales no debe estar por encima de los postulados de la Constitución federal. "Prorrogar desde el poder político su mandato (...) se convertiría en una reelección disfrazada ignorando al elector (...) Permitirlo, sería una simulación", señaló.
La ministra Norma Piña destacó que lo sucedido en Baja California fue un abuso de poder, "un poder político local violenta los principios constitucionales y derechos de los ciudadanos (...) Cuando los gobernantes presionan a sus representados, es una afrenta contra la democracia y su Constitución".
La ministra Yazmín Esquivel señaló que "la Constitución se debe respetar antes que cualquier premisa política". Mientras que el ministro Juan Luis González Alcántara advirtió que La Ley Bonilla es un atropello al derecho de la ciudadanía, pues cambió la voluntad de los electores expresada en las urnas.
A su vez, el ministro Alfredo Gutiérrez resumió que la Ley Bonilla ataca el corazón del sistema democrático, esencial en un sistema de pesos y contrapesos. "Atropella el derecho al sufragio libre y universal que afecta el sentido del voto en las urnas".
Por su parte el ministro Pérez Dayan señaló que un congreso local no debe estar por encima del electorado. "El congreso local provocó la modificación de este cargo... Los representados deben confiar en que sus representantes hagan lo que les corresponde... Y no que el congreso alcance lo contrario a lo que la mayoría decidió".
La sesión duró dos horas. Al momento el gobernador Bonilla no se ha pronunciado al respecto, pues en su cuenta de Twitter -desde el mediodía-, solo ha emitido información estatal relacionada al coronavirus.
GERMÁN MARTÍNEZ PIDE INDAGAR A DIPUTADOS
El senador morenista Germán Martinez Cázares indicó que el intento de ampliación del mandato del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, no debe quedar impune y debe abrirse una investigación de carácter penal a todos los diputados que aprobaron la reforma, dijo.
Los ministros no obedecen los caprichos del presidente Andrés Manuel López Obrador ni de Morena, sostuvo.
"Las palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia de 'efecto corruptor constitucional', de 'fraude a la Constitución', son palabras muy graves que deben tener consecuencias penales, deben tener consecuencias de investigación criminal, porque aquella reforma se hizo en medio de acusaciones de trasiego de dólares y de corrupción en metálico; entonces, la consecuencia de esta resolución es que debe exigirse la investigación de los diputados de todos los partidos que aprobaron ese efecto corruptor constitucional, ese fraude a la Constitución", sostuvo.
"No se robaron un lápiz, se intentaron robar la voluntad de los bajacalifornianos. Bonilla será gobernador por dos años y faltan las consecuencias penales".
Y otra cosa, dijo:
?"La oposición tiene que tragarse sus palabras. Cuando se sustituyeron a ministros y acusaron a Morena de querer una Corte a modo, ahora se tendrán que tragar sus palabras. Nada de que cuando gano es buena la Corte y cuando pierdo es mala. La Corte dio una muestra de imparcialidad frente a Morena".
OPOSICIÓN EXIGÍA INVALIDAR LEY BONILLA
Ante este panorama, los partidos de oposición demandaban a la SCJN invalidar la llamada Ley Bonilla, que amplía de dos a cinco el mandato Jaime Bonilla.
Ángel Ávila, dirigente del PRD, pidió a la Corte invalidar la modificación al artículo octavo transitorio de la Constitución estatal y defender con ello la democracia y a las instituciones.
El perredista pide a los 11 Ministros actuar con independencia, imparcialidad y autonomía este lunes, cuando discutirán la llamada Ley Bonilla.
El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, llama a invalidar la ampliación de mandato de Bonilla, ya que avalarlo abriría la puerta al autoritarismo y dejaría un precedente irreparable que quitaría certeza a los procesos electorales.
"Hacemos un llamado a mirar en favor de los bajacalifornianos y de sus derechos políticos, que ya dejaron claro en las urnas su voto para que el Gobernador de Baja California sólo gobierne por dos años", indicó.
Mientras que Movimiento Ciudadano indicó que la resolución de la SCJN sobre la Ley Bonilla debe reafirmar el orden constitucional y una gubernatura de dos años para Baja California.
La Corte debe ser un muro de contención contra la aspiración antidemocrática de Morena, toda vez que la intención de incrementar en tres años el periodo del actual Gobernador violenta los principios democráticos y la voluntad del pueblo de dicha entidad.
