Baja California. Cientos de personas del poblado de San Quintín se manifestaron ante la única delegación del Ministerio Público que hay en esa comunidad, en el sur de Ensenada, para exigir la renuncia del personal que no pudo garantizar la integridad de Lucero Rubí, asesinada el jueves pasado por Pedro Martínez Castro, su expareja, quien ya había sido denunciado por golpearla, abusar de ella y privarla de su libertad.
Karen Ojeda Huerta, hermana de Lucero, cuenta que hace dos semanas Pedro se la llevó por la fuerza. La mantuvo en una playa en contra de su voluntad y le metió una pistola en la boca. Le advirtió que la iba a matar y luego él se iba a suicidar, y lo cumplió.
Recuerda que su hermana le describió cómo sostenía la pistola mientras le decía que, luego de matarla, él se iba a disparar también, que no se preocupara por el hijo de ambos (de siete años) porque los padres de ella se iban a encargar de cuidarlo, que no tuviera pendiente, pues ya tenía todo arreglado.
Esa vez Lucero escapó y denunció a Pedro ante el Ministerio Público por segunda ocasión, la primera fue años antes por violencia doméstica.
El fin de semana pasado, siete jóvenes fueron detenidos por supuestamente pintar con grafiti tres negocios y duraron más de 24 horas encerrados.
Ellos estuvieron presos más tiempo que Pedro, acusado de haber privado de la libertad a su expareja, haberle metido un arma en la boca y amenazarla de muerte.
“Las autoridades debieron haber intervenido. Ella iba golpeada, abusó de ella, todo eso estaba en el reporte. ¿Y ellos qué hicieron? Fue la familia de él y pagaron la fianza, no duró [detenido] ni horas”, lamentó Karen.
Lucero Rubí trabajaba como enfermera en la Jurisdicción de Servicios de Salud en Vicente Guerrero y, de acuerdo con testigos, el 24 de septiembre Pedro entró al centro médico disfrazado de enfermero, aprovechando el cambio de turno.
Dentro, encontró a Lucero y le disparó, luego se encerró en el baño y se suicidó. Un día antes, ella se había presentado en las oficinas del Ministerio Público para conocer el avance de la investigación en contra de su expareja: no la atendieron por la contingencia del Covid-19, le explicaron.
A cinco días de su asesinato, su familia, amigos, vecinos y pobladores consternados marcharon en caravana. Primero en sus carros, algunos caminaron, pero todos se concentraron en las oficinas del Ministerio Público para exigir un freno a la violencia de género y resultados en las investigaciones.
También exigieron la renuncia del personal que pudo haber evitado este feminicidio y optó por no actuar.
“¡Justicia para ti, es justicia para mí!, ¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”, fueron parte de las consignas que gritaron mujeres y colectivos femistas frente a la oficina de la fiscalía en San Quintín, durante la marcha realizada el lunes.
